Las ofertas por Tubos Reunidos coinciden en el bloqueo que supone la deuda de 150 millones con la SEPI
La sociedad pública representa casi la mitad del pasivo de la compañía en concurso de acreedores
Los representantes sindicales de Tubos Reunidos (TR) han tenido este miércoles una reunión con los responsables de PKF Attest, administrador del concurso de acreedores de la siderúrgica y de esta reunión ha trascendido que los cinco grupos que han presentado ofertas por los activos del fabricante de tubos sin soldadura coinciden en solicitar la quita de la deuda de 150 millones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Supone casi la mitad del pasivo de unos 300 millones.
Hasta el momento, la sociedad pública se ha mostrado reacia a aliviar esa carga a la empresa de Amurrio (Álava). Procede de una línea de financiación en condiciones especiales de casi 113 millones. Un importe que ahora alcanza los 150 millones citados por los intereses generados.
El apoyo de SEPI a TR se realizó al considerar que era una empresa estratégica para el país, al ser uno de los productores de tubos sin soldadura de España (el otro es Tubacex). La situación se complica porque ese macro crédito está siendo investigado por la Audiencia Nacional a cuenta del caso Leire Díez, sobre una supuesta trama de corrupción ligada al PSOE. la investigación también alcanza a ex directivos y gerentes en activo de TR.
La solución al bloqueo de la deuda podría estar en que la magistrada María Teresa Trinidad, al frente del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria que tramita el concurso, dictara un auto en el que declarara inasumible la deuda de SEPI.
Una determinación que ya cuenta con precedentes en casos similares, según fuentes de los juzgados. El apoyo se articuló a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de SEPI, cuyos técnicos buscan una solución que permita la viabilidad de TR, para garantizar su continuidad y los actuales niveles de empleo.
El problema es que la financiación otorgada a la siderúrgica vasca está basada en la normativa de la Comisión Europea. Tiene consideración de ayuda de Estado y una quita supondría una nueva ayuda pública para los reguladores comunitarios, según fuentes conocedoras de la política de Bruselas en relación con estos procesos.
El margen legal de actuación que tiene el FASEE permite alargar el plazo de devolución del préstamo, una ampliación de la amortización del crédito a la que SEPI no ha puesto problemas, según fuentes del concurso de acreedores.
Los representantes sindicales también se reunirán a lo largo de este miércoles con los responsables de los cinco grupos que han realizado ofertas sobre la totalidad o parte de los activos de TR, para conocer en profundidad esas propuestas.
Solo un planteamiento abarca la adquisición de las dos fábricas. La de Amurrio, que tiene una acería prácticamente nueva, y la de Trapagaran (Bizkaia), sin instalaciones de cabecera. La red fabril se completa con una planta de roscado de tubos en Iruña de Oca (Álava) y con otra de procesos de acabado en Texas (Estados Unidos), donde se completan los equipos que se fabrican en Euskadi.
Estos tubos importados por el país norteamericano sufren unos aranceles del 50%, impuestos por su presidente, Donald Trump, en su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. En el primero también implantó un escudo comercial a las importaciones de productos de aluminio y acero.
Los cinco grupos que participan en la puja por TR plantean recortes de plantilla (está integrada por 1.300 trabajadores) y cambios en las condiciones laborales. Oficialmente no ha trascendido su identidad, pero están interesados Sidenor, Tubacex y la corporación india Welspun.