Las constructoras no cotizadas defienden el modelo abierto de contratación en la obra pública
Anci respalda la tesis de la CNMC que sostiene que el procedimiento de máxima competencia rebaja un 10% el coste para la Administración
Las 24 constructoras no cotizadas que conviven bajo el paraguas de la asociación Anci, liderada por Concha Santos, han trasladado esta mañana, en su asamblea anual, el mensaje de la necesidad de optimizar la eficiencia del gasto público y el retorno al ciudadano en la inversión pública, especialmente en tiempos de inflación alta.
Para Anci, en la que están representados los intereses de Aldesa, Azvi, Sando, Rover, Puentes, Sarrión, Lantania o Copasa, entre otras, el marco ideal de licitación pública es el abierto, en el que se fomenta la libre concurrencia y competencia entre empresas. La asociación hace suyos los argumentos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para sostener que “los contratos en los que se utiliza el procedimiento abierto suponen un coste para la Administración casi un 10% menor que cuando se utiliza un procedimiento no abierto”.
La Ley de Contratos del Sector Publico contempla figuras de selección más o menos abiertos a la concurrencia de contratistas. Mientras que el procedimiento abierto permite participar a todos los operadores del sector constructor, el abierto simplificado obliga a la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas; en el procedimiento restringido, y también en la licitación con negociación, es el órgano de contratación el que elige a los participantes previamente interesados, y el procedimiento negociado sin publicidad no precisa ni publicación previa, aunque solo puede utilizarse en circunstancias extraordinarias. Otras figuras con ciertas restricciones a la participación son el diálogo competitivo, el concurso de proyectos o la asociación para la innovación.
Años atrás, la reivindicación de las firmas no cotizadas era que se fragmentaran los grandes proyectos de infraestructuras en lotes accesibles para dar oportunidades a empresas de distinto tamaño. La Administración suele recurrir a modelos con derecho de admisión en aras de una mayor agilidad en la ejecución de proyectos.
Otra petición escuchada esta mañana han sido la de “una senda de inversión en obra pública planificada, estable, sostenible y adecuada a las necesidades de las personas y nuestro entorno en cada momento”. También se ha reivindicado que sea exprimido todo el potencial de los fondos europeos del programa Next Generation, para el que se pide una extensión en los plazos de ejecución de los proyectos; un mayor recurso a la inversión privada como complemento de la acción pública, previa reforma de la Ley de Desindexación; mayor peso de los proyectos de ingeniería para evitar desviaciones en la ejecución de las obras, o la licitación de contratos a precios actualizados de mano de obra y materiales.
El colectivo advierte de que los costes de construcción (sin mano de obra) han aumentado un 27% desde 2021, superando el incremento acumulado en los 16 años anteriores. Y no ve indicios de descenso. En cuanto al coste laboral, habla de un alza del 20% en los cuatro últimos ejercicios. En todo el sector se está produciendo una defensa unánime de la restauración de la revisión de precios prevista en la Ley de Contratos. Pero las empresas demandan que se incluya la mano de obra como coste actualizable en los presupuestos de ejecución de las obras, dado el entorno de creciente evolución de los costes laborales y de escasez de mano de obra.
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