Los expertos alertan sobre la necesidad de un pacto para sostener las pensiones
La UE ha puesto un tope del 15% del PIB, mientras España se encamina al 17,1%; el envejecimiento y baja natalidad ponen en riesgo el sistema de reparto
El sistema público de pensiones español afronta dos desafíos disruptivos: el envejecimiento demográfico, con la jubilación masiva de la generación baby boom (nacidos entre 1958-1977), y la transformación digital que altera el empleo y la financiación contributiva. Aunque España no es aún una sociedad envejecida —el 20% supera los 65 años, que en 2060 supondrán al 35% en 2060—, el aumento de la esperanza de vida (hasta 91 años para hombres y 94 para mujeres en 2066) y la baja natalidad (1,12 hijos por mujer) presionan el modelo de reparto. La inmigración mitiga el declive poblacional, pero el pico de gasto en pensiones alcanzará el 17,3% del PIB en 2051, el más alto de la UE. Estas son las principales conclusiones del estudio La viabilidad del sistema de pensiones español, presentado hace unos días por la Fundación Justicia Social (FJS).
Medidas financieras
El informe propone incrementar ingresos a través del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una suerte de cotización adicional de solidaridad que pivota sobre bases máximas (hasta 1,2% hasta 2050) y aportaciones estatales crecientes (del 23,3% en 2023). El estudio de la FJS defiende la separación de fuentes financieras, sin autofinanciación estricta, así como la lucha antifraude. Respecto a los gastos, apuesta por reforzar la contributividad con periodos de carencia estables, limita las jubilaciones anticipadas y fomenta demoras voluntarias sin elevar la edad ordinaria de retiro más allá de 67 años. La situación es compleja, pero no hay que tirar la toalla, según los expertos.
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán, defiende con firmeza el sistema actual, resaltando que hoy es sostenible y se pagan las prestaciones con normalidad, pero subrayando que requiere reformas para garantizar pensiones dignas a presentes y futuros jubilados. A su juicio, el desafío es más de ingresos que de gasto: el sistema absorbe en torno al 12,9% del PIB y la Comisión Europea ha fijado un techo del 15% hasta 2050, mientras las proyecciones apuntan a que España podría acercarse al 17% si no se corrige la trayectoria y pone en valor el Pacto de Toledo como lugar de encuentro de los interlocutores.
Cómo afrontar los retos
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señalan que “las medidas como el MEI o el incremento de las bases de cotización, dirigidas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social vía impuestos —y que no generan derechos a los trabajadores—, merman el principio de contributividad del sistema y no pueden ser la solución a un problema coyuntural como es la descompensación demográfica producida por el envejecimiento de la población”.
Para la patronal, todas las proyecciones de diferentes organismos confluyen en que la situación financiera del sistema va a ser compleja. “Se necesitan medidas para favorecer su sostenibilidad: la Seguridad Social tiene que ser un coadyuvante a la creación de empleo”, defienden. En este sentido, la tendencia general—no solo en España— es hacer compatibles fórmulas de trabajo.
En opinión de CEOE, se necesita mayor apoyo fiscal y en general unas condiciones más favorables para que los planes y fondos de pensiones despeguen. Además, en la medida en que se acuerdan en el marco de la negociación colectiva, las incertidumbres existentes, como el impacto del SMI en la estructura salarial o los continuos anuncios de reformas, no ayudan a ello.
Alfredo Aspra, socio director de Labormatters, confía en que “los mecanismos implementados hasta el momento contribuyan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones porque parten de la idea de generar nuevos ingresos y reducir los gastos”. Ahora bien, matiza el abogado, “el problema está en su diseño, puesto que “existe una gran desproporción entre lo que se recauda a trabajadores y empresas y lo que retorna a los mismos”. Para el experto laboralista “hay que evitar medidas que desincentiven la contratación de personas trabajadoras o la atracción de proyectos empresariales de calidad, lo que está ocurriendo cada vez más”. Aspra también alerta sobre “unas cada vez más limitadas competencias empresariales de lucha contra el absentismo”.
El abogado subraya que “es imprescindible cuidar y cultivar el estado del bienestar como pilar esencial de un estado democrático, social y moderno desde la solidaridad, esfuerzo y responsabilidad de todos y con visión a medio y largo plazo”, y reivindica remar en la misma dirección para lograr un nivel adquisitivo de calidad cuando se alcance el estado de la jubilación”.
Planes privados
En muchos países europeos los planes de pensiones privados, complementarios de los públicos, son una figura común. En España este modelo no tiene mucho éxito. Joaquín Merchán, los apoya “siempre que nazcan del acuerdo entre sindicatos y empresarios, como ha sucedido en el convenio de la construcción, y que se conciban como un complemento al sistema público”. Merchán subraya que la gestión debe de ser transparente y prudente teniendo en cuenta las limitaciones salariales de muchos trabajadores.
Alfredo Aspra, considera que “la negociación colectiva debería lograr abrir espacios para fijar sus propios planes de pensiones en empresas y sectores atendiendo a sus realidades”. Todo parece indicar, señala, “que este tipo de complementos irán adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el mercado laboral incluso como herramientas de atracción y/o retención de talento” señala.
La CEOE reclama unas condiciones más favorables para que los planes y fondos de pensiones despeguen. En la medida en que se acuerden en el marco de la negociación colectiva, apuntan, “están más expuestos a las incertidumbres regulatorias.
Este modelo mayor apoyo fiscal y en general unas condiciones más favorables para que los planes y fondos de pensiones despeguen. Además, en la medida en que se acuerdan en el marco de la negociación colectiva, las incertidumbres existentes —como el impacto del SMI en la estructura salarial entre otras— “tampoco ayudan a ello”.