Concepción Campos (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno): “El ciudadano siempre merece una respuesta, positiva o negativa”
La experta, de perfil técnico, acaba de asumir las riendas del organismo garante de la transparencia. Reconoce que la labor de la entidad sería más efectiva si gozase de poder sancionador
Por decirlo de forma cercana, Concepción Campos (1973, Pontevedra) es una enamorada de todo lo que tiene que ver con lo público. Ha dedicado su vida profesional a estudiar los entresijos de la Administración: ha escrito libros, participado en charlas y podcasts y ejercido como profesora universitaria. “Orgullosísima gallega”, dice de sí misma, hace poco hizo las maletas y se mudó a Madrid tras recibir la propuesta del Ejecutivo para ser la nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ha dicho que sí y el Congreso ha avalado su nombramiento. Directa, clara y con notables dotes para comunicar, quizás una rara avis en el sector público, recibe a CincoDías en un despacho que aún conserva la atmósfera de espacio a estrenar: allí concede su primera entrevista en prensa generalista.
Pregunta (P). ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la transparencia?
Respuesta (R). La forma más fácil es vincularlo a la gestión de los recursos públicos. Tenemos una Hacienda pública y pagamos impuestos, y hay unos contratos públicos, unos hospitales, unas carreteras... Transparencia es saber dónde va el dinero. Como decía Jeremy Bentham, “cuanto más te observo, mejor te comportas”. La transparencia fuerza a aquellos que tienen que tomar decisiones a comportarse mejor.
P. ¿Somos un país transparente?
R. Hemos mejorado mucho. Hacía falta una ley de transparencia y diez años después de su aprobación es buen momento para hacer balance. Creo que podemos mejorar.
P. Además del propio Consejo, y del Tribunal de Cuentas, también hay otros organismos que vigilan la transparencia a nivel autonómico. ¿No son demasiados?
R. No, porque es una competencia autonómica y creo que es una riqueza extraordinaria. Si todos trabajamos en lo mismo, podemos compartir esfuerzos y maximizar los resultados.
P. ¿Qué cambiaría de la actual ley de transparencia?
R. Adolece de debilidades de inicio y otras que han venido con el tiempo. La principal laguna es que la ley no contempla un régimen sancionador. La obligación sin sanción es recomendación. Muchas peticiones de información no se resuelven por silencio de la Administración y no debería ser así. Soy una gran detractora del silencio administrativo, lo mínimo que merece la ciudadanía es una respuesta, positiva o negativa. La posibilidad de poner multas genera un efecto disuasorio. También hace falta un reglamento de desarrollo. Otra laguna es la falta de regulación de los grupos de interés, los conocidos como lobbies. Hay un anteproyecto que no sabemos si saldrá o no.
La posibilidad de poner multas genera un efecto disuasorio
P. La corrupción en la contratación pública preocupa…
R. Tenemos que mejorar en divulgación y en concienciación. Las plataformas de contratos son difíciles de manejar y de comprender. Los portales de transparencia deberían tener esta información de forma clara y estructurada, para que la ciudadanía pueda consultarla en formato abierto y reutilizable, y así cualquier desviación salte a la vista. La transparencia es un gran antídoto contra la corrupción.
P. ¿Qué brecha de opacidad le preocupa más?
R. Todos recordamos el caso Malaya, porque creo que fue el culmen de un momento en el que las desviaciones de poder tenían mucho que ver con el urbanismo. Pero creo que la contratación pública ha pasado a suceder al urbanismo como el principal foco de opacidad, y por desgracia de una forma muy exitosa. Somos miles y miles de entidades en el sector público, y la inversión que se hace en materia de contratos, como hemos visto con los fondos europeos, genera mucho interés.
P. Estado, autonomía o municipios, ¿qué nivel es más opaco?
R. No es un ranking fácil. Al mundo local se le acusa de falta de transparencia, pero creo que, por principio de proximidad, la Administración del Estado se percibe como más lejana.
P. Muchos periodistas se quejan de obstáculos para acceder a ficheros públicos por retrasos, denegaciones injustificadas, peticiones que no se contestan...
R. Tenemos que transmitir la información de una forma accesible y clara a periodistas, investigadores y ciudadanos, pero a veces la información no está ordenada ni es fácil de localizar. El trabajo que conlleva las peticiones de los periodistas puede suponer que un funcionario se pierda en los archivos durante diez días, incluso una semana. Yo lo he vivido como secretaria de ayuntamiento, y entonces el funcionario tiene que priorizar, porque si hace A, no hace B. Confío en que todo lo digital nos ayude mucho a ordenar la información, porque es importante aclarar que transparencia no es publicar un PDF de 200 páginas llenas de columnas de un presupuesto. Al vecino esto no le vale de nada. Explique qué hace y cómo lo hace. También creo que hay que fomentar la publicidad activa, porque es una forma de garantizar el anonimato del ciudadano que solicita información.
Transparencia no es publicar un PDF de 200 páginas llenas de columnas de un presupuesto. Al vecino esto no le vale de nada
P. ¿Se abusa de la excusa de seguridad pública para denegar peticiones?
R. Los derechos deben ser interpretados de forma amplia; los límites, en cambio, deben ser entendidos desde una perspectiva restrictiva. Si una oficina pública deniega la petición de información de un ciudadano, debe explicar por qué de forma expresa, argumentada y sólida. Si se alegan cuestiones de seguridad, hay que decir cuáles; si hay intereses comerciales o económicos, si hay un proceso judicial vinculado, si la petición es repetitiva o abusiva… explíquelo. La seguridad no puede ser un comodín. Es posible anonimizar, dar un acceso parcial… Hay que buscar fórmulas.
P. La Administración ya utiliza la inteligencia artificial. ¿Cómo se garantiza la transparencia de estos códigos?
R. Si una decisión está automatizada, el ciudadano tiene derecho a conocer el criterio. No hemos pensado aún en un registro de algoritmos que sí tienen, por ejemplo, ayuntamientos como el de Helsinki o Ámsterdam. En Francia, en Gran Bretaña, y también en Europa, han legislado ya en esta dirección. En España algunas comunidades autónomas también.
P. La presidencia del Consejo es propuesta por el propio Gobierno. ¿No hay un conflicto de intereses?
R. No, porque el Consejo es una autoridad independiente. Se propone por el Ejecutivo, pero lleva el refrendo del Parlamento. No recibe instrucciones de ningún tipo.
P. ¿Cómo pretende el Consejo desatascar las peticiones de información que el Ejecutivo no atiende?
R. Hablamos con las unidades de transparencia de cada ministerio. Creo que en muchos casos las peticiones no se atienden por carga burocrática y porque no se puede llegar a todo. Seguro que por estadísticas hay casos donde no quieren cumplir, pero en otros, la comunicación puede ser útil. A falta de una potestad sancionadora, lo que nos queda es mantener una relación proactiva. Ayudar a cumplir.
P. Parece que llevarse bien con todos es importante.
R. La comunicación externa e interna es vital. Tenemos que relacionarnos y reunirnos con todos los implicados. Oiga, usted tiene muchas peticiones de información incumplidas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y en ese punto intentar en lo posible ayudar.