Adamuz: la fiscalía que España no conoce acaba de abrir un caso que todos deberían entender
La EPPO investiga el accidente, pocos en España saben todavía lo que eso significa realmente, y lo que no significa
Cuando la Fiscalía Europea confirmó en marzo que investigaba el accidente de Adamuz, la noticia ocupó titulares durante dos días y desapareció. Antes de que se enfriara, ya había dos lecturas opuestas circulando: para unos era la señal de que algo muy grave había ocurrido con los fondos públicos; para otros, un trámite administrativo sin mayor recorrido. Ninguna de las dos era exacta. Y esa imprecisión tiene un origen claro: en España, la EPPO sigue siendo una institución mal comprendida, incluso entre quienes deberían conocerla bien.
La Fiscalía Europea empezó a operar en junio de 2021. No es una agencia de auditoría ni un organismo de control. Es una fiscalía, en el sentido más literal: instruye causas penales, ordena diligencias, puede intervenir comunicaciones, acceder a cuentas bancarias, y acusar ante los tribunales nacionales de los Estados miembros. En España tiene siete fiscales europeos delegados con los mismos poderes que cualquier fiscal de la anticorrupción. Su tasa de condena en los casos que lleva a juicio ronda el 95%, lo que refleja el rigor del umbral que se exige internamente antes de formular acusación.
Lo que distingue a la EPPO de cualquier fiscalía nacional no es solo su mandato europeo, sino su capacidad operativa. Puede recopilar pruebas en varios Estados miembros simultáneamente sin depender de los instrumentos tradicionales de cooperación judicial internacional. Un expediente que en el marco nacional requeriría comisiones rogatorias y meses de espera se tramita entre fiscales del mismo cuerpo, bajo el mismo marco jurídico, con acceso directo a la documentación en cada jurisdicción. Esa agilidad transfronteriza es su verdadera ventaja estructural. Antes de declarar públicamente que investiga un caso, además, realiza una verificación interna. Solo entonces activa el expediente. En Adamuz decidió además hacerlo público, algo que no hace por defecto.
Lo que investiga en Adamuz son los fondos FEDER destinados al mantenimiento del tramo de vía en el kilómetro 318,7 de la línea Madrid-Sevilla. Más de cien millones en financiación europea vinculados a esa infraestructura. La hipótesis técnica del accidente, recogida en el borrador del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, apunta a la rotura de la vía como causa probable del descarrilamiento. Un informe de Hitachi detectó una anomalía en el circuito de señalización 22 horas antes del impacto. La pregunta que hace la EPPO es: ¿el dinero destinado a mantener esa vía se gastó en mantenerla?
Aquí conviene introducir un matiz que el debate público suele ignorar. La EPPO no investiga todo lo que parece corrupción. Investiga estrictamente lo que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Cuando en 2024 intentó asumir la instrucción completa del caso Koldo, el Tribunal Supremo le dijo que no: las obras investigadas no involucraban fondos europeos en su totalidad, y la trama tenía un alcance nacional que escapaba al mandato comunitario. La EPPO tuvo que limitarse a los contratos concretos donde sí había dinero de Bruselas. Es una distinción técnica importante que a menudo se pierde en la cobertura mediática: que la EPPO investigue no significa que todo el caso sea suyo, ni que su intervención desplace a la justicia nacional.
En Adamuz, en cambio, la conexión con fondos europeos es directa y específica desde el principio. No hay ambigüedad sobre la fuente de financiación. Eso simplifica la cuestión competencial y explica por qué la EPPO actuó con más contundencia que en otros casos. La investigación está en fase inicial, con el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ejerciendo como juez de garantías. Puede concluir sin cargos. Pero la pregunta que debe responder es precisa: si los presupuestos destinados al mantenimiento de esa vía fueron ejecutados para los fines para los que fueron dispuestos. Es la pregunta central de cualquier instrucción por fraude en fondos públicos europeos.
España gestiona la segunda red de alta velocidad del mundo, financiada en parte con fondos europeos cuyo control ha descansado históricamente en mecanismos que la propia EPPO lleva tiempo considerando mejorables. Que una fiscalía supranacional tenga que llegar a completar lo que la supervisión ordinaria no encontró no es una anomalía puntual. Es una pregunta estructural que este caso pone sobre la mesa de forma difícilmente ignorable. El proceso de Angrois tardó once años. Sería razonable esperar que esta vez los mecanismos europeos acorten ese plazo. Y que las respuestas lleguen antes de que la atención mediática pase a otra cosa.