El juez archiva la investigación contra las bodegas García Carrión y Félix Solís por estafa en la venta de vino
El instructor José Luis Calama advierte de un “descontrol administrativo y supervisor” que ha impedido comprobar si se cumplían los requisitos para comercializar crianzas y reservas
La Audiencia Nacional archiva la investigación abierta hace casi cuatro años por la presunta estafa en la venta de vino de Valdepeñas. El juez instructor José Luis Calama ha decidido dar carpetazo a esta causa que se dirigía contra las bodegas Félix Solís y García Carrión, sus administradores y dos entidades certificadoras al no poder comprobar si las compañías cumplían los requisitos de elaboración en cuanto a periodo de envejecimiento y permanencia en barrica de roble o botella para comercializar sus vinos como crianza, reserva o gran reserva entre 2017 y 2019. Según indica el magistrado en un auto, con fecha de este miércoles, la existencia de un “descontrol administrativo y supervisor por parte de todos los operadores del sector”, como son los productores, certificadoras y la administración pública, “impide determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento provisional de la causa a petición de la Fiscalía, la misma que impulsó la investigación por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental contra cuatro bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas, tras analizar la denuncia de varias organizaciones agrarias. Así, las pesquisas se iniciaron contra las bodegas Félix Solís, García Carrión, Fernando Navarro y Fernando Castro, así como sus máximos responsables, si bien en octubre de 2023 se decretó el archivo para las dos últimas mercantiles y sus administradores, mientras que se acordó dirigir el procedimiento contra las entidades certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL en calidad de cooperadoras necesarias.
Ante la dificultad para constatar los datos y documentación relacionada con la permanencia en barrica de los vinos, el juez Calama acuerda poner fin a la investigación penal, ya que no se puede “sostener una acusación seria en base a suposiciones, por muy firmes que estas”, explica el auto, que recoge esta conclusión expuesta por el fiscal en su último informe en el que pidió archivar el caso. Asimismo, remite los hechos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Casilla-La Mancha para que tengan conocimiento de los mismos “a los efectos administrativos oportunos”. “Tal relajación, interesada o no, en la cadena de producción y supervisión por parte de todos los operadores implicados en el sector, incluida la propia administración pública, parece haber conducido a un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real, cuya sanción deberá operar, en su caso, en los ámbitos administrativos y/o civil”, indica.
El auto subraya que desde que se iniciaron las pesquisas en abril de 2021 se han practicado numerosas diligencias de investigación, como el análisis de “copiosa” documentación, declaraciones de investigados y testigos, y pese a ello “no puede concluirse que las irregularidades existentes en la actividad desplegada por todos y cada uno de los operadores del sector vinícola constituyan delitos publicidad engañosa”. Y añade que falta la acreditación de uno de los elementos clave para atribuir esta conducta ilícita como es el “perjuicio grave y manifiesto a los consumidores”.
En cuanto al delito de estafa, señala que las diligencias de investigación tampoco permiten apreciar “la existencia del engaño bastante con la solidez suficiente” para encausar a los investigados.
Los presidentes y fundadores de García Carrión y Félix Solís declararon ante el juez como investigados en abril de 2024, cuando insistieron en defender el origen de sus vinos. La imputación se acordó unos meses antes, en octubre de 2023, tras recibir un informe la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), que tardó dos años en elaborarse, para determinar si los litros de vino de denominación de origen Valdepeñas comercializados en los años investigados cumplieron las normas de envejecimiento para llevar un etiquetado concreto.
El instructor citó a los máximos responsables de las dos bodegas más representativas de Valdepeñas al ver un descuadre de litros de vino tinto declarados al consejo regulador y los vendidos con las menciones crianza, reserva y gran reserva” entre 2017 y 2019, que le hicieron dudar de la veracidad de la información.