Repsol firma un acuerdo con Venezuela para recuperar el control de sus operaciones petrolíferas
El acuerdo, gracias a la licencia emitida por Estados Unidos, incluye garantías de pago para la empresa española, que podrá triplicar la producción en su yacimiento de Petroquiriquire
Repsol ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que le permite retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo del activo de Petroquiriquire (en el que PDVSA controla el 60% y Repsol, el 40%), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023. El pacto sobre Petroquiriquire se añade al sellado con el gobierno venezolano hace varias semanas para los yacimientos de gas, según ha indicado este jueves en un comunicado la compañía que dirige Josu Jon Imaz.
Este acuerdo marco establece las condiciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las metas de producción establecidas por los socios, que pasan por triplicar la producción en tres años, señala la compañía. El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo compartido de Repsol y PDVSA y conforme a los más altos estándares técnicos, operativos y de gobernanza, según explica. Repsol aportará su experiencia técnica y sus capacidades logísticas y comerciales, profundizando su compromiso a largo plazo con el desarrollo del potencial energético de Venezuela. En el pacto firmado en 2023, posteriormente enmendado en 2024, se prevé el mecanismo para la ampliación de la duración de las concesiones del yacimiento de Petroquiriquire y se incorporaron los campos Tomoporo y La Ceiba.
La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente, en Petroquiriquire. Como ya anunció el consejero delegado de Repsol en la reunión mantenida el 9 de enero en la Casa Blanca, la compañía está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.
Por su parte, según ha declarado tras la firma el director general de Exploración y Producción de Repsol, Francisco Gea, “este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país”.
El pasado 13 de marzo, Repsol y la compañía italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante 2026 en el activo Cardón IV o Campo La Perla (participada al 50% por ambas empresas) y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones. Con aquel pacto se garantizaba la producción de gas en dicho yacimiento, que produce 580 mcfd (millones de pies cúbicos al día) y se aseguraba el pago por la producción en especie (ambas petroleras cobran el gas en barcos de petróleo). Durante la presentación de los resultados anuales de Repsol, su ejecutivo aludió al objetivo de aumentar la capacidad bruta de producción de Cardón IV un 10%, hasta los 640 mcfd.
La firma de estos acuerdos de gas y petróleo se ha producido después de la emisión de la Licencia General No. 50A (GL50A) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas. “La GL 50A representa un hito regulatorio que reconoce la trayectoria de Repsol como operador responsable y confiable en el país”, subraya la compañía española.
Ley de Hidrocarburos
Además de las licencias estadounidenses, otro de los hitos ha sido la reforma de la Ley de Hidrocarburos venezolana, que ha permitido adaptar ahora los contratos firmados en su día sobre la producción de gas y petróleo entre Repsol y PDVSA. La reforma, aprobada por la Asamblea Nacional en enero, proporciona más garantías, flexibiliza el control estatal y abre la industria petrolera a una mayor participación de empresas extranjeras y privadas, para atraer capital, aumentar la producción y diversificar los socios comerciales. Esta medida fue una condición de Estados Unidos para eliminar las sanciones y recuperar las licencias.
Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos y el establecimiento de un Gobierno tutelado al frente de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, Donald Trump mantuvo un encuentro público con grandes petroleras en la Casa Blanca para tratar del futuro del país, entre ellas Repsol. En el encuentro, en el que Trump solicitó inversiones de 100.000 millones de dólares para recuperar la industria petrolera venezolana, Josu Jon Imaz, declaró la disposición de su compañía a elevar “de inmediato” sus inversiones en Venezuela.
Las riendas de esta etapa intervencionista las han llevado los secretarios de Estado de Energía, Chris Wright, y de Interior, Doug Burgum, y Marco Rubio (el responsable de Estado). La prioridad de Repsol ha sido poner la operativa en marcha y recuperar el escenario previo a las sanciones que Estados Unidos impuso en marzo del año pasado, lo que le había impedido cobrar en especie por la producción de gas en el país (un gas que proporciona buena parte de la electricidad al país, la mitad de la red, a través de plantas de ciclo combinado).
El margen de producción de Venezuela es muy alto: la máxima producción de crudo del país se alcanzó a finales del siglo pasado, 3,2 millones de barriles equivalentes de petróleo (bpe) al día, cuando en estos momentos la producción es de algo más de 800.000 barriles diarios (en el mundo se producen 104 millones de barriles equivalentes o al día).
La nueva situación está permitiendo el flujo de barcos de crudo desde Venezuela a España, tras la salida del último barco en mayo de 2025, después de la imposición de las sanciones de Estados Unidos. Esta recuperación del suministro permite aligerar las tensiones en el fuel de aviación generadas por la guerra de Irán.