Bruselas propone para cada país una senda fiscal propia pero exige un ajuste anual del déficit del 0,5%
Mantiene los objetivos de que la deuda y el déficit no superen el 60% y el 3% del PIB
Las reglas fiscales de la Unión Europea que ponen límites a la deuda y al déficit público de cada país volverán a hacerse efectivas a partir de 2024 tras varios años congeladas, primero por la pandemia y después por los efectos de la crisis energética y de precios. Pero las bases no serán las mismas que antes. Este miércoles, la Comisión Europea ha presentado su propuesta de rediseño del marco normativo, basada en una senda propia por país con la intención de que cada socio se acerque a los límites que fijan el déficit público en el 3% del PIB y la deuda, en el 60% del PIB. “Las situaciones fiscales, los desafíos y las perspectivas económicas varían mucho entre los 27 Estados miembros de la UE. Por lo tanto, un enfoque único para todos no funciona”, explica Bruselas.
Cada uno de los 27 países redactará su propio plan con sus vías de ajuste fiscal. Estos se formularán en términos de objetivos de gasto plurianuales, que serán el único indicador operativo para la supervisión fiscal, simplificando así las reglas. Los documentos nacionales, eso sí, serán evaluados por la Comisión y aprobados por el Consejo (los 27 países) sobre la base de criterios comunes de la UE. Esta es, al menos, la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, que tiene que ser validada ahora por los países y por la Eurocámara. De entrada, Bruselas propone dos casuísticas.
Para cada Estado miembro con un déficit público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB, como es el caso de España, la Comisión publicará una “trayectoria técnica” propia que buscará asegurar que la deuda se sitúe en una senda plausiblemente descendente o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se reduzca y mantenga por debajo del 3% del PIB en el medio plazo.
Es decir, los valores de referencia del 3% y el 60% del PIB para cada uno de los indicadores se mantendrán sin cambios. Además, mientras cada plan nacional esté vigente y el déficit supere este techo, deberá implementarse un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB anual como referencia. En paralelo, los Estados miembros que se beneficien de un período de ajuste fiscal ampliado tendrán prohibido que el gasto público neto crezca por encima su PIB, a la par que deberán asegurarse de que el esfuerzo fiscal no se posponga a años posteriores, sino que se reparta de forma proporcional durante todo el periodo corrector.
El año 2022 en España, indudablemente marcado por la crisis inflacionista y el despliegue de gasto público para hacerle frente, cerró con un déficit público del 4,8% sobre el PIB y un ratio de deuda pública del 113% sobre la riqueza nacional. Son dos niveles sustancialmente superiores a los límites que recomiendan las reglas fiscales. El problema, según han denunciado en varias ocasiones organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), es que España no cuenta con un plan realista y sostenido de consolidación fiscal en el medio y largo plazo, algo que hace imposible sanear las cuentas públicas.
Por su parte, en el caso de los países con unas finanzas públicas más saneadas, la Comisión proporcionará información técnica para garantizar que el déficit público se mantenga por debajo del valor de referencia del 3% del PIB también a medio plazo.
La revisión también introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembros que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras. Estas cláusulas permitirán desviaciones de los objetivos de gasto en caso de una recesión económica grave en la UE o en la zona del euro en su conjunto o en circunstancias excepcionales que estén fuera del control del Estado miembro y que tengan un impacto importante en las finanzas públicas. El Consejo, en base a una recomendación de la Comisión, decidirá sobre la activación y desactivación de estas cláusula.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos aseguraron tras conocer la propuesta que el Gobierno pondrá ”el máximo esfuerzo” en crear consensos en torno a la reforma de las reglas, con vistas a lograr un acuerdo durante la residencia española del Consejo de la Unión Europea. La idea de Bruselas da cierto margen a los países con más desequilibrios para sanear sus cuentas, algo que reclamaban socios como España. Sin embargo, también intenta contentar a otros como Alemania al fijar exigencias de reducción del déficit.
“La propuesta recoge el cambio de paradigma que planteaban España y Holanda en abril del año pasado, basada en la importancia de tener un enfoque diferenciado por países, adaptado a los retos futuros e inspirado en el modelo de gobernanza de los Planes de Recuperación, con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal de forma favorable al crecimiento mediante compromisos e incentivos para inversiones y reformas”, indican desde el departamento que dirige Nadia Calviño. “El paquete presentado por la Comisión avanza también una propuesta para cumplir con el mandato del Ecofin de buscar salvaguardas que aseguren una reducción de deuda suficiente y eviten posponer los ajustes. Vamos a poner el máximo esfuerzo en crear consensos e impulsar el proceso legislativo durante la Presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del año con vistas a lograr un acuerdo”, añaden.
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