La cuestionada independencia de la Agencia Tributaria
Si prospera la reforma de las oposiciones al cuerpo de funcionarios, estas servirán a los intereses del Gobierno de turno
La Agencia estatal de Administración Tributaria (AEAT) gestiona los impuestos y tributos en todo el territorio español, y constituye, sin duda alguna, uno de los ejemplos de Administración Tributaria más avanzado y moderno del mundo. Poniendo el énfasis en la función de independencia que debería regir sus actuaciones, permítanme enumerarles solo algunos de los intentos de politización que se han dado a lo largo de los años.
En 1997 me dieron la orden de “guardar en el cajón” varios expedientes de amigos de políticos importantes, una negativa que tuvo al principio consecuencias graves para los inspectores responsables de tramitar dichos expedientes, si bien, todas las represalias fueron anuladas después por sentencias de los tribunales.
En 2007, con ocasión de la aprobación del Reglamento de Aplicación de los Tributos, se intentó incluir un artículo para que las actas de disconformidad “más delicadas” se enviaran previamente al Ministerio para tener su visto bueno. Como sabíamos que, de aprobarse dicha norma, supondría la politización total de la Inspección, nuestra asociación opuso una resistencia feroz, logrando eliminar dicho precepto del reglamento finalmente aprobado.
En 2013, el ministro de Hacienda dio información en el Congreso de los Diputados sobre la situación tributaria del tesorero de un partido político. Otro ministro diferente aportó también datos sobre las declaraciones de renta de otro antiguo ministro implicado en casos de corrupción. Es obvio que, en ambas situaciones, esa información salió de la propia AEAT, lo que era una clara violación del carácter reservado que establece Ley General Tributaria.
Situaciones como las anteriores, producidas bajo el mandato de Gobiernos de diferente signo político, son ejemplos de que los políticos creen que la Administración Pública es de su propiedad y pueden hacer lo que quieran, sin aceptar normas que le impongan límites a su poder. Es bueno recordarles que el artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, y la Administración civil y militar, pero no es su dueño y no puede hacer lo que quiera.
En el caso de la AEAT, los inspectores llevamos años proponiendo, de forma machacona, la aprobación del Estatuto de la AEAT, en el que figure que el nombramiento del director de la AEAT sea efectuado por el Parlamento y por un plazo de cinco años. Consideramos dicha medida necesaria para dotarla de independencia, algo a lo que ningún partido político está dispuesto, ya que supone renunciar a una parcela de poder muy importante. En la oposición todos lo ven razonable, pero ninguno lo hace al llegar al Gobierno.
Desde 2021 se está produciendo un asalto en toda regla a la independencia y profesionalidad de los funcionarios de la Administración, basada en pilares que se han ido construyendo durante más de 100 años, y que garantiza, como señala el artículo 103 de la Constitución, que la Administración Pública sirva con objetividad los intereses generales. Desde luego, de prosperar las reformas pretendidas, estas servirán con subjetividad a los intereses del Gobierno de turno.
Este asalto a la Administración, inédito hasta ahora, pretende modificar los sistemas de acceso de las oposiciones –basándose en exámenes tipo test y una entrevista–, el ascenso mediante la promoción interna –por mera antigüedad y sin exámenes–, y la incorporación masiva de interinos, unas personas que no han superado las correspondientes oposiciones, incumpliendo los principios constitucionales de mérito y capacidad.
Es obvio que las medidas anteriores desprofesionalizarán la Administración, y los nuevos funcionarios no tendrán los conocimientos necesarios, que, en el caso de los inspectores, se logran aprobando unas exigentes oposiciones y haciendo posteriormente un curso de formación de un año de duración.
Respecto de este tema, recordemos que la ley de creación de la AEAT establece un régimen jurídico propio, en el que se incluye que “la Agencia elaborará y aprobará de forma automática su oferta de empleo público y el régimen de acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades que se le adscriben, incluidos los requisitos y características de las pruebas para acceder a los mismos de acuerdo con sus necesidades operativas, las vacantes existentes en su relación de puestos de trabajo y sus disponibilidades presupuestarias”.
Pues bien, a pesar de la independencia reconocida en su ley de creación, la AEAT no se libra de este asalto a la Administración por parte del Gobierno actual.
Dentro de unos días se publicará la próxima convocatoria de las oposiciones de inspectores de Hacienda, en la que figurará la elaboración de una lista de interinos, incumpliendo la normativa vigente, que establece que las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas, como es el caso de la inspección, tienen que ser ejercidas por funcionarios de carrera, y no por interinos. Es posible, por tanto, que dentro de unos meses haya inspectores interinos trabajando en la AEAT, habiendo aprobado solo el primer examen de la oposición de los cinco que la componen, y sin haber hecho el curso de formación.
Eso sí, tendremos inspectores agradecidos por el regalo, y, por tanto, permeables a las exigencias del poder político. Tampoco tendrán los conocimientos necesarios, ni la independencia de criterio que tienen ahora, y que tanto les cuesta aceptar a los políticos, porque supone para ellos una limitación a su poder.
Es llamativa la falta de reacción de los órganos de dirección de la AEAT, que, ante una imposición de este tipo, deberían plantarse y dar un puñetazo en la mesa. Si, como parece, son incapaces porque prima más su puesto político que profesional, tendrían que haber dimitido, para no pasar a la historia como los que propiciaron la desaparición de la AEAT tal como la conocemos.
José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado
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