El marco legal, clave en el desarrollo del almacenamiento energético
Es crucial un marco legal sólido que sirva para impulsar su crecimiento sobre unos principios de seguridad jurídica, viabilidad económica, sostenibilidad e innovación
Según los objetivos vinculantes marcados por la Unión Europea (UE) en lo que respecta a la promoción de la energía renovable, España deberá contar en 2030 con al menos un 32% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto. Un objetivo ambicioso que solo será alcanzado si se da un paso más en el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético, que permiten transformar y conservar la energía para un uso posterior.
Los sistemas de almacenamiento permiten resolver el problema de la intermitencia en la generación de energía de las fuentes renovables y favorecen la competitividad de estas fuentes en el mercado al no tener que estar generando energía en picos de alta demanda.
España ostenta por el momento un papel tímido en almacenamiento energético. El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, pendiente de aprobarse este año, ha elevado a 22GW el objetivo de almacenamiento en 2030. Sin embargo, para su cumplimiento será necesario un impulso en materia normativa.
En particular, en lo que respecta a los sistemas de almacenamiento energético en baterías independientes (o “stand alone”), uno de los más eficientes para el almacenamiento de energías renovables, su regulación sigue pendiente de completarse y está diseminada en distintas normas publicadas por diferentes organismos. Ambos factores dificultan su aplicación y provocan una situación de incertidumbre a potenciales inversores y desarrolladores nacionales e internacionales.
Una muestra de ello es el reciente Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, que introdujo novedades sobre las garantías económicas necesarias para la tramitación y obtención de los permisos de acceso y conexión para este tipo de instalaciones y sobre el plazo de cumplimiento del hito administrativo relativo a autorización administrativa de explotación definitiva. No obstante, a pesar del notable avance que supone el desarrollo legislativo de estas cuestiones tan relevantes para la instalación de este tipo de sistemas de almacenamiento, en la actualidad se están tramitando en el Congreso de los Diputados distintas propuestas de enmienda a las novedades introducidas por este Real Decreto-ley 8/2023, por lo que sigue siendo una incógnita cómo y cuándo quedarán finalmente regulados estos aspectos.
El sector también se encuentra expectante a la espera de que finalice en los próximos meses la tramitación de la nueva versión del proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por el que se establece la metodología y condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica.
Si a corto plazo el despliegue de un marco normativo completo y ordenado es uno de los principales retos a superar para promover la inversión e instalación de sistemas de almacenamiento energético, a medio y largo plazo el sector cuenta con el desafío de asegurar la obtención y suministro de materiales clave para la industria del almacenamiento energético, como puede ser el litio. Este mineral es un elemento clave de las baterías de iones de litio, un sistema de almacenamiento para energía renovables que destaca respecto a otros por su eficiencia, alta densidad energética y ciclo de vida más largo. El litio se postula como elemento estrella dentro del sector del almacenamiento energético, aunque su extracción y suministro no está exento de polémicas y dificultades.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la extracción de litio requiere el uso de grandes volúmenes de agua, algo que ya está provocando problemas de diversa índole en los principales puntos de extracción, con recursos hídricos muy limitados al tratarse de zonas áridas de Chile, Bolivia o Argentina. Desde la perspectiva de la garantía de su suministro, se prevé que en las próximas décadas la capacidad global de extracción de litio no llegue a cubrir la creciente demanda de este mineral.
Para establecer un marco que garantice un suministro seguro y sostenible de materias primas, el Consejo de Europa adoptó en marzo de 2024 un Reglamento de Materias Primas Fundamentales, entre las que se encuentra el litio. En este Reglamento, la UE no solo fija que para 2030 un 10% de las necesidades anuales de la UE de estas materias deberá cubrirse con extracción en la región, sino que también establece que un 40% deberá alcanzarse con transformación y un 15% con reciclaje. Así, la UE pretende reducir su dependencia con respecto a las importaciones de materias primas fundamentales suministradas por un tercer país, a la par que garantizar un suministro seguro y sostenible.
Dado el importante rol que tiene el almacenamiento de energía para la transición energética, resulta en definitiva sumamente crucial aumentar los esfuerzos desde el punto de vista legislativo para dotar al almacenamiento energético de un marco legal sólido, tanto nacional como regional e internacional, que sirva como base al sector para impulsar su crecimiento sobre unos principios de seguridad jurídica, viabilidad económica, sostenibilidad e innovación.
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