El Gobierno vasco interviene una EPSV de decesos por presunto fraude de la administradora
Robo de 600.000 euros que aportaron 1.700 socios para cubrir los gastos de funerales
El Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco ha intervenido una Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de Gallarta (Bizkaia), dedicada a la cobertura de gastos por funerales, por un presunto fraude de su administradora.
El importe del supuesto robo asciende a 600.000 euros, aportados por los 1.700 socios de la EPSV, constituida en 1981. Estas entidades de ahorro para la financiación de enterramientos son una modalidad específica que se utiliza exclusivamente para cubrir los gastos y servicios derivados de un fallecimiento. No operan en el ámbito del complemento de las pensiones de los trabajadores que acceden a la jubilación. Esta cobertura, según las aportaciones realizadas durante la carrera laboral, propician de media un ingreso adicional al mes del 20% sobre la última nómina.
La intervención de la EPSV de Gallarta se inició tras una serie de operaciones irregulares descubiertas por la unidad de inteligencia financiera (Sepblac), dependiente del Banco de España. Comunicó los hechos a la Ertzaintza, que a su vez informó al Gobierno vasco. La investigación recayó en el Departamento de Hacienda y Finanzas, que decidió la citada intervención.
La decisión se adoptó el pasado 11 de abril, de acuerdo con las competencias contenidas en la Ley 5/2012, de EPSV, una vez que la Dirección de Política Financiera y Previsión Social confirmó, tras una declaración directa, que un miembro de la Junta de Gobierno había desviado cerca de 600.000 euros, casi todo el patrimonio de la entidad (unos 650.000 euros).
La administradora de la EPSV aprovechó su experiencia y la confianza del resto de órganos de gobierno para engañar durante varios años, según explican desde el Ejecutivo de Vitoria. Además, falseó la información enviada al Gobierno Vasco para tapar su actividad. Tras tener conocimiento de estos hechos, se establecieron medidas cautelares que obligaron a convalidar todo uso de los fondos por parte de los interventores designados por la Administración.
La Dirección de Política Financiera y Previsión Social ha asumido temporalmente el control de la entidad y en breve convocará una asamblea de socios para decidir el futuro de la EPSV. Solo quedan dos alternativas. O continuar con una nueva junta de gobierno o decidir su disolución y posterior liquidación definitiva.
Desde el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco avanzan que está gestionando una posible alternativa con una “importante” EPSV de este sector de financiación de entierros. Con la intención de que asuma la cobertura de los 1.700 socios de la entidad de Gallarta. Con especial atención a los socios “más antiguos, es decir, a los que más les afecta” el fraude que les ha dejado sin esos ahorros.
Pero desde el departamento advierten que “es muy difícil recuperar el dinero robado”. Añaden que una posible sentencia judicial favorable a los afectados, pudiera imponer una indemnización a su favor. La defraudadora debiera tener bienes suficientes para afrontar el pago del daño causado, una solución “que no es muy posible”, según constatan desde el Gobierno vasco.
La Ertzaintza inició la investigación sobre este caso tras la citada denuncia del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Había detectado “movimientos sospechosos” entre las cuentas de esta EPSV y las de un familiar directo de administradora implicada en el fraude.
El robo ha generado una reflexión en el Gobierno Vasco sobre la supervisión del subsector de EPSV para enterramientos, que está integrado en Euskadi por 29 entidades con más de 100.000 socios. Entre las medidas que se están estudiando se encuentra la reducción de ese número de entidades, la profesionalización de su gestión y la implantación de mayores demandas documentales para evitar que se repitan situaciones similares.
En 2018 se registró un fraude similar en una EPSV para coberturas sanitarias.