Cuatro patronales europeas exigen al Gobierno que revoque el decreto que obligará a recoger datos de los turistas
Remiten una carta a Interior y a Turismo en la que alertan de que no podrán cumplir con los requisitos por falta de medios y porque parte de esa información está protegida por otras normas
El clamor hotelero contra el decreto que obligará a hoteles, agencias de viajes o turoperadores a ceder hasta 18 datos diferentes de sus clientes (entre ellos, el correo electrónico, el método del pago, la numeración de la tarjeta de débito o crédito utilizada o la relación de parentesco con los menores que les acompañan en el viaje) a partir del 1 de octubre, fecha en la que entra en vigor, ha traspasado las fronteras y ha provocado que cuatro patronales europeas (Ectaa, ETOA, Hotrec y Ruraltour) , también...
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El clamor hotelero contra el decreto que obligará a hoteles, agencias de viajes o turoperadores a ceder hasta 18 datos diferentes de sus clientes (entre ellos, el correo electrónico, el método del pago, la numeración de la tarjeta de débito o crédito utilizada o la relación de parentesco con los menores que les acompañan en el viaje) a partir del 1 de octubre, fecha en la que entra en vigor, ha traspasado las fronteras y ha provocado que cuatro patronales europeas (Ectaa, ETOA, Hotrec y Ruraltour) , también afectadas por el real decreto, hayan remitido una carta conjunta al Gobierno exigiendo que se revoque el real decreto.
La misiva, a la que ha tenido acceso Cinco Días y que se ha enviado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Ruiz, a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y a la directora general de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, exige la revocación del decreto y su aplazamiento mientras que no se resuelvan todos los problemas asociados a ese nuevo sistema de información. “El real decreto es desproporcionado e innecesario en relación con la finalidad de la recogida de datos, ya que va más allá de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada”, señala el texto, que considera que su entrada en vigor tendrá un efecto negativo en la llegada de turistas y en la competitividad de las empresas.
“Los viajeros se mostrarán reacios a elegir destinos españoles en el futuro si existe una recopilación de datos tan extensa y preferirán alternativas menos onerosas. El decreto también impondrá una carga administrativa y unos costes adicionales significativos e innecesarios para hoteles, agencias de viajes u operadores turísticos, aumentando de facto el precio de las vacaciones en un mercado altamente competitivo”. Entre los principales damnificados por esa nueva norma, las cuatro patronales identifican a las microempresas, “ya que no podrán hacer frente a los requisitos legales”.
Las patronales también muestra su escepticismo sobre cómo se van a resolver algunos de los problemas tecnológicos y legales que plantea la entrada en vigor del real decreto. “En el momento de redactar este documento, la plataforma para recopilar los datos solo está disponible en español, aunque el decreto se aplicará principalmente a usuarios no españoles, por lo que los datos tendrán que ser procesados manualmente”. En relación a los aspectos legales, la carta alerta de que la obligación de recoger y comunicar datos relativos a los pagos en las transacciones de alojamiento “parece contradecir la normativa española vigente sobre servicios de pago, tal y como se establece en el real decreto ley 19/2018, que incorpora la directiva PSD2″.
Como solución alternativa al decreto, las patronales proponen la introducción de un sistema digital y simplificado de autoservicio para los viajeros, en línea con la solicitud ESTA que deben rellenar todos los viajeros extranjeros que visitan EE UU o con la griega PLF, que estuvo en vigor durante la pandemia. En cualquier caso exigen que, de salir adelante, el decreto, el sistema de registro y el sistema de presentación de informes deben presentarse en inglés.