Cuestiones bancarias que algunos partidos no quieren ver
En la jerga política se habla de ‘congelar’ deudas. Habrá quien lo crea razonable, pero si se va a las normas se constata que es una solución no fundamentada
El mundo anglosajón inversor ha acuñado una expresión para referirse a las fuentes a las que acudir para pedir dinero cuando se quiere crear una empresa: “family, friends and fools” (familia, amigos y necios). Ni la familia, ni los amigos, y casi seguro, tampoco los necios prestan dinero si sospechan que existen altas probabilidades de no recuperarlo.
Es bueno recordar esta práctica universal en tiempos preelectorales en los que la tentación de apelar a la generosidad incondicional para quienes han contraído una deuda es muy alta. Se habla en la jerga política de congelarla. A simple vista habrá quien diga que parece razonable, incluso una solución, pero cuando se conocen las normas queda en evidencia que se trata de un buen deseo y un problema, pero no de una idea fundamentada.
En materia de préstamos hay dos cuestiones esenciales, la primera tiene que ver con la operativa que hay que seguir, y la segunda, con el capital que el banco debe mantener en todo momento para respaldar sus préstamos y el coste que debe pagar por adquirirlos. Respecto a la operativa, la norma dice que cuando los bancos prestan dinero deben estimar cuál es su pérdida esperada (PE), es decir, tienen que calcular y reflejar en sus cuentas los previsibles impagos que se pueden producir. Para ello, los organismos reguladores, Banco de España y BCE establecen que se debe atender, por un lado, al dinero que el banco prevé que el cliente pueda deber en el momento de un impago. Después, habrá que multiplicar esa cifra por la probabilidad de impago, que a su vez se calcula tras el análisis de la operación (del cliente, de su situación económica y de su capacidad para poder abonar las cuotas correspondientes de forma regular y sin interrupción). Y, por último, se multiplica la cifra resultante por la parte del préstamo que se cree que no se va a poder recuperar, es decir, si se produce la circunstancia de que el cliente deja de pagar, cuánto dinero del préstamo se puede perder por ese impago.
Para evitar el daño, los bancos toman garantías con las que poder reducir al máximo la probabilidad de pérdidas, como ocurre por ejemplo con las hipotecas: operaciones en las que el banco presta dinero al cliente bajo la garantía del inmueble. El banco no quiere el inmueble, sino solo asegurarse de poder recuperar el dinero en caso de que el cliente no quiera o no pueda devolver el préstamo. Esa garantía permite que el coste de este tipo de créditos sea más reducido que el de otros. Las hipotecas suelen moverse entre el 0,5% y 1% por encima del euríbor, uno de los índices de referencia para este tipo de operaciones, por cierto, muy volátil respecto de otros también aplicables a esta clase de créditos.
En los créditos al consumo los tipos son más altos, porque, en caso de producirse el impago, la garantía del préstamo no es de la misma calidad y precio que los de un inmueble. Obviamente, si alguien pide un préstamo para comprar un coche, un televisor o irse de vacaciones y no paga, el dinero que puede recuperar el banco con la venta del coche o del televisor es bastante incierto, y qué decir de las vacaciones, donde el activo más importante es la experiencia vivida ¿en qué mercado se podría vender esa garantía?
Es fácil ver que, aunque se congele una deuda para proteger a quien no puede pagarla, esta no desaparece, sigue viva. Y si se interviene para evitar que la garantía, el inmueble en el caso de una hipoteca, se pueda utilizar para saldarla, automáticamente y tal como establece la normativa, se eleva la pérdida esperada y se encarecen los préstamos, y también el mercado que existe en tono a ellos.
El otro aspecto muy relevante es el coste de capital. Los bancos deben mantener una relación constante entre su capital y los activos ponderados por riesgo (los créditos). Cuanto más problemáticos son estos últimos, más capital se debe acumular para hacer frente a un posible impago. Captar capital tiene un coste, que es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión a los actuales o futuros accionistas. Según cuál sea esa rentabilidad ofrecida por una empresa, o un banco, resultará más o menos atractivo invertir o mantener la inversión en la compañía. Por tanto, el coste del capital es uno de los elementos que determinan el valor de la empresa. Si este coste, y el de la financiación en su conjunto, está por encima del retorno que el inversor espera percibir de la actividad empresarial, el precio de mercado de las acciones de esa empresa tenderá a bajar. Eso le ha ocurrido a la banca. A partir del primer trimestre de 2021 el coste de capital comenzó a subir hasta el entorno del 6%, tendencia que, según los cálculos del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) se mantendrá al menos los próximos dos años.
Incluso los más versados en asuntos económicos y financieros del Gobierno consideran solo una parte del impacto de la subida de los tipos de interés: aquella que supone un factor positivo para la rentabilidad del capital y que procede de cobrar intereses de manera normalizada y contener el coste de la captación de recursos, porque así amplía el margen de intermediación. Pero obvian un segundo efecto: esta subida incrementa el coste de capital, es decir, la rentabilidad que se le exige a una inversión y que se sitúa siempre por encima de los tipos de interés existentes. Estos dos componentes actúan en sentido contrario y la evidencia empírica sugiere, según el IEAF, que el incremento de los tipos de interés (normalización monetaria) en la eurozona tiene un efecto proporcionalmente más positivo sobre el ROE que sobre el coste de capital (BCE, 2018).
En este último influyen varios factores. La ratio de dudosos o la calidad de la cartera crediticia: por cada 1% de incremento de la tasa de morosidad (ahora denominada dudosidad), aumenta el coste de capital un 0,2%. Los tipos de interés: normalizar la tasa de depósito en el BCE elevará un 1,6% el coste de capital. La ratio de eficiencia: por cada punto porcentual que se reduce, el coste de capital lo hace 1,2 puntos. Y, por último, la rentabilidad de la acción bancaria en Bolsa: cada punto porcentual de reducción en que se incrementa el retorno bruto de las acciones bancarias aumenta el coste de capital un 0,2%. En definitiva, el mercado espera que, con unos recursos propios en la banca de 220.000 millones, para alcanzar una rentabilidad del 10% los beneficios se sitúen en 22.000 millones de euros.
En un entorno informado y formado como es el de un Gobierno, se da por descontado que se conoce y aplica el principio de “ignorantia iuris neminem excusat”, o “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, que contiene la presunción general de conocimiento de las normas y de sus efectos. Un Gobierno debe conocerlas, porque entre sus cometidos se encuentra el de velar por su cumplimiento.
Carlos Balado es Profesor de OBS Business School y director de Eurocofín
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