Los sindicatos aciertan modulando subidas salariales y movilizaciones
En 2022 los sueldos subieron la mitad que la inflación y la conflictividad laboral fue inferior a la de 2019, pero la hipótesis de cambio de ciclo electoral aprieta
La celebración del Primero de Mayo es una buena ocasión para reconocer la gran labor que vienen realizando los sindicatos españoles, especialmente representados por CC OO y UGT, para que el descontrol de los precios no haya provocado un ambiente de movilizaciones reclamando aumentos salariales equivalentes, lo que hubiera generado una espiral inflacionista de consecuencias letales para las rentas más bajas, precisamente.
El Banco de España advertía en su boletín económico del primer trimestre del año pasado: “en la medida en que los salarios reaccionen de forma significativa al repunte inflacionista, este se extenderá previsiblemente durante un horizonte temporal más amplio, puesto que aumentarán las posibilidades de que el incremento de los precios energéticos, principal factor existente detrás del episodio inflacionista actual, se filtre al resto de los precios y de los costes de la economía”.
Un año después, los datos ponen de manifiesto la responsabilidad con la que han actuado los sindicatos y sus representantes en los múltiples comités de empresa. La subida salarial media pactada en convenio en 2022 fue del 2,85%, variación que afecta a 10,7 millones de trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este importe es justo la mitad de lo que subió la inflación el año pasado, un 5,7%, y prácticamente un tercio comparado con la inflación media de dicho ejercicio, que alcanzó el 8,4%, según datos del INE.
Por tanto, en aras de preservar el empleo y evitar esa maldita espiral inflacionista, los representantes de los trabajadores aceptaron pactar una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva, conscientes de que presionar más se volvería en contra. Esto es especialmente difícil de explicar en contextos de populismo exacerbado y simplismo.
Los sindicatos tenían la opción de enardecer a las masas y sacar a los trabajadores a la calle para reclamar subidas salariales de casi doble dígito argumentando que los costes de la luz y la cesta de la compra, la vida en general, se dispara, mientras las empresas casi duplicaron beneficios en 2022 (subieron un 91,3%, según datos del Banco de España). Es muy fácil hacer demagogia con estos datos y obviar que la pandemia ha hecho que las variaciones estadísticas de los dos últimos años provoquen una ilusión óptica, ya que en realidad seguimos por debajo de 2019 en muchas variables, incluido el PIB de España.
Sin embargo, hicieron lo contrario. Se desgastaron con los trabajadores haciendo pedagogía: que si se disparan los costes laborales, las empresas terminan trasladándolos al precio unitario de su producto y, por tanto, la mejora salarial se la acaba llevando de nuevo la inflación. Esta dinámica puede resultar irrelevante para los salarios más altos, pero a los que están en el entorno del salario mínimo interprofesional, que en España son muchos, puede mandarlos a la indigencia.
Los datos de conflictividad laboral corroboran su comportamiento responsable. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo señalan que el año pasado hubo en España 679 huelgas, un 12% más que en 2021, pero un 25% menos que en 2019, el ejercicio previo al maldito coronavirus que cambió todo. Si se mide en términos de número de participantes en las huelgas, resulta que aunque el año pasado hubo más huelgas, estas fueron seguidas por menos trabajadores (192.751 en 2022, frente a 199.026 en 2021), y muy lejos de 2019 y anteriores. Otra cuestión es hasta cuándo van a poder contener a los trabajadores, porque los mismos datos ponen de manifiesto que, aunque la conflictividad es baja, la progresión se está acelerando desde la vuelta del verano pasado.
La situación de España contrasta con la conflictividad que los sindicatos han desatado en otros países comparables, como sucede en Francia, con las protestas por la reforma de las pensiones, que aquí se ha pactado, al igual que la reforma laboral. También sucede en Reino Unido, que en febrero pasado vivió la mayor convocatoria de huelga en una década. Ante este panorama no falta quien recuerda que en esos países gobiernan opciones conservadoras, mientras que en España manda el ejecutivo más de izquierdas de toda la democracia.
Sea por responsabilidad o por simpatía, la realidad es la que es y no aporta mucho construir una ucronía con la actuación de los sindicatos con un gobierno del PP. Eso sí, ese pasado que no va a llegar puede ser una realidad en este mismo año y, quizás por eso, UGT y CC OO quieren aprovechar el último Primero de Mayo de esta legislatura para meter presión a la CEOE con la firma de un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Los sindicatos saben que tienen en este Gobierno al mejor aliado, a fin de cuentas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es como una militante de CC OO. Igualmente, la CEOE sabe que hay altas posibilidades de que el PP forme el siguiente gobierno. Mientras tanto, Fátima Báñez, la que sostuvo la cartera de Díaz durante los siete años que gobernó Mariano Rajoy, vela armas a la sombra de la CEOE, para la que trabaja desde julio de 2019. Alberto Núñez Feijóo la ha incorporado al grupo de notables que nutre su Fundación Reformismo21.
Tienen el calendario cambiado. Mientras los sindicatos ven urgente sacar adelante un acuerdo, y piden una subida del 13,84% repartido en tres años (2022-2024), la patronal apuesta por dejar correr el tiempo a ver si las cifras encajan solas. En marzo la inflación interanual bajó hasta el 3,3% y los nuevos convenios se firmaron al 3,1%. Por tanto, ya se está produciendo una convergencia entre inflación y salarios, eso sí a costa de que los trabajadores se hayan tragado un 2022 terrible. La patronal debería premiar la prudencia de los sindicatos con un acuerdo razonable. Sería un error apostar todo a que lleguen los suyos.
Aurelio Medel es doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense
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