La Eurocamara recula y da el visto bueno al reglamento europeo contra la morosidad empresarial
Las enmiendas aprobadas prevén elevar el plazo máximo de pagos de 30 a 60 días siempre que haya consenso entre las partes y se especifique en el contrato o bien que incluya un periodo de certificación de la factura
Los parlamentarios europeos que constituyen el Comité de Mercado Interno y de Protección al Consumidor han reculado y no han llevado a cabo la amenaza que deslizaron hace diez días de tumbar el reglamento que la Comisión Europea aprobó en septiembre de 2023 para acabar con la morosidad empresarial a través de la imposición de un plazo máximo de 30 días para liquidar las deudas y de la creación de un régimen sancionador para las empresas que no lo cumplieran.
Lo que sí han conseguido es establecer excepciones que han dejado satisfechos, por ahora, a los representantes de las pymes, las principales afectadas por la morosidad y el retraso de los plazos de pago de las deudas en Europa. Las enmiendas aprobadas por 33 votos a favor, 10 en contra y solo dos abstenciones, establecen que el período máximo de pago de las deudas entre empresas será de 30 días, aunque fijan dos grandes excepciones. La primera es que ese plazo máximo podrá verse ampliado a 60 días siempre que haya consenso entre comprador y vendedor. En esta primera excepción, esa prórroga se aplicará cuando sea necesario un periodo de certificación para la factura, como sucede en el caso de las obras de la construcción. “Es un ajuste razonable frente a la postura defendida por numerosas patronales empresariales de que las grandes impusieran plazos a las pequeñas, lo que hubiera supuesto un retroceso que perpetuaría los abusos de posición dominante”, recalca Antoni Cañete, presidente de Pimec y vicepresidente de SME United, la patronal europea de pequeñas y medianas empresas, que ha ejercido la defensa de las pymes en la negociación del reglamento. Cañete también preside la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que defiende los intereses de un millón de empresas que a su vez emplean a 4,5 millones de trabajadores.
El plazo puede llegar a 120 días para los productos de baja rotación, como juguetes, joyas, equipamiento deportivo o libros
La segunda excepción, y quizá la más importante por el número de bienes que se ven afectados, es la ampliación del plazo de pago de las deudas desde un máximo de 30 a otro de 120 días para los productos de baja rotación (el Parlamento Europeo identifica a juguetes, joyas, equipamiento deportivo o libros) a partir de la fecha de recepción de la factura.
La hoja de ruta del reglamento comunitario, tras superar su primera prueba de fuego en el Parlamento Europeo, pasa por una siguiente votación en el Plenario de la Eurocamara, que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de abril (la fecha no está aún definida). Si se aprueba en primera votación, el informe se convertirá en la posición oficial del Parlamento Europeo. Es probable que sea el último plenario, ya que posteriormente se disolverá para que se celebren las elecciones para este organismo, que tendrán lugar entre el 6 y el 9 de junio.
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