El Consejo de Estado sugiere vetar a los consejeros de la CNMC para la Comisión de la Energía
El dictamen del órgano consultivo sobre la vuelta de la CNE pide una mayor justificación de la ley y que no entren en su consejo antiguos vocales
Todo está listo para que el Consejo de Ministros, muy probablemente el de mañana mismo, apruebe la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que se tramitará por vía de urgencia. El Gobierno puede dar finalmente este paso una vez que el Consejo de Estado ha aprobado su dictamen sobre la futura norma, a la que no ha puesto objeciones esenciales, lo que permitirá al Ejecutivo incluir en el preámbulo de la futura ley que este organismo consultivo está conforme. Todo ello, a pesar de que, respecto al texto general, considera que la re...
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Todo está listo para que el Consejo de Ministros, muy probablemente el de mañana mismo, apruebe la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que se tramitará por vía de urgencia. El Gobierno puede dar finalmente este paso una vez que el Consejo de Estado ha aprobado su dictamen sobre la futura norma, a la que no ha puesto objeciones esenciales, lo que permitirá al Ejecutivo incluir en el preámbulo de la futura ley que este organismo consultivo está conforme. Todo ello, a pesar de que, respecto al texto general, considera que la recuperación de la CNE requeriría de una mayor y mejor justificación, según fuentes conocedoras del informe.
Sin embargo, ha sorprendido que el Consejo de Estado, cuyo cometido es comprobar que los textos sometidos a dictamen sean conformes a derecho, haya incluido un pequeño párrafo en el que sugiere que las personas que ocupen o hayan ocupado el puesto de consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no puedan ser nombrados consejeros de la nueva CNE, que se espera pueda entrar en funcionamiento a principios del próximo año.
Varias fuentes con acceso al informe consideran sorprendente esta “incursión política” del Consejo de Estado que, por el contrario, emitió un dictamen “condescendiente” sobre la ley de creación de la CNMC, en 2013, en la que se integraron los reguladores sectoriales (además del de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o CMT, entre otros) con la Autoridad de la Competencia (antigua CNC). Y es que, en ese caso, en una sentencia de 2018, el Tribunal Supremo declaró ilegales los ceses de dos consejeros de la CMT, Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo (los únicos que recurrieron la destitución), y obligó a su incorporación al nuevo superregulador. Aunque la ley consideró esencial la integración, solo tres de los 27 países de la Unión Europea (España, Países Bajos y Estonia) habían optado por dicho modelo.
Según el anteproyecto de ley ahora en trámite, los miembros del consejo de la CNE, entre ellos el presidente, serán nombrados mediante real decreto por el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Transición Ecológica, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, con una experiencia mínima de cinco años en materias relacionadas con los sectores objeto de supervisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la omisión correspondiente del Congreso de los Diputados”. El mandato de los futuros consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección o continuidad, pero nada señala sobre futuras incorporaciones.
Además, aunque la directiva de mercado interior de la energía, que establece la creación de organismos reguladores de la energía independientes, admite mandatos de entre cinco y siete años, con la posibilidad de una reelección, España optó en el caso de la CNMC por un único mandato de seis años (el mismo modelo que ahora se plantea para la Comisión de la Energía).
El anteproyecto de ley deja abierto, por tanto, como ha ocurrido hasta ahora, que antiguos o actuales consejeros de la CNMC puedan pasar a la CNE. Y aunque el Consejo de Estado lo pone en cuestión, al aludir “a la reelección por fin de mandato”, no tiene en cuenta la discontinuidad. La prohibición de que un consejero continúe en su puesto se refiere a la renovación inmediata tras el fin del mandato, no a reelecciones futuras. Con todo, el dictamen, que reconoce que la directiva no prohíbe dicha reelección, tampoco hace una objeción al mismo ni pide que se modifique su letra para incluir un veto a los consejeros de la CNMC, señalan las fuentes antes citadas. Estas recuerdan que ninguno de los participantes en el trámite de audiencia pública del anteproyecto de ley, que fue abierto a todo el que quiso participar, presentó ninguna alegación sobre esta cuestión.
Reelecciones y mandatos prorrogados
Existen multitud de antecedentes que contradicen la posición del Consejo de Estado: el de Pilar Sánchez Núñez, que fue consejera de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) entre 2007 y 2013, uno de los organismos integrados en la CNMC, y su vicepresidenta desde abril de 2010, y se incorporó en 2020 a la CNMC, de la que es actualmente vocal; o el de los antiguos consejeros de la antigua CNE, Josep María Guinart, nombrado a propuesta de CiU, e Idoia Zenarruzabeitia, por el PNV, que pasaron del regulador energético que se extinguió y al que se habían incorporado en 2011, a la nueva CNMC, cuando esta se creó en 2013, con un mandato completo de seis años. Además, Guinart sumó otros tres años en funciones.
Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo, que fueron expulsados de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), se incorporaron por un mandato nuevo de seis años a la CNMC, tras la citada sentencia del Supremo de 2017, que declaró ilegales sus ceses. Ambos están actualmente en funciones en la CNMC, donde existen cinco vacantes desde hace un año.
Muchos son también los casos de los consejeros que continuaron por el retraso en sus relevos, ante la falta de consenso entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas para las renovaciones. Así, el expresidente José María Marín; la exvicepresidenta María Fernández o la exconsejera Clotilde de la Higuera, permanecieron en sus puestos un año extra (amén del citado caso de Guinart). Por su parte, la exconsejera María Ortiz, en lugar de los ocho años que le correspondían por ley, estuvo 10 años en el cargo.