El Santander gana en el Supremo la disputa contra Ángel Ron y Francisco Gómez por sus prejubilaciones
El banco reclamó al expresidente del Popular y al ex consejero delegado 22 millones que recibieron un año antes de la caída del banco
El Tribunal Supremo ha dado la razón al Banco Santander en su reclamación de 22 millones de euros que hizo al expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, y al ex consejero delegado de la misma entidad, Francisco Gómez, por sus prejubilaciones y el variable que recibieron al dejar sus cargos, un año antes de la caída de la entidad.
Al dejar la presidencia de Popular en manos de Emilio Saracho, Ron tenía reconocido el derecho a cobrar 12,8 millones desde su cese en febrero de 2017 hasta llegar a la edad legal de jubilación, una cantidad que la entidad aportaría con el pago de una póliza de seguros suscrita con Mapfre; y en el caso Gómez, cesado en julio de 2016, las prestaciones ascendieron a algo más de nueve millones.
Según recoge la sentencia, el Banco Popular y Mapfre acordaron la constitución de un depósito preparatorio a título de prima única para la contratación de unas futuras pólizas de seguro, en virtud de las cuales un grupo de personas, que ostentaban en ese momento el cargo de administradores de Banco Popular, percibirían, ya ellos mismos o, en su caso, sus causahabientes, una renta mensual en el supuesto de cese en el ejercicio de su cargo de administrador de Banco Popular, antes de alcanzar la edad de 65 años y hasta el año en que cumplieran tal edad.
Con la venta de la entidad al Santander por el valor simbólico de un euro tras la resolución del Popular en junio de 2017, la entidad que pilota Ana Botín entendió que los antiguos miembros del consejo de administración no tenían derecho a los bonus, en aplicación a la doctrina de la Autoridad Bancaria Europea y del Banco Central Europeo (BCE) sobre la aplicación de la paga variable a las entidades con pérdidas o que entran en resolución.
Así, se amparó en las llamadas cláusulas de compensación malus (de ajuste previo o reducción a cero) y clawback (recuperación), que permiten reclamar el dinero abonado a consejeros en retribuciones variables por mala gestión. Ángel Ron y Francisco Gómez son dos de los acusados que, a partir de enero de 2027, irán a juicio en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de mayor de 2016, y que se considera indiciariamente como una de las causas que provocó la caída del Popular.
En concreto, el Santander reclama a ambos exdirectivos las variables de los años 2013 y 2014 que se cobraron en los ejercicios 2015 y 2016, así como la remuneración que Ron cobró por adelantado en el primer trimestre de 2017, pese a que dejó el consejo de administración en febrero de dicho año.
La Sala de lo Civil del Supremo, en dos sentencias dictadas el 27 de mayo, considera que el Santander tiene derecho a aplicar dichas cláusulas de compensación, por lo que ordena a Mapfre dejar sin efecto las obligaciones de pago previstas en la póliza de seguro y a devolver al banco aquel importe de prima no consumida.
La controversia se centraba en si puede la prejubilación pactada entre Ron, Gómez y el banco en 2016 puede considerarse retribución variable. El juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, el primer órgano judicial que analizó la demanda del Santander, entendió que sí, si bien la Audiencia de Madrid determinó lo contrario.
Ahora, el Supremo, cuya sentencia es firme, ha aclarado la disputa y ha señalado que aunque la retribución estuviese referenciada en los estatutos del banco, no era “propiamente una pensión de jubilación, sino una compensación económica por la terminación de esa relación contractual”, que cubría el periodo de tiempo que mediaba hasta la jubilación y que estaba también ligada al compromiso de no competencia post-contractual.