¿Dónde están los fondos de recuperación? No donde más se necesitan
Las inversiones que más acusan la falta de enfoque social son las relacionadas con la vivienda y la rehabilitación energética
Estamos en la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética y sabemos que para combatirla hace falta en primer lugar voluntad política, acompañada del desarrollo de los correspondientes planes y, en tercer lugar, dotarlos de suficientes fondos. Estos tres elementos existen en el actual Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y aun sabiendo que erradicar la pobreza energética es una de las tareas que no pueden esperar, las ayudas destinadas a ello son pocas y van despacio.
El plan de recuperación, hasta 2023, cuenta con un total de 69.500 euros procedentes de los fondos Next Generation, de los que algo más del 40% (27.948 millones de euros) se destinan a la transición ecológica. El grueso de estas inversiones están dirigidas principalmente a potenciar la descarbonización del sistema energético y lograr una movilidad más sostenible. Y aunque todas sabemos la importancia del enfoque de justicia social de la transición ecológica y de la necesidad de no dejar a nadie atrás, ninguna de estas inversiones se han realizado teniéndolo en cuenta.
Las inversiones que más acusan la falta de este enfoque son las relacionadas con la vivienda y su rehabilitación energética. Este tipo de medidas son muy efectivas al asociar la lucha contra el cambio climático, el incremento de la factura de la luz y favorecer la distribución de rentas y la reactivación económica. Fomentan y potencian cualquier modelo de descarbonización desde el principio e implican el desarrollo, la modernización y la resiliencia de sectores de gran importancia social como la construcción. Aunque su mayor ventaja son los beneficios sociales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente de las que más lo necesitan, actuando sobre la desigualdad.
La voluntad política del Gobierno se materializó con la dotación de 6.820 millones de euros previstos para gastar en tres años con los fondos de recuperación para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Sin embargo, los datos muestran que las inversiones se están concediendo a un ritmo muy lento y que no están llegando a donde más se necesita: a la población más vulnerable. Las cifras de las que disponemos hablan por sí solas. Las destinadas específicamente a rehabilitación energética alcanzan el valor de 840,6 millones de euros, de los cuales solo tenemos constancia que hayan sido concedidos unos 100 millones de euros. Esto supone, aproximadamente, un 12,3% respecto a las previsiones y solo un 3% respecto a los 27.948 millones de euros totales destinados a la transición ecológica.
De todas estas inversiones únicamente 54,2 millones de euros asignados por la Comunidad Autónoma de Canarias han sido para rehabilitación residencial y vivienda social, junto con 31.000 euros que Almendralejo (Badajoz) ha destinado a alquiler social en edificios energéticamente eficientes. En situaciones de pobreza no se dispone del presupuesto para reformas de rehabilitación, tampoco los autónomos pueden abordarlas con la actual situación inflacionaria, y a esto se suma el proceso burocrático. En definitiva, es imprescindible incorporar el enfoque social. Desde organizaciones como la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás pedimos que un 30% de los fondos se dirijan a población vulnerable.
En general, tampoco se están cumpliendo las previsiones del Gobierno respecto a la ejecución de otras inversiones de los componentes del plan vinculados a la transición socioecológica. La evolución de las inversiones va más lenta de lo previsto, y las relacionadas con la transición son incluso más lentas que las demás: el porcentaje de inversiones concedidas respecto al total es el 25% a principios de enero de 2023, y el porcentaje de las previstas para transición socioecológica solo llega al 17%.
Se puede decir que las inversiones relacionadas con la movilidad son las de mayor cuantía en esta fase, alcanzando los 3.221,2 millones de euros; y es Adif el ejecutor con más protagonismo, con un 94% de estas inversiones. Le siguen muy de lejos las concedidas para el desarrollo de las energías renovables, que están avanzando lentamente y se han centrado fundamentalmente en la fotovoltaica a través del autoconsumo. Y aún más lejos están las destinadas a las comunidades energéticas, ya que únicamente hay dos convocatorias del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), por valor de 40 millones de euros.
El 68% de las inversiones para la transición ecológica son en energía y movilidad; el 24% está relacionado con la gestión de residuos, la economía circular y el consumo; y apenas un 8% para gestión forestal, biodiversidad y medio ambiente. El principal ausente del plan es la transformación del modelo agrícola.
Sin duda, los fondos europeos son una excelente oportunidad para una transformación verdadera pero no están abordando las causas estructurales de nuestra crisis económica, ambiental y social. Porque no se abandona el crecimiento económico indiscriminado, no se tienen en consideración los límites planetarios ni el impacto de las élites económicas, y no se aborda seriamente la desigualdad.
Podemos concluir que, de momento, la recuperación avanza lentamente, no aprovecha su potencial transformador y, sobre todo, deja olvidados a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, la resiliencia no es un apellido que pueda llevar con orgullo este plan.
Raquel Montón es Agrónoma y especialista en energía de Greenpeace
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días