El Gobierno transforma el FROB en agencia antiblanqueo y hará depender la participación pública en CaixaBank de Economía
El Ejecutivo fusionará la entidad con el Sepblac y traspasará las funciones al Banco de España y la CNMV
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una reforma integral del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB). Este organismo ha sido el encargado durante la crisis de la resolución y liquidación de entidades financieras, de modo que es el propietario del 18,1% del Estado en CaixaBank y de la Sareb. Tras este cambio, estas participaciones pasarán a depender directamente del Ministerio de Economía y el FROB, que se fusionará con el Sepblac, se centrará en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este anteproyecto incluye creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que contará con un sistema de financiación propio y no dependerá de los Presupuestos.
La Anifi unificará las competencias que hoy se reparten entre el Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. De esta forma, la nueva autoridad independiente integrará las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera (el Sepblac), supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad, como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).
Esta nueva autoridad se construirá sobre la estructura del actual FROB, que cambia su perímetro de actuación y deja de ser la autoridad de resolución de entidades bancarias. Esta función se traspasará a las autoridades que ya ejercen la resolución preventiva —el Banco de España, para las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para las empresas de servicios de inversión—, de modo que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a la participación pública en CaixaBank, seguirá dependiendo de la sociedad BFA Tenedora de Acciones, si bien esta dejará de ser una filial del FROB y pasará a colgar directamente del Ministerio de Economía. Mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental a la que se traspasarán también las acciones de Sareb y continuará ejerciendo sus derechos como accionista de la misma forma que hasta ahora. El plazo límite para desinvertir la participación en CaixaBank expira a finales de 2027, si bien puede volverlo a prorrogar como ya ha hecho en el pasado.
El Ejecutivo ha detallado que Anifi dispondrá de un sistema de financiación propio que no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se nutrirá de una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga, que destinará a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de cooperación internacional.
Hasta ahora, el FROB venía reclamando un cambio en su modelo de financiación, ya que las tasas que cobraba estaban ligadas a las contribuciones que abonan los bancos al Fondo Único de Resolución (FUR). En los dos últimos años, este fondo se había completado, por lo que los ingresos por este concepto habían sido cero. El FROB había financiado su actividad, fundamentalmente, con los dividendos obtenidos de CaixaBank.
Según el Ministerio, la reforma que se plantea persigue un doble objetivo: reforzar la arquitectura institucional con la creación de una autoridad especializada e independiente (la Anifi), y adaptar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La reforma actualiza también la normativa para adaptarla a los estándares europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se refuerza la transparencia sobre la titularidad real, con nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central; y se endurecen los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Asimismo, se refuerza el control de los movimientos de efectivo. El anteproyecto, aprobado en primera vuelta, se someterá ahora a audiencia e información pública antes de continuar su tramitación.