Mutualistas en el alambre, camino al rescate del RETA
Las Cortes tramitan la ley que permite a miles de profesionales sortear retiros de miseria para acceder a una pensión de la Seguridad Social
El Congreso de los Diputados se ha convertido en estos días en el escenario de un drama que se ha cocinado a fuego lento durante décadas. Miles de abogados, procuradores y otros profesionales mutualistas —como arquitectos o ingenieros— han vivido estas semanas con angustia, como si se movieran sobre un alambre tensionado entre la esperanza y la desesperación. Llevan la toga puesta, pero debajo hay rostros envejecidos por la incertidumbre de poder llegar a cobrar, al menos, unas pensiones mínimas y no las que les corresponden en la mutualidad: muchas no superan los 300 o 500 euros mensuales.
La llamada pasarela al RETA —un sistema para trasladar las cantidades acumuladas en las mutualidades de previsión social alternativas a la Seguridad Social— ha entrado en la fase más crítica de su tramitación parlamentaria. Hace más de un año, el pasado 6 de mayo de 2025, el pleno del Congreso aprobó con 311 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones de Vox, el inicio de la tramitación de la proposición de ley del Grupo Socialista que busca solucionar este problema mediante la reforma de la Ley General de la Seguridad Social. Era lo que los mutualistas llamaban “el primer paso”. Pero el camino desde entonces ha sido sinuoso, lleno de trámites burocráticos y bloqueos políticos que han mantenido a los afectados en vilo.
La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado finalmente este martes 26 de mayo el dictamen de la proposición de ley que votarán diputados y senadores. Era el segundo paso para conseguir la tan ansiada pasarela al RETA. Tras el fiasco de la primera intentona de votación de hace una semana —abortada por la falta de un informe económico que avalara la viabilidad de la pasarela—, por fin hay luz verde para una norma que dormía en el cajón de los asuntos pendientes desde noviembre de 2025. Los mutualistas no han aflojado para conseguir una solución antes de que diputados y senadores cojan vacaciones en julio. El sábado 8 y 23 de mayo las calles de Madrid volvieron a ser el escenario de sendas manifestaciones convocadas por el Movimiento #J2 para exigir a exigir una pasarela “completa, justa y sin exclusiones”. El colectivo sigue exigiendo la equivalencia total (de uno por uno) de sus cotizaciones en la mutualidad y que se permita acceder al RETA a los compañeros ya jubilados.
Las reacciones no se hicieron esperar: El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) publicó inmediatamente un tuit en el que celebraban el paso dado sobre la reforma del sistema alternativo de las mutualidades, pero instaban “a todos los grupos políticos a seguir trabajando para lograr la mejor pasarela posible”. “Miles de abogados y abogadas dependen de esta solución para garantizar una pensión justa y digna, tal y como reconocen nuestra Constitución”, subrayaban.
Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) publicó enseguida un comunicado en el que manifestaba abiertamente su “preocupación” sobre la proposición de ley llamada a regular la pasarela al RETA para profesionales mutualistas. El colegio madrileño, que la semana pasada entregó en el Congreso más de mil cartas de mutualista afectados, afeaba al Gobierno su veto en “la tramitación de varias enmiendas dirigidas a ampliar o reforzar el alcance de la pasarela”. Entre ellas, dice el colegio, “la propuesta que habría permitido acogerse al mecanismo a mutualistas que ya tienen reconocido el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social”. El ICAM valora que la solución avance, pero también señala “que lo hace con riesgos evidentes de quedar por debajo de las necesidades reales de los afectados”.
Ahora queda esperar al proceso legislativo: si bien hay enmiendas que pueden plantearse en el Senado, por lo que aún hay margen para mejorar, los diputados tienen la última palabra en el Congreso. El pleno tiene previsto votar la proposición el próximo 10 de junio.
Para el colectivo afectado, hay al menos tres correcciones que podrían transformar una salida traumática en una transición más justa: 1) que el coeficiente de conversión no penalice las aportaciones previas —un año en la mutualidad debe contarse como un año en el RETA, no como 0,77—; 2) que el turno de oficio sea reconocido de forma explícita como complemento, porque supone un servicio voluntario y esencial al acceso a la justicia; y 3) que no se excluya a colectivos pasivos o a quienes superan ciertos umbrales temporales de cotización, algo que la redacción actual permite y que los afectados consideran injusto.
La proposición de ley
La solución que plantea el texto del PSOE abre una ventana: los mutualistas tienen un año para decidir si transfieren los derechos económicos acumulados en su respectiva mutualidad alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Los detalles sobre los plazos y trámites de este procedimiento requieren de la aprobación de un reglamento, pero la norma ya establece un coeficiente corrector de referencia para el cálculo de los periodos de cotización: el 0,77 —aunque la equivalencia será de 1 año cotizado por cada año en la mutua para los mutualistas que cumplan 52 años en 2026, una mejora introducida antes de la votación—. Este coeficiente se aplicará sobre la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el RETA actualizada al IPC, según determine el reglamento.
La norma fija que pueden acceder a la pasarela quienes hayan cotizado al menos 15 años a la mutualidad y no estén jubilados. Es decir, que fueran mutualistas a 1 de enero de 2013 y estuvieran en activo a 31 de diciembre de 2022. Además, se aplican ajustes en la cotización de cada año a las contingencias exclusivas que sirven para generar derechos de jubilación. Como cierre: el fin de la alternatividad a partir del 1 de enero de 2027, fecha en la que las mutualidades no gestionarán pensiones laborales.
Muchos mutualistas perciben esta pasarela como una salida forzada ante la pérdida de confianza en el sistema, una sensación que quedó patente en la manifestación del 23 de mayo en Madrid y en los testimonios recogidos para este reportaje. Abogados y procuradores tendrán que tirar de calculadora para tomar la decisión: no habrá vuelta atrás.
Los rostros tras las togas
Detrás de cada número estadístico hay un rostro. Hay abogados que después de 35 años ejerciendo descubren que su pensión será de 350 euros al mes. Hay procuradores que han gestionado miles de expedientes judiciales y que se enfrentan a la perspectiva de depender de la ayuda familiar para sobrevivir.
La toga, que para muchos es una capa de superhéroe que los transfigura cuando entran en los juzgados, se convierte en un símbolo de la contradicción que viven: profesionales que han servido al sistema de justicia durante décadas se sienten abandonados por el mismo sistema cuando llegan al final de su carrera.
“Cuando empecé a ejercer, la Mutualidad era de carácter obligatorio y además tenía que pagar un seguro médico privado. Cuando se abrió la posibilidad de poderme dar de alta en autónomos, ya llevaba pagando muchos años y me dijeron que si me pasaba al RETA perdía todo lo aportado y tenía que empezar desde cero”, dice un mutualista anónimo. Este es el caso de muchos de los que ahora piden una pasarela justa.
La reforma es para muchos una cuestión de justicia social, de dignidad profesional y de cumplimiento de la palabra empeñada con miles de trabajadores que confiaron en el sistema. Mientras los políticos negocian en los pasillos del Congreso, los mutualistas esperan en la puerta.
Montserrat Domeque (37 años de ejercicio profesional): “La situación de precariedad de los mutualistas ya jubilados es una línea roja”
Montserrat Domeque habla con la calma de quien lleva 37 años en la profesión y conoce bien la fragilidad de los abogados de barrio. “No interesa prácticamente a nadie”, dice sobre la reforma del coeficiente de pensión, que, según explica, fija un 0,77 de tasa de conversión al RETA en lugar del “uno x uno” reclamado ligado al IPC y “que no resuelve el problema real”. También cuestiona el límite de los 15 años para quienes siguen en el RETA y advierte de que la situación de precariedad de los ya jubilados sigue sin respuesta: “Es una línea roja”, resume. En su relato aparece el desgaste de una generación que ha visto cambiar leyes y clientes, pero no la precariedad de muchos abogados. “No somos grandes despachos, somos abogados de barrio”, reivindica.
Nicolás Revuelto (36 años de ejercicio profesional): “No tengo otra alternativa; no pedimos privilegios, sino una transición justa”
Nicolás Revuelto, abogado del ICAM con 36 años de ejercicio y otros tantos en el turno de oficio, considera que muchos mutualistas no eligen la pasarela al RETA, sino que la afrontan como única salida: “No tengo alternativa”, reconoce. “El problema central es la confianza rota con el sistema”: si la Mutualidad pierde ingresos por la marcha de compañeros, teme que su pensión futura sea insuficiente. Reclama dos correcciones: “Que un año cotizado en la mutualidad equivalga a un año en el RETA, sin penalizaciones, y que el turno de oficio se reconozca de verdad como complemento”. Su mensaje mezcla cansancio y reivindicación: no pide privilegios, sino una transición justa para quienes se han entregado a la sociedad durante décadas.
Pilar Martínez (40 años de ejercicio profesional): “40 años dedicados al cuidado de los más débiles deberían bastar para acceder a una pensión digna”
Pilar Martínez lleva cuatro décadas de ejercicio y servicio público en el Colegio de la Abogacía de Madrid y el de Alcalá de Henares, entre el turno de oficio y asuntos de familia, penal y extranjería. Desde esa experiencia, mira la reforma de las pensiones de los mutualistas con preocupación: teme que el factor de corrección rebaje prestaciones que parecían seguras tras años de cotización. Defiende que esos 40 años aportados “deben bastar para acceder a la pensión” y pide sensibilidad con los mutualistas pasivos –ya jubilados– y con quienes viven situaciones de vulnerabilidad. Su voz combina cansancio, responsabilidad y una reclamación muy humana, y pide “seguridad, respeto y justicia para una vida dedicada al derecho y al cuidado de los más débiles”.
Carmen Pujol (45 años de ejercicio profesional): “Hay muchos compañeros pasivos que están cobrando pensiones bochornosas”
Colegiada desde 1981, Carmen Pujol tiene ya 74 años. “Entre los años 1981 y 1995 era obligatorio estar de alta en la Mutualidad de la Abogacía para poder ejercer y no era posible cotizar al RETA”, recuerda. La abogada denuncia que, “con el texto actual, estamos vetados dos colectivos: los pasivos, que quedan excluidos de la posibilidad de pasar al RETA, y quienes tengan cotizados a la Seguridad Social más de 15 años”. Este es precisamente su caso personal. El punto más importante a modificar para Pujol es “que no haya exclusiones”. La letrada subraya que si esta reforma se ha planteado es porque las pensiones de los mutualistas son insuficientes: “Hay muchos compañeros jubilados que están cobrando pensiones bochornosas, no sería justo dejarles fuera”.
Los hitos de una lucha que se convirtió en clamor
Los abogados, procuradores y otros profesionales colegiados, como arquitectos o ingenieros, tenían un sistema de previsión social propio: las mutualidades profesionales. El sistema fue obligatorio hasta 1995, año en el que se convirtió en alternativo: si los profesionales se pasaban a la Seguridad Social (RETA), no traspasaban lo acumulado. La Mutualidad de la Abogacía, ya convertida en aseguradora, viró en 2005 de un sistema similar al de reparto utilizado por la Seguridad Social a un modelo de ahorro personal o capitalización individualizada. Algunos dicen que se quedaron como mutualistas alternativos confiando en las promesas de que les iban a quedar pensiones similares a las del RETA. La realidad es que, tras una vida cotizando, muchos se han visto abocados a pensiones de apenas 400 euros.
El Movimiento #J2, una plataforma integrada en su origen por abogados y procuradores, impulsó en 2023 una iniciativa para lograr una “pasarela al RETA” a través de la cual poder trasladar lo cotizado en la mutualidad al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Desde entonces, se han ido sumando asociaciones y movimientos, como Marea Negra, Alter Mutua, Anama, Plataforma por la Pasarela o Mutualistas por el Futuro. Desde 2024, la plataforma J2 ha protagonizado, entre otras acciones, hasta siete manifestaciones en Madrid y tres concentraciones nacionales ante la sede de la Mutualidad de la Abogacía. Ese mismo año, Anama elaboró un informe técnico –a cargo de varios catedráticos de la Universidad de Valencia– que incluía una tabla para calcular la cantidad que cada mutualista debería cobrar de pensión de la Seguridad Social, con el correspondiente factor de conversión y el IPC histórico desde 1981.
El texto que votará las Cortes perfila una pasarela voluntaria para todos los mutualistas alternativos. Sin embargo, se cierra la puerta a los que ya están jubilados –los denominados pasivos–, así como a los mutualistas que tienen acceso a una pensión pública. La futura norma establece un coeficiente del 0,77 para los menores de 52 años para convertir las cantidades aportadas en cotizaciones para una pensión.