El Gobierno vincula la aprobación de los Presupuestos a la negociación de la investidura
Montero confía en tener las cuentas en enero mientras el Consejo de Ministros aprueba la subida del 0,5% adicional a los empleados públicos
La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha indicado este martes que la negociación que mantiene el Gobierno con los grupos políticos de cara a la investidura de Pedro Sánchez se extiende también a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que ha confiado en poder contar con unas nuevas cuentas para 2024 al comienzo de enero.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha indicado que la política “de diálogo y de consenso” que está desarrollando el Gobierno con los partidos políticos de cara a la investidura trata de “consolidar la gobernabilidad de España para los próximos cuatro años”, por lo que no se está hablando de materias concretas relacionadas únicamente con la investidura, sino que afecta también a la “gestión del Gobierno” para la próxima legislatura.
La titular de Hacienda, que apeló a la “discreción” en la negociación, apuntó que una vez que el Rey presumiblemente haga el encargo de negociar la investidura a Pedro Sánchez, se inicia un proceso que el Gobierno en funciones está ya trabajando y preparando de cara a la documentación necesaria para aprobar los próximos Presupuestos.
Así, recordó que el primer paso es que el Congreso y el Senado aprueben los nuevos objetivos de estabilidad de Estado, comunidades y ayuntamientos, que se dé cuenta del techo de gasto para 2024 y posteriormente se aprueben las cuentas públicas, informa Ep.
En este sentido, dijo que los planes del Ejecutivo pasan por aprobar “lo antes posible” los Presupuestos, pero admitió que habrá un “decalaje” respecto al calendario de años anteriores, por lo que confió en poder contar con ellos “en la proximidad de los primeros días de enero” para que entren en vigor con carácter retroactivo. “Pero antes tienen que ocurrir una serie de elementos que no son menores”, afirmó.
Subidas a empleados públicos y en la justicia
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubre, con efectos retroactivos desde enero, en virtud de un acuerdo firmado con CCOO y UGT que vinculaba esta subida a la evolución de la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre, que se situó en el 3,2%.
María Jesús Montero ha cifrado el coste global de esta medida en el conjunto de las administraciones públicas en unos 791 millones de euros, de los que una “pequeña parte” corresponde a la Administración General del Estado, para la que ya se había reservado un montante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de que el IPCA fuera superior al estimado.
Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevaron en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 --hasta septiembre, según el dato adelantado-- superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%).
Finalmente, el Gobierno en funciones también ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros las subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes pactadas con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia.
Así las cosas, se prevé que próximamente se haga efectivo el incremento salarial que debía haberse hecho efectivo el pasado julio para los LAJ y este octubre en el caso de jueces y fiscales.
Según ha explicado Montero, “esta subida salarial se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar todo lo que es el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024″.
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