La gran cruzada de los arbitrajes internacionales por las expropiaciones de Venezuela
ExxonMobil y ConocoPhillips han logrado indemnizaciones superiores a 14.000 millones de dólares en varios procesos. Dos mineras de oro consiguen más de 5.000 millones
Tras la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, a principios de este siglo, las petroleras extranjeras vieron saltar por los aires los contratos que habían firmado para explorar y producir crudo en el país. El nuevo mandatario decidió nacionalizar los proyectos en marcha de la Faja del Orinoco, que alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, si bien, como es sabido, se trata de un crudo ultrapesado cuya extracción resulta muy cara.
La nacionalización del sector implicó que los acuerdos de asociación que mantenían las petroleras internacionales se debían tr...
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Tras la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, a principios de este siglo, las petroleras extranjeras vieron saltar por los aires los contratos que habían firmado para explorar y producir crudo en el país. El nuevo mandatario decidió nacionalizar los proyectos en marcha de la Faja del Orinoco, que alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, si bien, como es sabido, se trata de un crudo ultrapesado cuya extracción resulta muy cara.
La nacionalización del sector implicó que los acuerdos de asociación que mantenían las petroleras internacionales se debían transformar en sociedades mixtas, siempre con una mayoría de control de la estatal venezolana PDVESA. Aunque inicialmente el descontento fue general, algunas compañías acabaron aceptando esta condición, como fue el caso de BP, Chevron, Statoil o Eni. En el caso de la española Repsol, aunque su presencia en el país se remonta a 1993, el gran salto lo dio en 2009 con el descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, La Perla.
Sin embargo, dos grandes petroleras estadounidenses, ExxonMobil y ConocoPhillips (y otras de tamaño medio) se negaron a aceptar las expropiaciones de Chávez y se embarcaron en largos arbitrajes multimillonarios contra Venezuela, que los abogados denominaron de “alto riesgo”.
ExxonMobil inició el suyo en 2007 y en 2023 aún se publicó un último laudo, entre los muchos que se han dictado en el proceso. No es extraño, indican algunos analistas, que esta petrolera sea la que más firmemente se haya opuesto a la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a que las compañías inviertan 100.000 millones de dólares en los yacimientos del país latinoamericano, tras la captura de Nicolás Maduro y el posterior control del Gobierno por parte de Estados Unidos, con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a la cabeza.
En una entrevista con la cadena CNBC el pasado 30 de enero, reproducida por Primicias, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, reiteró lo que ya le dijo a Donald Trump en la reunión que este mantuvo el 9 de enero en la Casa Blanca con una docena de petroleras locales y extranjeras: que “Venezuela es inviable para la inversión en su estado actual”, tras considerar que “necesita reformas importantes y transitar hacia un gobierno representativo” para que la multinacional considere invertir en el deteriorado sector petrolero venezolano.
El CEO de la tercera mayor petrolera del mundo, que calificó los contratos de “sagrados”, sostiene que “hay que tratar de recuperar parte del daño causado durante décadas de abuso”. Donald Trump ha dejado claro que no se revisarán las pérdidas de las compañías derivadas de aquella nacionalización, por ser responsabilidad de anteriores administraciones.
El grupo ExxonMobil, concretamente, su filial Mobil Cerro Negro, inició un primer arbitraje en virtud del acuerdo de asociación con PDVESA ante la Corte Internacional de Arbitraje (CCI), que derivó en un laudo en 2011, por el que se le concedieron 907 millones de dólares y a la venezolana 160 millones, según un informe de Investment Arbitration Reporter. Un segundo arbitraje contra Venezuela, en este caso ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial), en virtud de un tratado bilateral de inversiones entre Países Bajos y Venezuela, se saldó en 2014 con otro laudo por el que se le reconocieron 1.400 millones de dólares por la expropiación de Cerro Negro. Este tribunal también le concedió 189 millones de dólares por el proyecto de crudo ligero La Ceiba, aunque fue parcialmente anulado en 2016 por el recalculo de los 1.400 millones de dólares antes citados, y que acabó en 2023 con un fallo que redujo la indemnización a 985 millones.
En el caso de ConocoPhillips, indica el citado informe, esta compañía instó varios arbitrajes contra la expropiación que sufrió en Venezuela que se han prolongado en el tiempo. El de la CCI contra PDVESA se tradujo en 2018 en una indemnización de 2.000 millones de dólares en favor de la demandante y hacía referencia al incumplimiento de los acuerdos sobre la explotación de los yacimientos de Hamaca y Petrozuata. Posteriormente, la CCI fijó otra indemnización de 54 millones por un proyecto petrolífero marino. Sin embargo, fue en marzo de 2019 cuando el CIADI otorgó la mayor indemnización a una petrolera contra Venezuela: 8.300 millones de dólares en favor de ConocoPhillips (reducida después a 8.103 millones) por expropiación ilegal, un laudo que fue confirmado en 2025.
Además de estos dos grandes procesos arbitrales hubo otros instados también por compañías del sector petrolero, como los dos de la estadounidense Exterran Holding, tras los que recibió 860 millones de dólares, y que ha iniciado un tercero recientemente.
Por su parte, Anadarko consiguió que un tribunal de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) impusiera a Venezuela una indemnización de 105 millones de dólares por daños y perjuicios por incumplir un tratado bilateral de inversiones entre Barbados y Venezuela.
Por el contrario, algunas perdieron el pleito. Fue el caso de Opic Karimun, que había denunciado en 2007 una expropiación en el Golfo de Paria; o el de Tidewater, que logró 46 millones de dólares en el CIADI, pero le fue finalmente anulado.
Decenas de pleitos
También PDVSA fue denunciada por, al menos, media docena de inversores de petróleo y gas por incumplimientos de contratos. Según señala Investment Arbitration Reporter, las expropiaciones y otro tipo de medidas adoptadas por el Gobierno chavista han dado lugar a decenas de grandes arbitrajes contra Venezuela en los últimos 25 años. Uno de los más afectados fue el sector minero, especialmente el de la extracción de oro. Conocidos son los procesos arbitrales de las canadienses Gold Reserve, que reclama 7.000 millones de dólares por la incautación de dos proyectos, y Crystallex International, que obtuvo una indemnización de 4.000 millones. También el de la rusa Rusoro, que recibió 1.200 millones por la incautación de su empresa minera venezolana.
Las demandas por parte de inversores afectados por las medidas del Gobierno chavista se extendieron a sectores diversos, como el de las autopistas, telecomunicaciones, cemento, aeropuertos, siderurgia, agricultura, química, alimentación y un largo etcétera, y que no siempre fueron favorables a los demandantes, en muchos casos, por problemas de jurisdicción.
El no reconocimiento del Gobierno de Nicolás Maduro por fraude electoral y el nombramiento en 2019 de un Gobierno interino de Juan Guaidó por parte de la Asamblea Nacional (disuelto en 2022), provocó una duplicidad de jurisdicciones (por ejemplo, con la designación de dos fiscales generales) lo que ha complicado los ya de por sí largos procesos de arbitrajes. También la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra Venezuela y PDVESA ha repercutido en los procesos y los analistas no se atreven a aventurar el impacto de la detención de Maduro sobre el pago de las indemnizaciones pendientes.