Las aerolíneas reclaman 600 millones a Transportes por los vuelos subvencionados a canarios y baleares en 2024
Iberia, Binter, Air Europa, Vueling o Ryanair tienen por cobrar de Aviación Civil buena parte de las liquidaciones del año pasado
El Gobierno ha cerrado 2024 con una deuda tan alta como inusual frente a un ramillete de compañías aéreas que empiezan a quejarse de un agujero millonario en sus cuentas. Se trata de las que conectan las islas Canarias y Baleares con la península, también las que vuelan desde Ceuta y Melilla al resto del territorio español. Ese tráfico va subvencionado al 75% sobre el precio del billete para los residentes en los territorios extrapeninsulares y que tienen nacionalidad española o de la UE, pero el cobro de estas ayudas públicas no está entrando en la caja de las aerolíneas, en algunos casos, desde marzo.
La bola ronda los 600 millones de euros, y subiendo, según reclamaciones que el sector aéreo está realizando al Ministerio de Transportes. Entre las afectadas destacan la canaria Binter, el grupo Iberia (incluida la franquiciada Air Nostrum), Air Europa y Vueling. Todas ellas han dejado en manos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) la búsqueda de una solución urgente. Consultadas por este periódico, ni ALA ni Transportes han querido hacer comentarios sobre las conversaciones en curso.
Hay casos, como el de Binter, en que la mayor parte de los ingresos dependen del tráfico bonificado. Prácticamente la mitad del saldo deudor del Gobierno es con esta compañía que ofrece conectividad a Canarias. A Iberia se le deben cerca de 200 millones, Air Europa tiene por cobrar unos 50 millones de euros, y Vueling, se afirma en el entorno de las compañías, está también sobre esta última cifra. La carga del Estado ante Ryanair sería algo menor.
Las empresas creen en la voluntad del Ministerio de Transportes de apagar este fuego cuanto antes, pero temen que la deuda siga engordando en este 2025 si vuelven a prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado. También hay cierto enojo entre las empresas afectadas al correr por el sector que la irlandesa Ryanair sí ha sido capaz de cobrar parte de las liquidaciones de 2024 ante el riesgo de que reclamara intereses de demora en los tribunales. Otras fuentes insisten en que “la low cost está en la misma situación que el resto”.
Las subvenciones al transporte aéreo, desde y hacia los territorios extrapeninsulares (también se bonifica el marítimo), han experimentado un fuerte incremento en los últimos años por la mayor demanda de viajes y la subida de los porcentajes de la ayuda al viajero (en 2018 se pasó del 50% al 75% de bonificación sobre el precio del billete). En 2023 se contabilizaron 13 millones de billetes aéreos soportados por dinero público, por encima de los 11 millones del año 2019. El dinero del Estado que respaldó la movilidad aérea de canarios y baleares rozó ese 2023 los 1.000 millones de euros en crédito ejecutado, frente a 560 millones de dotación presupuestaria (825 millones incluido el transporte marítimo). Esta última cifra se repitió en 2024 y también se ha visto ampliamente superada, volando por encima de los 1.000 millones.
El problema, apuntan distintas fuentes, es que el año pasado se partió con un presupuesto prorrogado e insuficiente. Una modificación de crédito por 170 millones, aprobada el 24 de septiembre por el Consejo de Ministros con la aplicación del Fondo de Contingencia, tampoco ha cubierto el déficit. “Cuando la situación tenía visos de solución se produjo la catástrofe de la dana y el transporte aéreo subvencionado dejó de ser un capítulo prioritario”, lamenta uno de los directivos consultados, quien dice entender que la situación en Valencia “era claramente más urgente”.
En un contexto en que las aerolíneas cobran directamente de los viajeros 25 de cada 100 euros de un billete aéreo, y los 75 euros restantes deben ser entregados por la Administración, cualquier retraso en el reconocimiento y pago de las subvenciones resulta una losa. Máxime cuando las empresas tienen costes recurrentes que atender, como el del combustible o el personal.
Aguas abajo también sufren las agencias de viajes por el atasco en sus particulares liquidaciones con las aerolíneas, un problema que ya se hizo patente a mediados del año pasado y sobre el que Aviación Civil iba a analizar soluciones. Solo en Canarias se contabilizan unas 300 pequeñas agencias activas en la venta de billetes subvencionados. Estas reciben una comisión de gestión en parte también bonificada y cuyo cobro es gestionado por las aerolíneas ante el Ministerio de Transportes.
Sistema laborioso
El cobro de las ayudas por el transporte a los residentes en las islas siempre es tarea ardua, al supervisarse cupón por cupón, pero es raro que haya grandes retrasos. Las alarmas han saltado esta vez al finalizar el ejercicio 2024 sin liquidaciones. La encargada de gestionar los créditos presupuestarios previstos para cubrir estas subvenciones es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), órgano que cuelga del Ministerio de Transportes y que también se ocupa de pagar el importe a cada una de las aerolíneas.
El sistema de liquidación se encuentra regulado por el Real Decreto 1316/2001, en el que se exige la “verificación exhaustiva” de las condiciones que deben cumplir tanto el ciudadano residente como las compañías aéreas que actúan como agentes colaboradores. En la labor de llevar al día las liquidaciones, la DGAC también tiene un plan de control para prevenir fraudes, tal y como obliga la Ley General de Subvenciones (38/2003).
Las aerolíneas se encargan de remitir a Aviación Civil la programación de vuelos mensuales y las tarifas básicas, para posteriormente enviar el saldo total mensual de billetes operados con descuento público. En este caso, las compañías aplican la subvención en el momento de la emisión del billete (el viajero paga ya un 25% del precio) y liquidan con la DGAC, que debe reintegrar la bonificación una vez que se ha realizado el viaje.
La teoría dice que la liquidación de las bonificaciones se realiza por meses naturales vencidos, pero la complejidad burocrática de este proceso motiva que en la mayor parte de las ocasiones se acumulen dos o tres meses de retraso para el cobro.