La competitividad de la economía española: ¿qué hacer para mejorarla?
Unas políticas fiscales y monetarias adecuadas, junto con la estabilidad del sistema financiero y un mercado laboral eficiente, contribuyen a que las empresas sean más eficientes, reduciendo la incertidumbre y creando un entorno propicio para la inversión
La semana pasada tuve la oportunidad de dar la charla inaugural en unas jornadas sobre la competitividad de la economía española organizadas por BeBartlet en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, en colaboración con el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Esta sesión, que posteriormente se convirtieron en mesas de debate, tenían como objetivo identificar las potencialidades y debilidades de España en torno a esta variable tan difícil de medir y tan fundamental para el bienestar de nuestros ciudadanos.
Aunque lo primero que resulta necesario es definir qué entendemos por competitividad, tanto su definición como su medición resultan escurridizas, lo que guarda una cierta similitud con lo que sucede del mismo modo con el concepto de productividad. Todos tenemos una comprensión intuitiva de lo que implica, pero no es menos cierto que existen múltiples definiciones y enfoques para esta variable, lo que dificulta identificar exactamente qué es y cómo medirla. Sin embargo, esta complejidad no impide que podamos establecer un marco conceptual que nos permita abordar su significado y justificar políticas y acciones destinadas a mejorarla.
Si buscamos una definición de competitividad, quizás la más cómoda para todos sería aquella que nos permite ofrecer bienes y servicios de calidad de forma eficiente y a precios atractivos. Aunque esta definición presenta dificultades de medición, como he mencionado anteriormente, sus consecuencias son muy evidentes y nos permiten evaluar indirectamente el grado de competitividad.
Así, cuando las empresas son competitivas a nivel microeconómico, ganan cuota de mercado tanto en mercados propios como ajenos. A nivel macroeconómico, un entramado empresarial competitivo se traduce en un país con empresas que generan alto valor añadido y que son capaces de aumentar su participación en los mercados nacionales e internacionales, atrayendo inversiones extranjeras. Aunque la competitividad puede ser difícil de medir directamente, sus consecuencias suelen ser muy claras.
La cuestión relevante es cómo mejorar y elevar los niveles de competitividad. Para ello, antes, es necesario identificar qué influye en esta y qué la define. En general, se pueden identificar cuatro áreas de influencia que crean un contexto favorable o adverso que afecta a la competitividad. Estos cuatro ámbitos son el contexto macroeconómico, las infraestructuras, el buen gobierno y la eficiencia productiva de las empresas.
En primer lugar, unas políticas fiscales y monetarias adecuadas, junto con la estabilidad del sistema financiero y un mercado laboral eficiente, contribuyen a que las empresas sean más eficientes, reduciendo la incertidumbre y creando un entorno propicio para la inversión y, por ende, para la mejora de su competitividad. Aquí, como veremos, el concurso de políticas responsables a todos los niveles de la administración es fundamental.
En cuanto a las infraestructuras, estas ayudan a reducir costes si son las adecuadas y están bien desarrolladas. Transporte, energía, ciencia, salud, educación y vivienda son algunas de las infraestructuras que contribuyen al avance de la competitividad.
En tercer lugar, el buen gobierno se traduce en previsibilidad para las empresas en sus acciones dentro de una relación simbiótica con las administraciones públicas. La buena regulación y la estabilidad de las instituciones políticas en un contexto de baja incertidumbre son favorables para mejorar la acción empresarial en busca de eficiencia y competitividad.
Finalmente, la cultura emprendedora, la capacidad de innovar en la gestión empresarial, la flexibilidad y los incentivos para la mejora continua, son elementos que amalgaman todos los ingredientes anteriores en un entramado productivo y empresarial que promueve la competitividad.
Así pues, si todo lo anterior se ofrece de forma óptima, las economías ofrecerán altos niveles de competitividad, bienestar y valor. En ese caso, dicha competitividad empresarial mostrará la habilidad de proporcionar productos o servicios de alta calidad a precios que compiten en el mercado, lo que, además, genera la capacidad que no solo garantiza la supervivencia a largo plazo de la empresa, sino que también impulsa el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo en ese horizonte temporal. A nivel macroeconómico, impulsará la capacidad de una nación o región para generar un entorno propicio que fomente la inversión, la innovación y el desarrollo. Un país o región que fomenta un ecosistema empresarial dinámico y receptivo se posiciona favorablemente para atraer inversiones, impulsar la innovación y crear oportunidades de empleo. Por lo tanto, la competitividad no solo es crucial para el éxito individual de las empresas, sino que también juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social a nivel nacional y regional.
En cuanto a España, esta exhibe una mezcla de fortalezas y debilidades en sus indicadores de competitividad. Si bien estos indicadores no pintan un panorama catastrófico, tampoco reflejan un motivo de orgullo. En el ámbito internacional, nuestro país se sitúa en un nivel intermedio en comparación con otras naciones evaluadas en índices como el World Competitiveness Index del IMD. Según este índice, en 2023 España ocupaba el puesto 36 entre 64 países. Entre sus puntos fuertes, se destacan las infraestructuras, a excepción del sector educativo, así como el contexto macroeconómico, aunque con excepción del mercado laboral. Sin embargo, en términos de buen gobierno y eficiencia empresarial, España muestra deficiencias significativas.
Siendo esto así, es evidente la necesidad de elaborar un plan que mejore aquello en lo que identificamos nuestras debilidades (el PRTR recoge el guante, pero debemos abordar estos objetivos más allá del entorno de los fondos europeos). Las Administraciones Públicas desempeñan un papel crucial en el impulso de la competitividad y el crecimiento económico. Tanto a nivel estatal, autonómico como local, es vital que se priorice la mejora de las infraestructuras, la inversión en capital humano a través de la educación y la formación, y el impulso tecnológico. Estas medidas son esenciales para crear las condiciones propicias que fortalezcan la productividad y la eficiencia, elementos clave para la competitividad. El buen gobierno y una regulación efectiva son fundamentales en este proceso.
A nivel europeo, la Unión Europea (UE) desempeña un papel central en la creación de un verdadero mercado único dentro de un entorno macroeconómico estable. Es imperativo que la UE no solo promueva este mercado único, sino que también garantice la estabilidad económica en colaboración con las administraciones nacionales.
Finalmente, tanto empresas como ciudadanos deben adoptar los valores del emprendimiento, la mejora continua y la formación. En un mundo marcado por tendencias globales como la tecnología y la energía, dentro de un contexto geopolítico incierto, la
capacidad de adaptación a entornos complejos y cambiantes se vuelve crucial. Todo ello garantizaría no solo crecimiento a largo plazo, sino mejora clara en el bienestar de los ciudadanos.
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