El Gobierno incluye en el decreto ómnibus la prórroga de dos años del escudo antiopas
La medida había decaído el pasado día 23, después del rechazo de Junts y PP al texto presentado por el Gobierno
El nuevo decreto ‘ómnibus’ aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que cuenta con un total de 29 medidas incluye la prórroga del escudo antiopas para sectores estratégicos durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía, aprueba la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por un periodo de dos años, tal y como ya hizo el pasado 23 de diciembre. El rechazo del pasado miércoles por parte del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus, en el que se encontraba esta y otras muchas medidas, ha obligado al Gobierno a volver a ratificar esta medida este martes tras alcanzar un acuerdo con Junts.
Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado que este escudo antiopas se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) con el objetivo de proteger diversos sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público. Añaden que esta medida es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023, que regula el procedimiento de control de inversiones.
Es decir, el blindaje que ahora se prorroga y que decayó con el anterior decreto, afecta a las transacciones sobre empresas cotizadas o por un importe de más de 500 millones. Existe otra medida similar, que llega a todas las transacciones, pero solo si las realizan inversores de fuera de la UE. Esta, en concreto, no está limitada en el tiempo. Sobre el papel, el Ejecutivo debe tomar una decisión en tres meses, si bien puede prorrogar este plazo a placer.
El nuevo decreto aprobado este martes recoge medidas del anterior que suscitaban ya consenso, como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte y a afectados por la dana; otras a las que el PP se ha opuesto, como extender la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, y deja fuera políticas fiscales o entregas a cuentas de las autonomías, que se seguirán negociando.
El decaimiento del blindaje había llegado, además, en un momento en que varios inversores pretenden lanzar una opa sobre el fabricante de trenes Talgo. Entre los mismos, se encuentra el consorcio polaco Pesa, que ya ha contratado asesores para este proceso. Precisamente el Gobierno esgrimió este decreto en verano para rechazar el intento del grupo húngaro Magyar Vagon por adquirir Talgo.
El Gobierno introdujo esta medida en plena pandemia del Covid-19, para blindar la españolidad de las empresas en un momento de fuertes caídas en Bolsa. En un principio era una medida más limitada y temporal, pero el Gobierno la fue ampliando. El Ejecutivo hizo permanente el blindaje a los inversores extracomunitarios e introdujo uno temporal sobre las cotizadas, el que ahora se amplía tras sucesivas prórrogas.
Además de Talgo, son varias las operaciones que el Ejecutivo ha autorizado sujetas a condiciones. Una de las primeras fue la opa parcial del fondo australiano IFM, a la que impuso ocho cuestiones, como el mantenimiento de la sede en España, de la plantilla, la cotización en Bolsa o las inversiones en renovables, así como limitó el dividendo o el endeudamiento. También autorizó con condiciones similares la entrada de BlackRock en la gasista, en virtud a la adquisición del fondo GIP, accionista de Naturgy, por parte del mayor fondo del planeta. Igualmente, también condicionó la entrada de STC en Telefónica.