El Estado afronta el pago de más de 250 millones a Enagás tras ganar en el Supremo por el fiasco del Castor
El alto tribunal confirma el recurso de la compañía, que ya ha solicitado la ejecución de la sentencia por los gastos en la operación y mantenimiento de la planta de Castellón y su desmantelamiento
El Estado tendrá que pagar a Enagás más de 250 millones de euros a Enagás por los trabajos de operación, mantenimiento y desmantelamiento en que está incurriendo la compañía gasista en la fallida planta regasificadora que se construyó en las frente las costas de Castellón y Tarragona y que nunca entró en operación por los potenciales movimientos sísmicos que podría haber provocado.
El pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo dictó sentencia confirmando el derecho de Enagás Transporte a recibir el pago por los servicios de operación y mantenimiento de almacenamiento, lo que supone una cuenta a cobrar para la compañía de más de 125 millones de euros, según consta en documentación oficial remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este mismo martes.
Enagás añade su derecho a cobrar otros 129,67 millones de euros por los trabajos de desmantelamiento que viene realizando en el Castor y que aún no ha cobrado. En total, casi 255 millones de euros a los que habrán de sumarse los trabajos que aún faltan por realizar para la clausura definitiva de este fallido proyecto que se puso en marcha en 2008.
Para recibir estos fondos, Enagás ya ha solicitado la ejecución de la sentencia del Supremo de hace poco más de dos meses. Esto significa que el Estado tendrá que hacer el millonario desembolso a la compañía una vez se concrete la ejecución de la sentencia, que es firme. Concretamente, fuentes jurídicas señalan que el Estado dispone de un fondo de contingencia para ejecución de sentencias que administra el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con lo que todo apunta a que el Ejecutivo deberá tirar de dichos fondos para resarcir a Enagás por unos trabajos que estaba realizando hasta ahora sin cobrar.
Esto se debe a que cuando el anterior Gobierno del Partido Popular decidió paralizar el proyecto se impidió que los costes de operación de mantenimiento y desmantelamiento se cargaran sobre el sistema gasista. Es decir, que no se podía cobrar estos costes en la factura de gas de los consumidores. El Ejecutivo decretó que fuera Enagás quien realizara esos trabajos, pero sin articular un sistema de pago, por lo que la compañía acató la realización de esta actividad pero recurrió a los tribunales en 2018 para que se le pagaran.
El 8 de noviembre de 2019 se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se puso fin a la hibernación del almacenamiento subterráneo Castor y se acordó su desmantelamiento por fases, encomendándose las obras a Enagás Transporte. Este acuerdo confirmó la obligación del grupo de continuar realizando todas las operaciones necesarias para el mantenimiento y la operación de las instalaciones. Esto significa que Enagás no ha cobrado por los trabajos del Castor desde hace casi siete años.
El proyecto Castor fue desarrollado por la alianza Escal UGS, cuyo principal accionista era ACS (poseía en 66,67% del mismo). En 2013, se pararon los trabajos de desarrollo después de que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España advirtieran de posibles terremotos al inyectar el gas en la planta subterránea. UGS Escal cobró los 1.350 millones de euros por realizar este proyecto. La deuda la asumieron Santander, CaixaBank y Bankia (hoy absorbida por CaixaBank), que cobrarían en 30 años de la factura gasista. Una posterior sentencia del Tribunal Constitucional decretó que los pagos activados a través del un decreto eran irregulares. Más adelante, los bancos recurrieron a la justicia y ganaron el pago de esos 1.350 millones de euros.
El proyecto gasista que nunca entró en vigor ya ha supuesto un coste para los ciudadanos españoles de más de 1.600 millones de euros.