La batalla judicial de Iberdrola contra Red Eléctrica por el apagón se reactiva
Un juzgado de lo mercantil de Madrid ha admitido a trámite la demanda por competencia desleal y está a la espera de recibir las alegaciones de la compañía
Casi diez meses después de que la península Ibérica se quedara a oscuras por un problema de sobretensión en la red eléctrica ―conclusión a la que llegó el comité de expertos creado por el Gobierno para averiguar las causas del apagón del 28 de abril de 2025―, las derivadas judiciales comienzan a dar sus primeros pasos. La demanda por competencia desleal que Iberdrola presentó contra Red Eléctrica España (REE) por achacar parte de la responsabilidad del incidente a la multinacional vasca, aunque sin mencionarla expresamente, comienza a ser analizada por el Juzgado...
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Casi diez meses después de que la península Ibérica se quedara a oscuras por un problema de sobretensión en la red eléctrica ―conclusión a la que llegó el comité de expertos creado por el Gobierno para averiguar las causas del apagón del 28 de abril de 2025―, las derivadas judiciales comienzan a dar sus primeros pasos. La demanda por competencia desleal que Iberdrola presentó contra Red Eléctrica España (REE) por achacar parte de la responsabilidad del incidente a la multinacional vasca, aunque sin mencionarla expresamente, comienza a ser analizada por el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, según han informado fuentes jurídicas a este diario.
Aunque las responsabilidades se repartieron oficialmente a partes iguales entre las eléctricas y Red Eléctrica, el cruce de acusaciones se hizo patente desde, prácticamente, el mismo día del incidente. El operador del sistema que lidera la exministra socialista Beatriz Corredor ha manifestado en varias ocasiones, y en varios foros públicos, que el cero eléctrico tuvo lugar porque grandes eléctricas no tenían a punto algunas centrales de generación de su propiedad. Por su parte, las señaladas contraatacaron y culparon a la empresa semipública ―la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene una participación del 20%― por no controlar correctamente la tensión de la red.
La tensión aumentó el pasado 11 de septiembre, cuando Corredor declaró en la comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones del Senado. Durante su comparecencia, la presidenta de REE insistió en que “la causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión”. “Entre los días 28 y 29 de abril, no hubo ningún dispositivo ni infraestructuras de Red Eléctrica que fallara. Ninguno es ninguno. Fueron 5.000 maniobras impecables, y no hubo ningún otro agente del sector que tuviera un rendimiento así de eficiente”, defendió.
Fue más allá. Corredor situó el origen del apagón masivo en un fallo de una planta fotovoltaica de Badajoz: “Tenemos constancia física y, por tanto, podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03 horas, de 0,6 hercios, proviene de la mala gestión y del mal control de una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación”.
Y añadió: “Le tengo que decir que esa misma planta había tenido un fallo semejante, acreditado y documentado el año anterior, y que los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento en cuanto a la forma de gestionar esa planta. Por tanto, pregunte a los titulares de las plantas fotovoltaicas de la provincia de Badajoz, cuando tengan ocasión de venir, por qué se operó esa planta de forma distinta, que provocó una situación de 0,6 absolutamente anómala y para la que el sistema eléctrico europeo, obviamente, no tiene garantías ni seguridad”.
Una demanda admitida y otra en vías de conciliación
Aunque Corredor fue cautelosa y no dijo el nombre de los propietarios de dicha planta, el sector se percató de que estaba aludiendo al parque solar Núñez de Balboa, que pertenece a Iberdrola. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán puso en marcha entonces la ofensiva judicial con dos demandas: una contra el operador del sistema eléctrico y otra contra la propia Beatriz Corredor.
La primera se ha presentado por competencia desleal, al considerar que las manifestaciones son falsas y denigrantes. Esta ya ha sido admitida por el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid y ha iniciado la tramitación habitual del asunto con la solicitud a Red Eléctrica de que presente, si lo estima oportuno, un escrito de contestación de la demanda.
La segunda acción judicial es una demanda contra Corredor por vulneración del derecho al honor de la eléctrica a raíz de las manifestaciones en la cámara alta. Esta demanda aún está en una fase muy preliminar, ya que la ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia obliga a que las partes enfrentadas por un asunto de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen intenten alcanzar un acuerdo amistoso para evitar llegar a juicio (un requisito obligatorio desde el 3 de abril de 2025).
Bajo esta premisa, Iberdrola solicitó el intento de conciliación en los juzgados de Alcobendas (Madrid), localidad en la que tiene su sede REE, para instar a Corredor a que se retracte de lo expresado en el Senado. Para este trámite extrajudicial aún no hay fecha, han indicado fuentes jurídicas. En caso de que la mediación no tenga éxito, la eléctrica puede acudir a los tribunales.
El comité de expertos, bajo análisis judicial
Iberdrola está siendo muy activa para defenderse de cualquier mínima acusación. Antes de que el comité creado por el Ejecutivo para investigar los motivos de la desconexión eléctrica diera a conocer su informe de conclusiones, el resultado se rumoreaba en el sector y la compañía vasca se adelantó a posibles daños colaterales, solicitando al Tribunal Supremo la nulidad de su formación y su actuación, al considerar que carece de cobertura legal. El grupo de expertos señaló que la caída generalizada de la electricidad se debió a un error en la planificación de Red Eléctrica para ese día, así como al funcionamiento aparentemente anómalo de las centrales que deberían haber ayudado a controlar esa tensión, pero sin dar, tampoco, nombres concretos. Aun así, Iberdrola siguió adelante con su recurso.
Este asunto, al que también se sumaron Endesa, Moeve y Bruc Energy, será resuelto finalmente por la Audiencia Nacional, órgano al que el alto tribunal ha enviado la causa, al entender que es competente para su análisis, ya que el comité fue creado por una orden del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico y no por el Consejo de Seguridad Nacional, como apuntaron las eléctricas.