Qué supone la más que probable prórroga de los Presupuestos

La novena prórroga de cuentas públicas no compromete la subida de las pensiones, los salarios públicos o las partidas sanitarias. Mantiene el compromiso con la reducción del déficit y la deuda

Madrid -
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), entrega el 'libro amarillo del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023' a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (d), en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2022.Eduardo Parra (Europa Press)

La decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública de no plantearse la presentación de un techo de gasto para 2024, el primer paso para el inicio de la tramitación presupuestaria, hasta que no haya definido un nuevo Ejecutivo, es un claro aviso a navegantes que anticipa una prórroga de las Cuentas de 2023.

Desde la instauración de la democracia se ha procedido en ocho ocasiones a una prorroga de las cuentas públicas, si bien los últimos presupuestos del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro de 2018, pasarán a la historia como los más longevos tras haber estado en vigor durante tres ejercicios consecutivos, hasta que fueron sustituidos en 2021 por los primeros de la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Tras las consultas del Rey Felipe VI con los distintos representantes políticos, propuso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para la investidura, aunque cuenta con pocas probabilidades de salir adelante. Si es así, le tocará el turno al presidente en funciones, Pedro Sánchez que a priori cuenta con mayores apoyos. Sea uno u otro el encargado de formar gobierno, el factor tiempo dejaría en el dique seco cumplir con el trámite presupuestario en plazo.

De no alcanzar un acuerdo de Gobierno, los nuevos comicios se celebrarían en diciembre o en enero del próximo año, otro argumento de fuerza para la prórroga.

Proceso elaboración PGE

El inicio de la elaboración de las cuentas públicas se inicia en julio y lleva de la mano la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como a la Comisión Nacional de Administraciones Locales, que son los dos órganos donde tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos son informados de sus objetivos de déficit, para que ya inicien sus presupuestos y se ciñan a esas cifras. De esta manera el anteproyecto debería estar listo antes de que finalice septiembre, para su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, previa tramitación parlamentaria que suele durar cerca de tres meses. Algo que a todas luces es prácticamente imposible.

Un eventual Gobierno socialista, además, afrontaría el veto de un Senado con mayoría absoluta del PP, que no imposibilitaría pero si complicaría la aprobación.

Los Presupuestos Generales del Estado es la norma que constituye el conjunto de la política económica del Ejecutivo, donde se contemplan las inversiones comprometidas, la fiscalidad, las pensiones, las partidas sanitarias o las prestaciones de desempleo y supone el verdadero barómetro del estado del Gobierno.

La prórroga no supone en si mismo un problema profundo para la economía, ya que la prórroga siempre lleva consigo un conjunto de decretos en los que se desarrollan los ajustes de una cuentas que fueron aprobadas un año antes y que por lo tanto deberían tener encaje en el ejercicio posterior.

Para José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, la prórroga de un presupuesto “es algo a lo que estamos acostumbrados, ya se ha producido en varias ocasiones y no pasó nada irremediable”. “Desde mi punto de vista, la actual situación de inestabilidad política y probable repetición electoral provoca más quebranto a la economía que la prórroga presupuestaria en sí misma”.

Reglas fiscales y fondos europeos

Los PGE-2024 estarán supeditados al cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas que se definirán y aprobarán antes del fin de la presidencia europea española y que servirán para vigilar más de cerca la evolución del déficit público que deberá tender hacia el 3% del PIB, al tiempo que la ratio de deuda debería reducirse hacia una ratio del 70% del PIB, objetivo ambicioso y de cumplimiento más bien a largo plazo si se tiene en cuenta que la actual ratio está en España en el 113% del PIB.

Pero es que tras las diferentes medidas puestas en marcha para hacer frente al Covid en un primer momento y a los efectos de la guerra posteriormente, han elevado esta variable a niveles históricos.

Seguirán las dotaciones de los fondos europeos, cuyos efectos económicos se prevén se prolonguen hasta 2026. Para Corrales “la flexibilidad que se prevé en las reglas fiscales jugarán a favor de la economía española, ya que no serán de obligado cumplimiento, algo que entre otras cosas no le conviene a ningún país, como es el caso de Alemania, ahora en una situación económica ciertamente complicada”.

Con carácter retroactivo

La prórroga de los presupuestos de 2023, como todo parece apuntar que se producirá, no será la única alternativa con la que cuente la constitución de un nuevo Gobierno. Con carácter urgente y ante la imposibilidad de tener un presupuesto nuevo aprobado para el 1 de enero de 2024, se abre una doble vía. La primera agotar el ejercicio con las cuentas prorrogadas del año anterior. La segunda, intentar elaborar unas nuevas cuentas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, donde se recojan las nuevas medidas económicas, que en el caso de gobernar el PSOE, se ha comprometido a lo largo de los últimos meses.

Partidas de gasto

La repetición de las cuentas de 2023 en 2024 no debe suponer problema alguno para cumplir con los compromisos de gasto adquiridos por el Gobierno. La revalorización de las pensiones en función del IPC está asegurada, siendo incluso una medida de menor cuantía al esperarse una inflación inferior a la de 2022 (8.4%). Lo mismo sucedería con el compromiso de incremento de los salarios públicos. Además a partir del 1 de enero dejarían de aplicarse una serie de medidas para hacer frente a la inflación como la rebaja del IVA de determinados alimentos, la electricidad y el gas. Montero ya adelantó el compromiso de cumplir con el déficit al bajarlo al 3% antes de lo previsto, al tiempo que se mantendrían las medidas de carácter tributario.

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