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El ICAM se querellará contra la Fiscalía por revelación de secretos en el caso por fraude a Hacienda del novio de Ayuso

El colegio presentó una denuncia en el juzgado de Plaza de Castilla el pasado 20 de marzo

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, presenta una denuncia contra la Fiscalía en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado miércoles 20 de marzo.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, presenta una denuncia contra la Fiscalía en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado miércoles 20 de marzo.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado este miércoles que se querellará contra el Ministerio Fiscal por revelación de secretos. El motivo es la difusión en una nota de prensa oficial del datos concretos de las comunicaciones del letrado del empresario Alberto González Amado (actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) en el marco de un procedimiento por defraudación fiscal.

El colegio ya denunció los hechos el pasado 20 de marzo en el juzgado de primera instancia de Plaza de Castilla. Ahora, tras el inicio de las diligencias, la institución anuncia a través de un comunicado que se personará como parte presentando querella en los próximos días “contra autor desconocido de los hechos, sin perjuicio de ulteriores planteamientos de competencia objetiva por razón de la persona”. Esta última advertencia hace referencia al eventual aforamiento de la persona implicada. En este sentido, respecto a la autoría del presunto delito, el ICAM ya recogía en su denuncia que “el Ministerio Fiscal “ejerce sus funciones por medio de órganos propios”. “Como quiera que tal nota emana de la Fiscalía Provincial de Madrid, habrá de estarse a la averiguación subjetiva de su autoría mediata o inmediata”, señala el colegio.

“Los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo, a juicio del ICAM, ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público -en el caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal-, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”, se explica en la nota.



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