El juez amplía hasta noviembre el plazo para que los acusados del caso BBVA presenten sus escritos de defensa
Los abogados alertaron de la falta de acceso a todo el sumario de la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
Los escritos de defensa de los acusados por los espionajes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para BBVA podrán esperar. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ampliado el plazo de presentación de los argumentos que sustentarán sus estrategias para defender su inocencia en estos hechos que se juzgarán por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. El órgano judicial dirigido por el magistrado Antonio Piña ha dado hasta principios de noviembre para que los abogados de BBVA y 15 personas, entre ellos ocho ex altos cargos del banco y el propio expolicía, presenten esos escritos.
De acuerdo a una diligencia de ordenación emitida este jueves por la letrada de la Administración de Justicia del órgano judicial, a la que ha tenido acceso Cinco Días, el juzgado ha dado plazo hasta el próximo 5 de noviembre, “ponderando la complejidad de la causa y la necesidad de salvaguarda del derecho de defensa, con la necesidad de evitar dilaciones indebidas y el retraso acumulado en la elevación de las actuaciones".
El juez Antonio Piña dictó el pasado 9 de julio el auto de apertura de juicio oral, en el que recogió las peticiones de penas de prisión de las acusaciones ―el líder de la asociación bancaria Ausbanc, Luis Pineda, advirtió al magistrado del olvido de su solicitud― y abrió el trámite procesal para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional busque hueco para que ponga fecha de juicio. En este contexto, también dio un plazo de 10 días para la presentación de los escritos de defensa.
Sin embargo, los abogados del BBVA, del expresidente la entidad Francisco González, del exconsejero delegado Ángel Cano, así como de varios de los directivos acusados y del expolicía Antonio Bonilla (persona cercana a Villarejo que mantuvo los contactos con el banco cuando el comisario jubilado entró en prisión provisional) manifestaron sus quejas al juzgado acerca de que no tenían acceso a toda la documentación aportada a la causa.
Por ello, instaron a que este plazo no comenzara a correr hasta que se subsane el problema y que dilate dicho tiempo de presentación de escritos hasta los 90 días hábiles. El juez ha atendido estas peticiones y, aunque no ha dado tanto margen, ha estimado que hasta el 5 de noviembre hay tiempo suficiente para que los abogados preparen la estrategia de defensa y soliciten la prueba que estimen oportuna, entre ella la proposición de testigos y reproducción de documentos.
El banco se sentará en el banquillo como persona jurídica ―la única empresa del Ibex 35 investigada por el caso Villarejo que irá a juicio― por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía Anticorrupción, que lleva el peso de las acusaciones como órgano público y por haber sido parte fundamental de la investigación, solicita para la entidad una multa de 181,1 millones de euros. El juez que instruyó esta causa, Manuel García Castellón (ya jubilado), y los fiscales concluyeron que el sistema de prevención de delitos no funcionó correctamente, ya que dejó al margen de control la actuación de la presidencia ejecutiva y la alta dirección en relación a los encargos que hicieron a Villarejo durante más de 10 años.
En el caso del expresidente Francisco González, a quien se le atribuye la orden de contratar a Villarejo, será juzgado por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. El Ministerio Fiscal pide para él 173 años de prisión.
Por estos mismos delitos también se enfrentarán a la vista oral otros siete exdirectivos del banco: Ángel Cano, consejero delegado en la época de los hechos; Julio Corrochano, exjefe de Seguridad Corporativa y a quien se le atribuye ser el enlace entre BBVA y Villarejo; Antonio Béjar, exresponsable de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN); Eduardo Arbizu, quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad; José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del banco; el magistrado Eduardo Ortega, exdirector de los servicios jurídicos de BBVA; y Joaquín Gortari, quien fuera jefe de gabinete de González y responsable global de Auditoría Interna.
También figura en la lista Óscar Santos Touche, empleado de la entidad que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el policía jubilado ya estaba en prisión provisional. Con respecto a mandos policiales o personas cercanas al comisario jubilado, el juez señala que serán juzgados el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en el Grupo Cenyt (el entramado empresarial desde que se realizaron los trabajos de investigación); el expolicía Antonio Bonilla; José Santiago Sánchez Aparicio, ex comisario general de la Policía Judicial; Manuel Vázquez López, el ex comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; así como un agente de policía.