Nuevo revés judicial a Santa Bárbara: el Supremo rechaza la ampliación del recurso para detener los préstamos a Indra
La compañía había presentado su solicitud el 1 de abril contra las dos órdenes ministeriales para la realización de los pagos, pero ya estaba fuera de plazo
Nuevo varapalo para el fabricante de armas Santa Bárbara por un fallo de forma en su cruzada judicial contra la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano. El Tribunal Supremo ha desestimado la ampliación del recurso que la filial española de la estadounidense General Dynamics había presentado contra las ayudas que el Ministerio de Industria había concedido a las dos empresas españolas, para el desarrollo y fabricación de la nueva artillería sobre ruedas y cadenas del Ejército de Tierra, según un auto fechado el 1 de junio al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, dicha ampliación del recurso fue dirigida contra las dos órdenes ministeriales del pasado 12 de diciembre que otorgaban a la UTE dos préstamos plurianuales por un valor conjunto de 3.002 millones de euros.
Santa Bárbara alegó en su escrito que tuvo conocimiento de las órdenes ministeriales el 10 de marzo, gracias al traslado de un escrito de la Abogacía del Estado. Posteriormente, el 1 de abril, solicitó la ampliación del recurso, pero esta ya se encontraba fuera de plazo. El alto tribunal señala que Santa Bárbara no tenía por qué ser informada de dichas órdenes, ya que de las mismas solo tenían que ser informadas las propias beneficiarias (es decir, Indra y Escribano).
“La sociedad recurrente no es destinataria de las órdenes de concesión de los préstamos que se dirigen exclusivamente a las UTEs beneficiarias designadas en el RD 915/2025, que son las únicas partes del procedimiento de concesión regulado en el artículo 7 del propio Real Decreto. Ni tampoco tiene la condición de interesada en el procedimiento de concesión de préstamos, cuestión distinta es que pueda ostentar un interés legítimo para su impugnación. En consecuencia, la Administración no tenía obligación alguna de notificar personalmente a Santa Bárbara las órdenes ministeriales, lo que resulta coherente con la propia naturaleza de dichos actos, dirigidos exclusivamente a sus destinatarios”, indica el auto, en el que se impone a la filial de General Dynamics el pago de las costas.
Este varapalo no supone el fin del conflicto judicial, ya que sigue adelante el recurso contencioso-administrativo contra el real decreto por el que se regula la concesión directa de estos préstamos que servirán para financiar dos proyectos de artillería que, en conjunto, están valuados en 7.240 millones de euros. Para el principal de ellos, el de la artillería sobre cadenas (4.554 millones), Indra ha llegado a un acuerdo con la surcoreana Hanwha para que esta le permita transformar su plataforma K9, ampliamente utilizada por los ejércitos de la OTAN. Santa Bárbara, por su parte, aspiraba a vender al Estado su modelo Némesis, basado en la plataforma Ascod.
A su vez, Santa Bárbara tiene de plazo hasta el 17 de junio para presentar ante la Audiencia Nacional un recurso contra los contratos en sí mismos. Esta nueva vía se abrió después de que el Ministerio de Defensa rechazara el recurso de alzada presentado por Santa Bárbara, ya que, según el ministerio, la adjudicación se desarrolló “con pleno respeto a la legalidad vigente”. Defensa añadió entonces que “las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea”.
La relación entre la filial de General Dynamics y Defensa no pasa por su mejor momento, ya que a estos recursos se suma la congelación de los contratos de mantenimiento de los carros de combate Leopard y los sistemas de artillería SIAC, actividades que se desarrollan en la planta sevillana de Santa Bárbara. Allí, la compañía ha despedido ya a 12 personas, sumará otras 20 este mes y, de no cambiar la situación, realizará otros 70 despidos hasta final de año en una fábrica que cuenta con una plantilla de 350 personas.