De Gisèle Pelicot a Samuel Luiz: la vergüenza tiene que cambiar de bando en las estrategias de defensa
Testigos senegaleses cuestionados por la adquisición de la residencia y argumentos que vuelven a poner el foco sobre las víctimas llaman a un ejercicio más honorable de la abogacía
Un hilo invisible conecta estas semanas el Tribunal de Aviñón con la Audiencia Provincial de A Coruña. En ambas ciudades se están celebrando dos juicios que están tensionado los límites entre la deontología profesional de la abogacía y el derecho fundamental a la defensa de los acusados.
Por un lado, se juzga a Dominique Pelicot, el hombre de 71 años acusado de drogar a su exmujer, Gisèle Pelicot, durante una década para que medio centenar de hombres más, también acusados y con los que él mismo contactó, mantuviesen relaciones sexuales con ella. Por otro, se juzga a cuatro hombres y a una mujer, todos ellos menores de 30 años en la actualidad, acusados de asesinar a Samuel Luiz, el joven de 24 años que falleció la madrugada del 3 de julio de 2021 tras recibir una paliza en A Coruña. El jurado popular debe decidir, además, si a dos de ellos les aplica una circunstancia agravante por homofobia.
Ambos sucesos han generado una ola de indignación en España y Francia, no solo por la gravedad de los hechos enjuiciados, sino también por los argumentos de la defensa de los acusados. En el caso de Samuel Luiz, uno de los letrados le preguntó a un testigo de origen senegalés, que junto a otro trató de socorrer a la víctima, por su permiso de residencia en España. “Quiero saber cómo se tramitó, de qué manera”, dijo en sala, lo que provocó la oposición de la magistrada, que tachó la pregunta de “impertinente”. De esta forma, el letrado trató de cuestionar al testigo, insinuando que su declaración, en línea con el relato de la Fiscalía, respondía a la regularización de su situación administrativa.
En el caso de Gisèle Pelicot, algunos letrados han cuestionado que, en varios vídeos y fotografías que su exmarido le tomó, según ha reconocido, después de drogarla, mientras la penetraban, tenía los ojos abiertos o, incluso, sonreía. “Hay violaciones y violaciones”, dijo uno de los abogados, tratando de demostrar que había consentido los hechos o, al menos, que eso era lo que habían entendido sus representados. También le preguntaron por el tiempo que los acusados pasaban con ella. “¿Es que la violación es una cuestión de tiempo?”, respondió indignada. O si tenía “inclinaciones exhibicionistas”.
¿Dónde están los límites entre el derecho de defensa y la deontología profesional? ¿Este comprende también el derecho a humillar a las partes? ¿Es posible un ejercicio más honorable de la abogacía?
Preguntas capciosas
“En principio, la defensa puede utilizar todo aquello que considere que puede ayudar a los intereses de su defendido, siempre que esté relacionado con los hechos, no con la vida privada de las personas que han intervenido, ya sea la victima o los testigos”, explica Paz Lloria, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y experta en violencia de género. “La posibilidad de generar dudas sobre cómo sucedieron puede tener su razón de ser. Ahora bien, lo que no está relacionado con los hechos, no se debe tolerar, como ha hecho la magistrada en el caso de Samuel Luiz”.
El tribunal, en quien recae la dirección del juicio, tampoco debe permitir las “preguntas sugestivas o capciosas”, explica Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y contra la discriminación en Valencia. Se trata de aquellas que sugieren la respuesta (¿no es verdad que…?) o que son planteadas de forma engañosa para confundir. La fiscal incide en la facultad que la ley del “solo sí es sí” ha conferido al presidente del tribunal, que puede “adoptar medidas para evitar preguntas que afecten a la vida privada y a la intimidad sexual” de las víctimas. Esta previsión, sin embargo, no alcanza a los testigos.
El enjuiciamiento a La Manada, referido a los condenados por la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016, alumbra la frontera entre el derecho a la defensa y la vida privada. Uno de los abogados utilizó una publicación de las redes de la joven, en la que se leía “hagas lo que hagas, quítate las bragas”, para cuestionar su honorabilidad. “Si eres una chica de vida disoluta, atente a las consecuencias”, ironiza Lloria sobre una línea de defensa fracasada porque no aporta nada jurídicamente.
Perspectiva de género
Al contrario, pone el foco en la víctima, revictimizándola, incrementando su desasosiego de forma innecesaria. El caso Nevenka, la exedil que sufrió acoso sexual y laboral del exalcalde de su ciudad en el año 2000, ilustra esta situación. Nevenka no solo fue cuestionada por sus vecinos cuando denunció, también por uno de los fiscales, que le espetó que no era “la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse”.
Por eso, dice Ana Clara Belío, socia directora de ABA Abogadas, es vital que jueces y fiscales ejerzan sus funciones con perspectiva de género y clase. “Los abogados deberíamos ser más conscientes de que hay situaciones en las que todo respeto es poco”, aunque, lamentablemente, no siempre es así, reconoce.
En Francia tampoco. Hace unas semanas, una de las abogadas de los acusados por Gisèle Pelicot subió un vídeo a sus redes en el que salía bailando, con un mensaje que decía: “A todos los extremistas del pensamiento que intentan amordazarme. ¡Os lo dedico!”. En el vídeo sonaba la canción Wake me up before you go-go (Despiértame antes de que te vayas).
Aunque después se disculpó, la publicación ha sido interpretada mediáticamente como una burla a Gisèle Pelicot, drogada por su exmarido para que durante diez años medio centenar de hombres la penetraran. Las actuaciones que “rebasan cualquier principio ético mínimo” deben movilizar a las comisiones deontológicas de los colegios de la abogacía, considera la catedrática de Derecho Penal. De lo contrario, nos enfrentaremos a “una degradación de la vida pública cada vez mayor”.