Es evidente que necesitamos reformar el sistema del mutualismo alternativo, pero se debe hacer bien
Cualquier reforma que afecte al actual modelo debe partir del respeto a los derechos generados y a la confianza durante años por quienes tomaron decisiones amparadas por la ley
La reactivación en el Congreso de la proposición de ley para mejorar las pensiones de los abogados mutualistas, que se debatirá en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 20 de mayo, ha vuelto a situar en el centro del debate la necesidad de reformar el sistema de mutualismo alternativo. Un debate complejo, sensible y con importantes implicaciones jurídicas, económicas y sociales para los profesionales que confiaron legítimamente en este modelo, como médicos, procuradores, arquitectos o abogados, entre otros colectivos.
Durante décadas, miles de profesionales ejercieron un derecho plenamente reconocido por nuestro ordenamiento jurídico: optar por un sistema de previsión alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Lo hicieron dentro del marco normativo vigente, confiando legítimamente en la estabilidad de las reglas del juego y organizando su futuro sobre esa base. Por este motivo, cualquier reforma que afecte al actual modelo debe partir del respeto a los derechos generados y a la confianza durante años por quienes tomaron decisiones amparadas por la ley.
La necesidad de reformar el sistema es evidente, pero también lo es la obligación de hacerlo bien. La pasarela al RETA significa un importante avance para quienes deseen integrarse en el sistema público, pero únicamente si se articula con garantías reales y un diseño técnicamente sólido.
En este sentido, consideramos necesaria la continuidad del modelo de alternatividad más allá de 2027. La coexistencia de sistemas no debilita el modelo público; al contrario, puede complementarlo aportando flexibilidad y capacidad de adaptación a realidades profesionales diversas. Llegado el punto y teniendo en cuenta la situación actual del sistema público de pensiones, la alternatividad facilitaría su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un mecanismo complementario de previsión que ayuda a aliviar la presión.
Esta integración debe ser, en todo caso, estrictamente voluntaria y fruto de una decisión individual. No puede convertirse en una imposición indirecta derivada de la inseguridad regulatoria o de la desaparición forzosa de las alternativas existentes hasta ahora. De la misma manera, resulta imprescindible preservar íntegramente el valor, la rentabilidad y las condiciones del ahorro acumulado durante años, evitando traspasos financieros que puedan erosionar derechos económicos ya consolidados.
La reforma debería contar, además, con un procedimiento claro y equilibrado para la transferencia de derechos entre sistemas, de forma que garantice la equivalencia contributiva y respete el principio de proporcionalidad que caracteriza a nuestro modelo de protección social.
La reforma debe servir también para avanzar hacia una mayor equidad. Es imprescindible garantizar el acceso de los mutualistas alternativos al complemento a mínimos y a otras prestaciones o beneficios previstos para trabajadores autónomos cuando estos no dependan exclusivamente de la cotización efectiva al RETA. Asimismo, convendría explorar fórmulas que permitan una movilidad bidireccional entre sistemas, contemplando incluso la posibilidad de trasladar cotizaciones desde la Seguridad Social hacia las mutualidades para quienes así lo deseen.
Por eso, cualquier cambio debe construirse desde el diálogo, el rigor técnico y el respeto a quienes, durante años, actuaron conforme a la legalidad vigente y contribuyeron responsablemente a sostener su propio sistema de previsión social. Este proceso exige responsabilidad institucional, diálogo y altura de Estado.