El Gobierno desoye al europarlamento en su reclamación por los jubilados con más de 40 años de cotización
La Comisión Europea alega que es un asunto nacional, pero el TJUE señala que los derechos fundamentales están por encima de las directivas
El gobierno español no ha respondido al requerimiento realizado el pasado mes de noviembre por el Parlamento Europeo en relación a los jubilados con más de 40 años de cotización. Así nos lo han confirmado fuentes del europarlamento.
El pasado 24 de septiembre la comisión de peticiones del Parlamento Europeo debatió una petición de Asjubi40, un colectivo de jubilados con más de 40 años cotizados pero penalizados por haber sido expulsados del mercado laboral antes de los 65 años. El apoyo fue unánime y el Parlamento Europeo decidió mantener abierta la petición, reclamar al gobierno español y trasladar la queja a la Comisión Europea.
El ejecutivo comunitario -que estuvo presente en el debate- también mostró su solidaridad con el colectivo, pero se escudó en que era un asunto nacional donde la Comisión no tiene competencias porque -argumenta- la directiva de no discriminación en el empleo señala “expresamente” que las decisiones en materia de pensiones son nacionales.
Sin embargo, la resolución 769/22 del TJUE señaló que el derecho primario de la carta de Derechos Fundamentales debe de primar sobre las directivas. No son adornos sino una obligación vinculante. Y la carta es clara en materia de no discriminación. La comisión no puede permanecer al margen cuando se está produciendo un castigo discriminatorio de por vida.
Porque el ejecutivo comunitario reconoce que la discriminación a este colectivo español es contraria al principio europeo de recibir en función de la contribución. Por eso la queja que también Asjubi presentó ante la Comisión Europea tiene todo el sentido.
Pero lo más inquietante es que el parlamento europeo envió un requerimiento al gobierno español el pasado mes de noviembre y hasta la fecha no ha habido respuesta. No sólo es deslealtad, sino falta de sensibilidad hacia un colectivo que tuvo que empezar a trabajar desde la adolescencia y que ahora son penalizados por haber sido despedidos antes de cumplir los 65 años.
Desde el PP europeo reclamaron a la Comisión “diálogo” para resolver la situación. Por su parte, Vox lamentó que a pesar de sus “largas carreras” y de haber cotizado “más de lo debido” estén siendo penalizados. El BNGa defendió la petición de Asjubi40 por “dignidad, justicia, ética y respeto” y Compromís denunció que no estaban recibiendo pensiones en función de su esfuerzo. El grupo socialista no participó en el debate del parlamento europeo aunque según nos informaron también son partidarios de poner fin a esta discriminación.
No reclaman privilegios. Sólo justicia. Porque reciben un castigo de por vida por haber cotizado más de 40 años “en edades equivocadas”. Si en lugar de haber empezado a los 15 hubieran empezado a los 25, los 40 años habrían permitido una cotización íntegra. ¿Por qué? Es obvio que supone una discriminación. Por eso entendemos que la Comisión Europea debe tomar cartas en el asunto.
Pero también entendemos que el gobierno español debe atender esta justa reivindicación. No atender la reclamación del Parlamento Europeo no ayuda a mejorar el diálogo entre administraciones. Y tampoco es coherente con un gobierno que presume de social pero que mantiene un castigo de por vida para un colectivo cuyo único delito es empezar a trabajar muy jóvenes. Una discriminación contraria a la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
El Parlamento Europeo fue muy explícito. Ahora queda que el gobierno español atienda las legítimas reivindicaciones y ponga fin a esta injusticia histórica. En eso confiamos. Por respeto a quienes levantaron este país en situaciones muy difíciles. Y por justicia: porque mantener una discriminación no es aceptable.
El Tribunal de Justicia de la UE también ha sido claro: los derechos fundamentales priman sobre el resto de derecho europeo. Es decir, si una directiva contradice algún principio de derecho fundamental deben de prevalecer los derechos fundamentales. Y existe un derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. Si alguien ha cotizado más de 40 años ha contribuido plenamente al sistema y no se le puede recortar su prestación.
Si el gobierno español no avanza en esta dirección serán las instituciones comunitarias las que le obliguen a hacerlo. Nuestro despacho seguirá instando a los órganos europeos en este sentido. Por primacía y efectividad del derecho europeo. Pero sobre todo por justicia.