La futura creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y el sector asegurador
Será creada para la defensa de los consumidores frente a las entidades financieras
El Proyecto de Ley 121/00001 creará la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y el nuevo mecanismo para la resolución extrajudicial de conflictos entre entidades y sus clientes.
Este proyecto de ley pretende, nada más y nada menos, crear una autoridad administrativa que, y a pesar de intitularse como “independiente”, será creada para la defensa de los consumidores frente a las entidades financieras. Debemos recordar que, a los efectos de esta ley, se debe entender también como entidad financiera a las compañías aseguradoras.
A nadie se le escapa que el legislador, creemos que, con buena fe, busca con este proyecto de ley solucionar un grave problema y una demanda social, como es la falta de respuesta y colapso existente tanto en los servicios de reclamaciones de los órganos supervisores como en los tribunales saturados por los pleitos de derecho bancario. Para ello, se decide imponer a las grandes compañías y bancos, un procedimiento de resolución de conflictos voluntario y gratuito para los clientes, pero obligatorio para las entidades quienes, además, deberán sufragar económicamente en gran medida y vía tasas, su actividad.
Las decisiones de esta autoridad, al resolver los conflictos en las reclamaciones de los clientes de cuantía inferior a 20.000 euros, tendrán carácter vinculante; no así las de cuantía superior, que tendrán naturaleza de Informe Pericial. Este carácter vinculante u obligatorio de la resolución para las partes, cuestión que, como bien puso de manifiesto Lázaro Cuesta de UNESPA en el coloquio, no tiene precedentes en Europa, podría parecer que ciertamente colisiona con el principio de la tutela judicial efectiva, que se resume en que solo un juez puede juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Siendo cierta esta aseveración, también lo es que el proyecto de ley salva tal escollo, abriendo la puerta a la posibilidad de que las partes, entidad financiera y cliente, puedan acudir a un juzgado civil a discutir el objeto de la resolución dictada previamente por la autoridad… Ahora bien, ¿alguien piensa que una entidad financiera va a acudir a un juzgado civil a discutir una resolución de una reclamación de pequeña cuantía (inferior a 20.000 €) de un cliente consumidor y que es emitida por una autoridad administrativa especializada en la materia? Creemos que la pregunta se responde por sí sola.
Y decimos especializada porque esta autoridad independiente, que englobará los organismos que hasta ahora gestionaban los colapsados servicios de reclamaciones tanto de Banco de España, Comisión Nacional Mercado Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros (DGS), estará compuesto por especialistas según cada materia, que deberán resolver los conflictos que demanden los clientes y usuarios, en el caso que nos ocupa, del sector asegurador.
En lo que sí coincidieron todos los intervinientes fue en expresar su inquietud ante el posible riesgo de que esta nueva autoridad pueda convertirse en un órgano fiscalizador más; así como, en la falta de ambición del legislador al dejar fuera de su ámbito de aplicación, tanto cuestiones técnicas que requieren de un dictamen pericial, como también a las grandes empresas, cuando ostentan la condición de tomadores de seguros, y los grandes riesgos. Quizá la sencilla explicación a todo ello es que este objetivo último, sin duda más ambicioso, no se llegó ni a plantear por el legislador, que persigue sin más dar respuesta a las reclamaciones por incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas o cláusulas abusivas del pequeño cliente de entidades financieras.
Por lo tanto, parece que este proyecto de ley genera ciertas dudas, como por ejemplo un aspecto tan necesario y práctico como conocer cuál será su dimensión real o cómo se llevará a cabo en la práctica la financiación de su actividad.
Aunque quizás, el principal obstáculo que tiene en estos momentos es la incertidumbre política que vivimos en España, con un ejecutivo que, aunque en este concreto punto se le podría calificar como voluntarioso, lo cierto es que en la práctica parlamentaria y por la falta de apoyos, es débil y su capacidad para sacar adelante proyectos como este, es ciertamente limitada.