La deuda pública de España superará el 100% del PIB durante al menos una década más
Funcas pide reformar el sistema de financiación autonómica para ayudar a rebajar los niveles de endeudamiento
La Comisión Europea ha pedido oficialmente a los Estados miembros que reajusten su política fiscal a partir de 2024 para que el déficit público se sitúe en el objetivo máximo del 3% del PIB. El objetivo de Bruselas es que los socios vayan equilibrando sus cuentas para reducir poco a poco unos niveles de deuda que se han situado en cotas inusualmente elevadas tras las crisis económicas derivadas del Covid-19 y de la escalada de los precios. Esta meta, sin embargo, tardará en llegar. España, que cerró 2022 con un endeudamiento cercano al 115% del PIB, no logrará bajar la ratio del 100% en al menos una década aun haciendo los deberes.
Las previsiones se recogen en uno de los capítulos del último número de los Papeles de Economía Española, un documento elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). En él, los autores calculan los esfuerzos fiscales que se requerirían para alcanzar diferentes objetivos de endeudamiento. En concreto, se han estimado tres escenarios: una deuda pública del 60% del PIB, otra del 80%, y una última del 100%. El primer objetivo es el que recogen las reglas fiscales comunitarias vigentes, actualmente congeladas para permitir a los Gobiernos recurrir al gasto público. Los otros dos escenarios, explican los autores, “carecen de respaldo normativo”, pero pueden servir como base para una reducción paulatina del desequilibrio fiscal.
El documento, firmado por Raquel Lorenzo y Javier Pérez, del Banco de España, y Diego Martínez López, de la Universidad Pablo Olavide y Fedea, analiza la situación de las principales economías europeas teniendo en cuenta sus ratios actuales de deuda y la media de sus saldos públicos primarios. En el caso de España, habida cuenta de que el déficit se sitúa a día de hoy en torno al 4%, el “escenario más posibilista” consistiría en rebajar la deuda hasta el 100% del PIB durante los próximos 10 años. Esto sería factible porque supondría un “esfuerzo fiscal viable” que se sustentaría, eso sí, en una revisión del gasto público y en un aumento de los ingresos.
Otros objetivos más ambiciosos directamente podrían descartarse, ya que para lograrlos serían necesarios unos “superávits fiscales de una magnitud desconocida en perspectiva histórica”.
Por ejemplo, si España quisiese reducir la deuda al 60% del PIB en cinco años necesitaría un saldo fiscal positivo de entre el 8% y el 9%. Por su parte, para llegar a este objetivo en dos décadas haría falta un saldo del 1,3% del PIB. El otro objetivo, de una deuda que suponga el 80% del PIB, requeriría de un superávit del 5% durante un lustro y de otro del 2% para alcanzarlo en una década.
La situación de España, sin embargo, no es única en Europa. Francia e Italia, que tampoco han conseguido un saldo público positivo desde el punto de vista estructural “en la última década”, también tardarían muchos años en reequilibrar sus cuentas públicas, algo que de nuevo estaría fiado a revertir la tendencia del déficit.
En todo caso, recalcan los autores, “cualquier proceso de consolidación fiscal en los próximos años requerirá actuar de manera decisiva por el lado de los ingresos y del gasto público”. El debate también estará condicionado por las nuevas reglas fiscales que pacte Bruselas con los socios, así como en los plazos que tendrán las capitales para reconducir sus saldos públicos.
Los tres autores, no obstante, recuerdan que el contexto actual proporciona una cierta oportunidad para poner en marcha este proceso de reconducción financiera, en la medida en que la recepción de los fondos europeos en los próximos años permitirá mantener el esfuerzo inversor de las Administraciones Públicas y aumentar el potencial de crecimiento de la economía española.
Autonomías
Dentro de las medidas que debería abordar España para reducir sus niveles de deuda se encontraría la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace casi una década. Es otra de las conclusiones del documento elaborado por Funcas, que asegura que una eventual reforma podría reforzar la suficiencia tributaria de las comunidades para contribuir a reducir su deuda. En este caso, el capítulo lo firman Jorge Onrubia y Jesús Sánchez-Fuentes, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y Fedea. Según los datos que aporta Funcas, el endeudamiento conjunto de las comunidades autónomas se situaba en el 6,7% del PIB en 2008 y ha pasado al 25,9% del PIB en 2021.
“El crecimiento continuado de la deuda pública acumulada por las comunidades autónomas desde 2009 se ha convertido en un problema de primera magnitud que compromete la sostenibilidad financiera del sistema autonómico y, por extensión, la del conjunto del país”, detalla el documento, que también incide en la falta de eficiencia en la gestión del gasto público. En este punto, los autores proponen crear un mecanismo de estabilidad financiera que complemente el futuro sistema de financiación autonómica, precisamente para amortiguar las fluctuaciones en los ingresos aportados a las comunidades.
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