Preguntas y respuestas sobre la crisis de Muface: ¿perderán los funcionarios el acceso a sanidad privada?
El Gobierno ha presentado unas condiciones económicas para el nuevo convenio que las aseguradoras ven inasumibles
Más de dos millones de funcionarios y familiares están pendientes de su acceso a los servicios médicos. Muface, junto con otras dos mutualidades de menor tamaño, pactan cada dos años unas condiciones económicas con aseguradoras de salud, para que los empleados públicos puedan escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por la privada. Cerca del 80% escoge la segunda opción. El 8 de octubre el Gobierno debería aprobar las condiciones definitivas del próximo convenio. En una conversación informal el ministerio trasladó al sector una propuesta de subida del 14%, que las compañías aseguradoras consideran totalmente insuficiente. Aducen que cada año pierden más de 200 millones por prestar este servicio.
¿A quién afecta esta crisis?
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. Se trata de funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado. Esto incluye también a funcionarios de cuerpos específicos, como los diplomáticos y los inspectores de Hacienda. También cubre a algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes, de educación primaria, secundaria y universitaria.
En paralelo al convenio de Muface se va a publicar también el de otras dos mutualidades: Isfas y Mugeju. El primero es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y da cobertura médica a miembros del Ejército y de la Guardia Civil. En total, 559.000 personas. La segunda es la Mutualidad General Judicial, que atiende a jueces, fiscales, letrados y otros funcionarios de la Administración de Justicia. Otras 92.000 personas. Entre las tres mutualidad suman 2,14 millones de beneficiarios de este régimen de colaboración público-privada.
¿Qué papel juegan las aseguradoras?
Muface, Isfas y Mugeju tienen unas plantillas relativamente pequeñas, de unos 1.000 empleados en total, encargados de tramitar altas y bajas, dar información... Pero quienes prestan los servicios para los funcionarios cubiertos son bien aseguradoras privadas o bien los servicios autonómicos de salud. Cada año, el empleado público escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía privada quiere que le atienda. De media, el 78% elige privada. En el caso de los militares el porcentaje llega al 90%.
Para prestar este servicio, la secretaría de Estado de la Función Pública publica cada dos o tres años un concurso al que se pueden presentar aseguradoras de salud. Como contraprestación, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida. En el último convenio, el pago medio fue de 984 euros al año por beneficiario. De acuerdo con cálculos de la Fundación IDIS, vinculadas a las aseguradoras, el coste por ciudadano en el sistema público es de 1.608 euros.
¿Qué compañías están implicadas?
En el último concierto, que se estableció para un periodo de tres años —2022, 2023 y 2024— solo hubo tres compañías de seguros que decidieron participar: SegurCaixa Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank; Asisa, controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos; y DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. La primera controla la mitad de este negocio.
Aunque ahora son solo tres, antes participaron otras muchas aseguradoras, como Sanitas, Caser o el Igualatorio de Cantabria, pero decidieron salir de este concierto al considerar que les generaba muchas pérdidas.
¿Cuál es el problema?
El gran problema de la renovación del convenio es estrictamente económico. El Gobierno ha propuesto una subida del 13,5% el primer año y del 0,5% el segundo año, lo que dejaría el pago anual por beneficiario en 1.117 euros. Para Adeslas, Asisa y DKV esta subida es totalmente insuficiente porque este servicio les lleva a perder mucho dinero cada año.
En la última renovación, convocada en 2021, se pactó un aumento total del 10% frente al gasto anterior. Era un desembolso presupuestado de 3.521 millones de euros y, sin embargo, ha sido más que insuficiente para cubrir los costes, según explican las compañías implicadas. De acuerdo con fuentes cercanas a Adeslas, en estos tres años van a perder más de 250 millones de euros. Eso, sin contar los cerca de 100 millones de euros de gastos administrativos y de gestión ligados a este servicio.
Para cubrir los gastos sanitarios de los funcionarios en los próximos años, las aseguradoras han pedido al Gobierno una subida de las primas del 33% en 2025 y otro 5% en 2026. Un 38% en total. “Y aun así, seguiríamos perdiendo dinero”, apunta un directivo del sector. Las aseguradoras han contratado a consultoras y a profesores universitarios para que emitan análisis que certifiquen esta infrafinanciación, pero por ahora no hay receptividad por parte del Ejecutivo.
¿Cómo se han disparado tanto los costes?
Justo después de que se firmara el último convenio en 2021, la inflación se desbocó como no se veía en más de 30 años. Así que el 10% de pactado de subida, que en teoría debería cubrir la infrafinanciación previa, quedó sobrepasado casi inmediatamente, como explicaba ya en 2022 el consejero delegado de DKV.
Al encarecimiento de los suministros hospitalarios, de la electricidad o de los sueldos, se añade un incremento de la utilización de servicios médicos. “Desde la pandemia ha aumentado mucho el cuidado de la salud, y hemos notado un fuerte aumento de la frecuencia en el recurso de la atención médica”, apuntan desde Adeslas. También ha habido algunos tratamientos que quedaron pospuestos por el coronavirus y que se han realizado en los años posteriores.
¿Por qué siguen en el negocio si pierden dinero?
A Adeslas, DKV y Asisa les interesa estar en Muface por una cuestión de volumen. Es una cartera de más de un millón y medio de personas a repartir entre tres. Participar en el convenio les permite tener una masa crítica y una capilaridad que sería difícil adquirir cliente a cliente. Esto es especialmente relevante en plazas medianas y pequeñas, donde dar servicio a funcionarios hace que la presencia de la aseguradora tenga sentido. Desde el sector apuntan que si se salieran todas del convenio, “habría muchas clínicas privadas de capitales de provincia que tendrían comprometida su viabilidad”.
¿Qué va a pasar ahora?
El compromiso del Gobierno es aprobar en el Consejo de Ministros de mañana mismo el pliego de condiciones para el nuevo convenio. Por ahora, parecen encastillados en la propuesta de una subida del 14% para dos ejercicios. El principal argumento es que el déficit público ya es muy grande y que Hacienda no ve margen para un incremento mayor. Una vez que se publiquen las condiciones, las aseguradoras tendrán un par de semanas para responder. Los plazos son tan ajustados que es difícil que puedan extenderse. El 1 de enero de 2025 entrará en vigor el nuevo convenio.
Las tres aseguradoras que hoy dan servicio a Muface han dejado muy claro que el incremento del 14% es totalmente insuficiente y que no acudirán al concurso. Es casi impensable que una nueva compañía se presente, cuando llevan años huyendo de este modelo. En caso de que el concurso quedara desierto, los beneficiarios de las tres mutualidades tendrían que recurrir al sistema público de salud, lo que daría la puntilla a un sistema con las listas de espera ya saturadas. En Madrid, la comunidad con más funcionarios en Muface, hay casi un millón de pacientes esperando una cita médica, un récord histórico.
Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, así como las asociaciones judiciales o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han manifestado su profunda preocupación y han llamado a las dos partes a acercar posturas “por responsabilidad”.
¿Qué otras partes están implicadas?
Lo que pase con Muface, Isfas y Mugeju puede tener repercusiones entre muchos otros actores. Además de los funcionarios afectados, también están muy pendientes de las condiciones de renovación de los convenios los médicos privados, clínicas y demás proveedores de atención sanitaria. Después de años de primas muy ajustadas, “las aseguradoras hemos apretado mucho a los profesionales y empresas sanitarias”, reconocen desde una compañía. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha recibido un aluvión de quejas de médicos por la presión sobre las tarifas que sufren desde las aseguradoras.
En el sector asegurador asumen que, en el caso de que se lograra pactar con el Gobierno una renovación con un alza de 38%, cerca de la mitad de este incremento se trasladaría a una mejora de las tarifas a clínicas y hospitales. Lo que haría que las pérdidas no se corrigieran tanto.
Además, también hay una honda preocupación en las comunidades autónomas, que son quienes prestan la atención sanitaria para la mayoría de ciudadanos, y que tendrían que negociar con el Ejecutivo la financiación y las condiciones para atender a un aluvión de funcionarios, en caso de que no llegara a haber un acuerdo.