La CNC alerta de una crisis en la obra pública con 1.900 contratos desiertos o con una sola oferta en el primer semestre
Ayuntamientos y comunidades autónomas son las administraciones más afectadas, ante lo que la confederación de la construcción reclama la revisión de precios en los pliegos
El incremento de costes en la obra pública por el encarecimiento de materiales básicos y de la energía está dejando centenares de licitaciones desiertas en España. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado esta mañana un informe que aflora una media de 180 concursos sin concurrencia mes a mes desde que comenzó el año. La totalidad de los procesos fallidos que han podido ser identificados alcanza los 1.130 y la suma de sus presupuestos es de 707 millones de euros, con una media de 625.000 euros por proyecto que, de momento, quedan en el limbo.
“El problema está muy por encima de lo que ya vivimos entre 2022 y 2023 por la guerra en Ucrania, con un 16% más que entonces en licitaciones desiertas cada mes y una cifra de presupuesto en solo en seis meses, de 707 millones, cercana a los 882 millones que se registró en un año entero”, ha señalado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, en un encuentro con medios de comunicación.
El colectivo duda sobre la respuesta del sector constructor a la oleada de concursos que se avecinan para levantar vivienda protegida o a los contratos que el Ministerio de Transportes va a poner en juego para el refuerzo de firmes en carreteras. También sobrevuela sobre la obra pública en marcha el riesgo de ralentización de trabajos e incluso de abandonos. A las constructoras no les salen los números, se insiste también desde las asociaciones Anci y Seopan, por los sobrecostes acumulados en los últimos meses. Detrás de la fuerte presión en costes a pie de obra está el conflicto en Oriente Próximo y la inflación desatada.
Las más de 1.100 licitaciones desiertas se reparten en un 80% entre administraciones locales y comunidades autónomas, a lo que se suman 747 contratos entre enero y junio por los que ha pujado un solo licitador. Los presupuestos de estos últimos arrojan una suma de 448 millones. Son, por tanto, 1.877 procedimientos en la primera mitad del año sin concurrencia o con una sola oferta, cuyos presupuestos base alcanzan los 1.155 millones. Fernández Alén lo explica en buena parte “por la falta de cláusulas de actualización de precios; una obra puede poner ahora en serias dificultades a cualquier constructora”. Esta crisis en la licitación pública alcanza especialmente a pequeñas y medianas constructoras, a la vista de que predominan las licitaciones desiertas con presupuestos inferiores a los 500.000 euros (un 82% del total).
El sector de la obra pública se ve impactado desde el 28 de febrero, con el primer misil de EE UU que impactó en Irán, por una fuerte inflación instalada entre los materiales básicos y el precio de la energía, lo que está generando desviaciones presupuestarias en proyectos en ejecución, otros aún en licitación y la referida situación de obras que no pueden ser adjudicadas. “En los contratos por debajo de 500.000 euros no se requiere la clasificación como contratista, por lo que no hay barrera alguna de entrada en los concursos. Que queden desiertas esas licitaciones llama mucho la atención”, ha subrayado el presidente de la CNC.
Señales de alarma
Los registros que maneja la organización sectorial indican que un 33% de las licitaciones de obra pública en España se saldan con una única oferta, lo que está 18 puntos porcentuales por encima de la media de la UE, donde las autoridades ven insatisfactorio que se supere el 20%. “Algo estamos haciendo mal en la contratación pública”, ha aseverado Pedro Fernández Alén. La Comisión Europea lee en la falta de concurrencia señales de peligro, como barreras de acceso con altos criterios de solvencia, falta de atractivo económico de los contratos e incluso favoritismo o colusión. De los 747 contratos detectados con un solo ofertante, 245 están localizados en Galicia, hay 222 en la Comunidad Valenciana, y 161 en Asturias. Pero el mayor de esos proyectos que fue entregado a una única ofertante es andaluz, el de las obras del centro de microelectrónica de Málaga, adjudicadas a la UTE de OHLA, Sando e Intercon el pasado mes de mayo por 163 millones. No tuvieron rival pese al calado del presupuesto.
Además de cientos de obras pequeñas que se quedan sin constructora, la CNC tiene registrados proyectos por encima de los 30 millones de presupuesto que también han fracasado al salir a concurso, como “la construcción de una nave en El Prat por 48 millones; la Ciudad de la Justicia de Valladolid, con un presupuesto de 35 millones; la construcción de depósitos y conducciones de combustibles en Cádiz, por la que se presupuestaban 32 millones; o un proyecto de vivienda protegida en Las Palmas de Gran Canaria valorado en 30 millones”, ha enumerado el representante de las constructoras.
Las Comunidades Autónomas más afectadas por el problema de las licitaciones desiertas en el primer semestre han sido Andalucía (284), Cataluña (199), Comunidad Valenciana (127) y Extremadura (106 concursos sin ofertas). Estos cuatro territorios acumulan el 63% del total.
Antes del conflicto en Oriente Próximo, y tomando índices oficiales, los costes en la edificación habían subido ya entre un 31% y un 35% de 2016 a diciembre de 2025 (dependiendo de la tipología de obra y de la intensidad de uso de materiales); el alza de costes en proyectos de carreteras se movía entre el 36% y el 43%; en la obra hidráulica se ha daba una escalada del 28% al 34%; el aumento de costes era del 30% al 37% en el ferrocarril, y estaba entre el 30% y el 36% en proyectos de urbanización.
El sector urge a las administraciones locales y autonómicas, también al Ministerio de Hacienda, que se restaure la revisión de precios en las licitaciones, figura que saltó de los pliegos en la crisis financiera con la Ley de Desindexación. Las constructoras dicen estar atenazadas por la inestabilidad económica y geopolítica, que impacta en los costes de proyectos con largos plazos de ejecución. Los trabajos se llevan hasta 60 meses en el ferrocarril, 72 meses en metro y tranvía, y alcanzan los 48 meses en una obra aeroportuaria, en puertos y centros sanitarios. La CNC califica la situación de “asfixiante para miles de constructoras, que se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre”.