Los fondos propietarios de Celsa ampliarán el capital en 166 millones para invertir en mejoras
El plan, que llevarán a cabo en dos fases, demuestra, según los actuales accionistas, su “compromiso con el futuro de la firma”
Los accionistas de la compañía siderúrgica Celsa —los fondos DWS, Attestor, Golden Tree y Cross Ocean, entre otros, que se hicieron con la propiedad en los tribunales— quieren demostrar que los temores sobre su implicación en uno de los principales productores de acero de Europa son infundados. Este miércoles han anunciado que emprenderán una ampliación de capital por 166 millones de euros en los próximos dos años, con el objetivo de “invertir en mejoras operativas”. La operación tendrá que aprobarse en una Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo 28 de octubre y, según los actuales propietarios, demuestra el “compromiso con el futuro de la firma”.
Uno de los temores que esgrimieron los anteriores propietarios, la familia Rubiralta, en el juicio para dirimir la propiedad de Celsa que tuvo lugar hace un año fue precisamente que los fondos acreedores no tuviesen entre sus prioridades invertir en la empresa y ampliar el negocio, sino trocear el gigante siderúrgico y sacarle rendimiento. Los fondos se hicieron con la propiedad de la compañía tras aprobar el juez, en aplicación de la Ley Concursal, su plan de reestructuración: convertir parte de la deuda que atesoraban en el 100% de la compañía. En el juicio, el abogado de los socios que eran propietarios en aquel momento afirmó que los fondos acreedores no tenían un plan industrial para mantener el empleo y la actividad.
La nueva propiedad ha dado pasos para alejar estos temores, como el nombramiento del histórico empresario Rafael Vilaseca como presidente junto a Jordi Cazorla como consejero delegado, aunque también prevé desinversiones muy importantes en los negocios internacionales: el plan estratégico que prepara la consultora Bain & Company prevé estudiar ofertas, que ya están sobre la mesa, para vender sus negocios en Reino Unido, Polonia y Noruega por unos 1.000 millones de euros. Urge hacerlo por el agujero patrimonial que se han encontrado, de 1.339 millones, y por el que los fondos ya han decidido llevar al anterior administrador, Francesc Rubiralta, a los tribunales y a emprender una acción social de responsabilidad.
Con el anuncio de la ampliación de capital, los accionistas quieren mostrar que, más allá de cómo se han encontrado las cuentas, mantienen el compromiso con la actividad de la siderúrgica. El objetivo de la ampliación de 166 millones es “implementar mejoras operativas e incrementar el Ebitda recurrente [el resultado bruto antes de impuestos, el montante que explica cómo funciona la propia actividad de la compañía]”. En un comunicado, la empresa explica que el plan estratégico encargado a Bain & Company a principio de este año quiere implementar mejoras en las áreas estratégicas de la compañía (comercial, logística, compras o producción) con la previsión de “un importante retorno en todas las actuaciones”. Ahí se enmarcan las inversiones que se financiarán con la ampliación de capital: 81 millones irán “inmediatamente” a inversiones en España, y 85 millones irán destinados, en una segunda fase, a inversiones en sus filiales internacionales.
Esta operación llega cuando todavía no se conoce cuál será el plan estratégico, qué desinversiones se harán y cómo afectará al negocio de la compañía. Con una plantilla de unas 10.000 personas, el gigante siderúrgico, ahora propiedad de una veintena de fondos acreedores, facturó en 2023 unos 4.765 millones de euros, obtuvo un ebitda de 440 millones, y registró una deuda de 2.316 millones.