La forma y el fondo en la deuda autonómica
Es lamentable que la reforma de la financiación solo vaya a acometerse por las necesidades aritméticas de una investidura y las reivindicaciones independentistas
La condonación de parte de la deuda contraída por las autonomías por el FLA, medida pactada en este caso con ERC para blindar la investidura de Pedro Sánchez, tiene más de forma que de fondo, nada nuevo, por otra parte, en el debate territorial español. Cataluña tuvo que ser rescatada por el Estado en lo peor de la crisis financiera ante su incapacidad para financiar en los mercados tanto la deuda ya emitida (que aun conocida como deuda patriótica, pagaba un elevado interés) como para cubrir gastos en un contexto de hundimiento de los ingresos. Era la decisión obvia, y la acertada.
Más allá de que este hecho haya sido olvidado por el independentismo durante el procés, y más allá de la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, la deuda catalana no solamente está legalmente respaldada por el Estado, sino que de facto está mutualizada. El Govern (como el de otras comunidades) no tiene acceso a los mercados, ni lo tendrá en un futuro cercano. Debe convencer al inversor de que no está en sus planes emprender aventuras unilaterales y financieramente suicidas. También de que pagará sus deudas y de que no merece pagar por estas un interés más de medio punto superior al del Tesoro. Una limitación legal que protege a las autonomías de endeudarse a tipos excesivos. En realidad, la deuda catalana es española, y la condonación es un cambio de asiento contable que tiene, eso sí, un nombre que suena reivindicativo.
En todo caso, esa realidad no oculta el riesgo moral que supone relativizar la gestión de las comunidades autónomas y mandar a los políticos el mensaje de que el Estado siempre está detrás ante cualquier vicisitud para ejercer de cancerbero. La dialéctica perversa establecida entre quienes justifican las ingentes deudas generadas por el déficit de ingresos recogido en el modelo de financiación autónomica y quienes, por otra parte, apuntan sin matices a la gestión, debería encontrar un punto de equilibrio.
El modelo de financiación autonómica, uno de los grandes agujeros negros de la pasada legislatura, pide a gritos una actualización. Es lamentable que esta solo vaya a acometerse por las necesidades aritméticas de una investidura y a lomos de las reivindicaciones de los partidos independentistas. Por ejemplo, reclaman con razón las comunidades que han hecho los deberes que la condonación no vaya en función de porcentajes, lo que beneficiaria a los más manirrotos y con mayor volumen de deuda. Demasiados apriorismos y recelos para una vuelta de tuerca necesaria.
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