La UE obliga a Zalando a retirar las insignias de sostenibilidad de sus productos por “inducir a error a los consumidores”

El gigante alemán de la moda online se expone a posibles multas si no cumple con los compromisos acordados con la Comisión

El logo de Zalando fotografiado en su sede de Berlín (Alemania).HANNIBAL HANSCHKE (REUTERS)

Zalando, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de consumo han llegado a un acuerdo para eliminar, a partir del 15 de abril, los reclamos verdes engañosos que la empresa alemana de moda online muestra junto a los productos ofrecidos en su plataforma. En su lugar, Zalando proporcionará información clara sobre los beneficios medioambientales de los productos, como el porcentaje de materiales reciclados utilizados.

El acuerdo es fruto de un diálogo iniciado entre compañía y autoridades tras el inicio de una acción coordinada en abril de 2022. En ella participó la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), compuesta por las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes de protección del consumidor de la UE y liderada por Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia.

“Debemos impedir que los comerciantes puedan intentar beneficiarse de las buenas intenciones de los consumidores que quieren que su consumo sea más ecológico. Me alegro de que un líder del mercado como Zalando haya abandonado estas prácticas y haya decidido ofrecer información clara y específica a los consumidores”, ha dicho al respecto el comisario de Justicia, Didier Reynders.

De esta forma, Zalando se compromete a presentar un informe sobre la implementación de los compromisos, en base al cual, la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) evaluará cómo la empresa ha implementado los compromisos y, en caso de que sea necesario, hará cumplir el cumplimiento, por ejemplo, imponiendo multas o eliminando contenido.

Según las normas de la UE, las empresas deben proporcionar información veraz a los consumidores y deben abstenerse de engañarlos para influir en sus elecciones. Las normas de la UE sobre prácticas comerciales desleales permiten a las autoridades nacionales frenar una amplia gama de prácticas comerciales desleales.

Las autoridades nacionales son responsables de hacer cumplir las leyes de protección del consumidor de la UE. Gracias al Reglamento de cooperación en materia de protección de los consumidores, tienen un conjunto de herramientas común con fuertes poderes para detectar irregularidades y tomar medidas rápidas y coordinadas contra las empresas que no cumplan. Además, la nueva Directiva sobre una mejor aplicación y modernización de las normas de protección del consumidor de la Unión modificó los instrumentos existentes de derecho del consumidor de la UE al mejorar aún más la transparencia para los consumidores cuando compran en mercados en línea.

La Unión Europea también está en el proceso de endurecer su marco legal contra afirmaciones ambientales engañosas. En concreto, la Comisión ha hecho dos propuestas. En primer lugar, la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores en la transición verde, que fue adoptada por el Parlamento Europeo en enero y el Consejo en febrero. Las nuevas normas modifican la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre derechos del consumidor para garantizar que los consumidores reciban información adecuada sobre la durabilidad y reparabilidad de un producto antes de comprarlo.

En segundo lugar, la Comisión propuso una Directiva sobre la fundamentación de las afirmaciones ecológicas, que facilitará a los consumidores tomar decisiones de compra sostenibles y evitará que las empresas hagan afirmaciones engañosas sobre los méritos medioambientales de sus productos y servicios.

Las revisiones propuestas en la legislación de consumo de la UE se anunciaron en la Nueva Agenda del Consumidor y el Plan de Acción de Economía Circular. Las revisiones tienen como objetivo apoyar los cambios necesarios en el comportamiento del consumidor para lograr los objetivos climáticos y ambientales bajo el Pacto Verde Europeo, garantizando que los consumidores estén protegidos de prácticas comerciales que les impidan comprar de manera más sostenible.

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