El brillante futuro de la la inversión alternativa ilíquida
Estos activos representan casi el 12% de la inversión total en fondos y sociedades en España
Durante la última década y, de manera aún más clara desde hace cinco años, un “nuevo” tipo de inversión se ha ido abriendo camino en las carteras de activos de clientes institucionales y, cada vez con mayor fuerza, de los particulares: la inversión alternativa ilíquida.
La palabra “nuevo”, la verdad, no termina de encajar con la descripción de unos productos cuyos subyacentes (acciones no cotizadas, deuda privada, infraestructuras, salud, etc.) hunden sus raíces en el mismo comienzo de la...
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Durante la última década y, de manera aún más clara desde hace cinco años, un “nuevo” tipo de inversión se ha ido abriendo camino en las carteras de activos de clientes institucionales y, cada vez con mayor fuerza, de los particulares: la inversión alternativa ilíquida.
La palabra “nuevo”, la verdad, no termina de encajar con la descripción de unos productos cuyos subyacentes (acciones no cotizadas, deuda privada, infraestructuras, salud, etc.) hunden sus raíces en el mismo comienzo de la palabra “inversión” en la humanidad. Su estructuración (con todos sus subtipos, growth, levereged buy outs...), dentro de un fondo o una sociedad es un concepto más moderno. En todo caso, el boom de estas inversiones en el Viejo Continente –en los EE UU su implementación tiene más raigambre– es relativamente reciente, particularmente en el caso español.
Las razones para el retraso de España en este ámbito son diversas: en primer lugar, las pequeñas empresas nacionales han tenido tradicionalmente como principal fuente de financiación el crédito bancario, la oficina de la esquina o el banco más especializado en pymes. En buena medida esto sigue siendo así, lo que, si bien permite al ecosistema funcionar, no deja de ser un factor limitante en el tamaño y crecimiento de estas empresas.
En segundo lugar, nuestras compañías cotizadas han tenido históricamente un tamaño relativo algo menor que sus contrapartes europeas (no digamos estadounidenses), además de un componente de dividendo muy interesante, lo que supone una clara competencia frente al capital riesgo, a ojos de los inversores institucionales. En cuanto al inversor particular la vivienda ha sido (y es) su inversión ilíquida fundamental. Solo el incremento de la cultura financiera y la búsqueda de nuevas formas de obtener rentabilidad le están llevando al private equity.
Llegados a este punto no está de más comentar que la traducción del inglés private equity por capital riesgo no deja de ser un cierto infortunio. Algo parecido a lo que pasa con renta fija –que de fija tiene poco– frente a fixed income. En todo caso, el mal ya está hecho, a efectos de marketing, así que mejor no darle más vueltas…
Decíamos al comienzo que la inversión en alternativos ilíquidos en los últimos cinco años constituye un éxito en nuestro país. Según datos de CNMV, el sector ha crecido sistemáticamente a doble dígito en el último lustro. Los 369 fondos y sociedades de capital riesgo registrados en 2018 son ahora más de 750. En cuanto al volumen de inversión, los 10.000 millones invertidos en 2016 son ahora más de 30.000. En suma, los activos ilíquidos alternativos –invertidos y comprometidos– representan casi el 12% de la inversión total en fondos y sociedades en España. Una cifra nada desdeñable y que no deja de crecer.
Las razones para este auge hay que buscarlas en distintos frentes: por un lado, los bajos tipos de interés durante la última década han impulsado a muchos inversores a buscar fuentes alternativas de rentabilidad a la clásica renta fija. La volatilidad de la renta variable, tan sensible en su valoración a factores macroeconómicos, geopolíticos, también es un factor coadyuvante. En ese sentido, muchos inversores institucionales están dispuestos a pagar en términos de iliquidez una mayor estabilidad en sus valoraciones, –aceptando el mal menor de la famosa curva jota, o valoración negativa en las fases iniciales– en aras de la estabilidad de precios.
La posibilidad de que los inversores minoristas puedan acceder también a estas fórmulas (la ley Crea y Crece en España rebaja de 100.000 a 10.000 euros la inversión mínima en capital riesgo) también representa una palanca de crecimiento. Finalmente, la normativa, especialmente en el ámbito del seguro (las aseguradoras de vida, por nuestro carácter de largo plazo, somos, por definición, unos buenos inversores de activos razonablemente ilíquidos), ha ido mostrándose más proclive a favorecer este tipo de inversiones. Desde hace unos años, el consumo de capital según Solvencia II para estos activos se ha reducido al 22%, menos de la mitad que antes de la pandemia, lo que sigue siendo relativamente alto frente a los bonos de calidad, pero significativamente mejor que la renta variable cotizada (39%).
La inversión ilíquida, dependiendo del perfil del cliente, debe constituir, con carácter general, solo una parte pequeña de las carteras de activos. Insistimos aquí en el concepto de “ilíquido”. Deshacer estas posiciones es extraordinariamente complicado. No existe un mercado secundario como tal para estos activos, si bien la extensión de estás fórmulas de inversión favorecen una cierta transaccionalidad. En esta línea, el Banco Central Europeo (BCE) lanza avisos regularmente contra el exceso de iliquidez de las carteras, especialmente en fondos de inversión o pensiones. A fin de cuentas, un inversor medio institucional europeo no puede compararse a la fundación de una universidad estadounidense, con vistas de muy largo plazo, que puede mantener más de la mitad de sus acticos en capital riesgo, venture capital o infraestructuras. Si eso lo hiciera una aseguradora europea sería muy probablemente insolvente, según la normativa actual.
Finalmente, queríamos referirnos a los retos del sector: aparte de verse afectado por la situación económica general, entendemos que sus dos principales desafíos son incrementar su llegada a los clientes particulares que busquen buena rentabilidad en el largo plazo (y tengan la capacidad de mantener en cartera estos activos) y, por supuesto, avanzar decididamente en términos de sostenibilidad de las inversiones. Cada vez son más los fondos ilíquidos con la máxima calificación en términos de sostenibilidad. En algunos subyacentes (infraestructuras, energías limpias) esta calificación es relativamente sencilla de obtener. Pero es necesario un mayor impulso, especialmente para poder constituir una base elegible para el gran inversor institucional.
No parece que su futuro, en este sentido, sea ni mucho menos negro. Más bien al contrario, en los próximos tiempos es muy probable que su peso se vaya incrementando a costa de otros activos, sensiblemente de la renta variable cotizada. Ello redundará, no lo olvidemos, en una mejor financiación de pequeñas empresas y proyectos, algo excepcionalmente relevante para el empleo, el crecimiento y el desarrollo social en España.
Pedro del Pozo es director de Inversiones Financieras de Mutualidad de la Abogacía
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