Iberdrola, Endesa y Naturgy anotan en sus cuentas el cobro de 348 millones del bono social
En los resultados semestrales de las eléctricas figuran las cantidades que el Supremo les reconoció en 2022 y que, finalmente, Transición ha desembolsado
Las tres grandes compañías eléctricas han registrado en el primer semestre de este año el devengo de las cantidades que, por decisión judicial, tenían derecho a recibir del Gobierno por haber sufragado indebidamente el bono social de la luz entre 2016 y 2021, en total, 348 millones de euros, incluidos los intereses. De este importe, que han recibido la comercializadoras del mercado libre de las tres energéticas, ...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
Las tres grandes compañías eléctricas han registrado en el primer semestre de este año el devengo de las cantidades que, por decisión judicial, tenían derecho a recibir del Gobierno por haber sufragado indebidamente el bono social de la luz entre 2016 y 2021, en total, 348 millones de euros, incluidos los intereses. De este importe, que han recibido la comercializadoras del mercado libre de las tres energéticas, 183 millones han correspondido a Iberdrola; 101 millones a Endesa y 64 millones a Naturgy, que ha sido la última en cobrarlo, el pasado 17 de julio, seis días antes de la presentación de los resultados semestrales. La primera anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un resultado récord de 4.134 millones de euros, un 64% más que el mismo periodo del año pasado; Endesa, 800 millones, con un descenso del 9%, y Naturgy,1.045 millones, en línea con los del año pasado.
Por tanto, las compañías, se han beneficiado en las cuentas que acaban de presentar del cobro de unas cantidades que ya se les había reconocido en enero de 2022 cuando el Tribunal Supremo les dio la razón en su recurso contra el real decreto de octubre de 2017 sobre consumidores vulnerables y bono social de la luz que obligaba a las empresas a financiar dicho bono, un descuento del que son beneficiarios determinados colectivos y al que tienen derecho los acogidos al PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor). Sin embargo, el fallo volvió a abrir un nuevo proceso, ya que este establecía que de las cantidades que debían ser satisfechas a las demandantes había que “descontarse las que, en su caso, hubieran repercutido a los clientes por tal concepto”, además de los intereses hasta el día del cobro.
Se trataba, pues, de demostrar si las empresas habían repercutido o no dicho coste al consumidor final, lo cual las afectadas siempre negaron. En el caso de las comercializadoras reguladas (COR), también filiales de estas compañías eléctricas, cuyos ingresos comerciales están regulados, hubo consenso entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en que estas no habían podido repercutir el bono. De hecho, las cantidades que correspondían a las COR, las eléctricas ya las habían cobrado anteriormente: 103 millones para la filial regulada de Iberdrola o 63 millones para la de Naturgy, además de otros gastos por los costes de gestión del bono social. Las dudas quedaron circunscritas, pues, a las comercializadoras del mercado libre.
Entre la publicación de la sentencia de enero de 2022 y estos primeros meses de 2024, en que las empresas han conseguido cobrar, hubo un proceso en el que intentaron demostrar (y, finalmente lo consiguieron) que sus comercializadoras libres no habían trasladado implícitamente el coste del bono social a sus clientes. Las dudas quedaron circunscritas a las comercializadoras del mercado libre, que sí lo habían hecho, según sostenía el ministerio que dirige Teresa Ribera. Este se basó en un informe de la CNMC para dictar distintas resoluciones en las que daba por hecho que las comercializadoras habían repercutido el bono a los consumidores, que no resultó muy consistente. Además, en otro informe sobre mercado minorista de la electricidad, el organismo regulador aseguraba que unas empresas lo habían repercutido y otras no. Finalmente, las empresas volvieron a ganar el pleito, que se ha dilatado otro año más.
Beneficios semestrales
En el caso de Endesa, esta señala en su informe de resultados a la CNMV que “en el periodo enero-junio 2024 se ha registrado el devengo del bono social, de acuerdo con los valores unitarios” (que se reconocieron por ley en diciembre de 2023) establecidos en el Real Decreto3, de 27 de diciembre. La compañía recuerda que hubo una sentencia definitiva (desde el año pasado el Supremo ha venido obligando al ministerio a la ejecución de los distintos fallos favorables a las compañías) sobre el bono social eléctrico de los clientes liberalizados para el período 2016-21.
En el caso de Naturgy, indica, por su parte que “con fecha 17 de julio de 2024 le fue notificada la resolución del Tribunal Supremo del 4 de julio en relación con el incidente de ejecución de sentencia planteado por la compañía, cuya vista oral se celebró el pasado abril.
En cuanto a Iberdrola, un fallo del pasado 17 de abril el Supremo imponía a Transición el pago definitivo a su filial liberalizada. La regulada, Curenergía, ya recibió 18 millones el año pasado.
Un culebrón judicial de 15 años
La batalla entre las compañías eléctricas y los distintos Gobiernos por el bono social de la electricidad se inició hace 15 años, cuando se estableció por primera vez esta tarifa social, que se traduce en descuentos a determinados colectivos vulnerables. Y terminó en 2022 cuando una reforma aprobada por el Ejecutivo se permitió por primera vez a las empresas repercutir directamente a los clientes el coste de dicho bono, algo que hacen desde entonces a través de una pequeña cantidad que endosan en la factura a cada cliente.
La financiación del bono social, que tiene la consideración de servicio público, ha sufrido varios reveses judiciales: en un principio, lo asumían las grandes empresas verticalmente integradas, obligación que fue anulada por discriminatoria. En un segundo intento, el Gobierno se lo endosó a todas comercializadoras eléctricas, tanto libres como reguladas, que el Tribunal Supremo anuló en enero de 2022, de nuevo por discriminatoria.
Para acatar el fallo, el Gobierno incluyó la obligación de que todas las empresas del sector, comercializadoras, generadoras, la distribuidoras y la transportista REE, deberían financiar esta ayuda a los consumidores vulnerables a través del PVPC.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días