Dimite la consejera delegada de NatWest tras el cierre de las cuentas de Nigel Farage

El antiguo líder del UKIP denunció que se habían cerrado sus cuentas debido a sus posiciones ideológicas, como admitía la entidad en un documento interno

Alison Rose, ex consejera delegada de NatWest durante una conferencia en Londres en 2019.SIMON DAWSON (REUTERS)

La consejera delegada del banco NatWest, denominación del antiguo Royal Bank of Scotland (RBS), Alison Rose, ha dimitido de su cargo después de haber admitido que habló con un periodista de la cadena BBC sobre el cierre de la cuenta de Nigel Farage, el antiguo líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), en el banco privado Coutts, filial de NatWest, lo que este vinculó a sus ideas políticas. “La junta directiva de NatWest Group ha anunciado que Alison Rose ha acordado de mutuo acuerdo renunciar como consejera delegada del Grupo con efecto inmediato”, ha informado la entidad en un comunicado.

La salida de la ejecutiva, que asumió las riendas de NatWest en 2019, se precipitó después de que Rose admitiese un “error de juicio” por haber aceptado hablar con un periodista de la BBC sobre la decisión de cerrar la cuenta bancaria de Nigel Farage en Coutts. El antiguo líder del UKIP había denunciado que el banco privado Coutts había cerrado sus cuentas en la entidad debido a sus posiciones ideológicas y sus opiniones sobre diversas cuestiones, en vez de por razones meramente financieras como se había expuesto inicialmente.

Tras acceder a la documentación del banco sobre su caso, salió a la luz que la entidad había considerado que mantener a Farage como cliente del banco no era consistente con la “posición de Coutts como una organización inclusiva”, dadas sus “opiniones declaradas públicamente” con referencias a comentarios sobre las mujeres trans, los manifestantes de Black Lives Matter o su amistad con el tenista Novak Djokovic, quien se opone a las vacunas contra la Covid.

Después del anuncio de la dimisión de Rose, Nigel Farage ha afirmado que “otros deben seguir” y ha expresado su confianza en que “esto sirva como advertencia a la industria bancaria”, así como la necesidad de salvaguardias tanto culturales como legales en un sistema que ha dejado fuera injustamente a miles de personas inocentes. Asimismo, el ministro del Tesoro y Servicios Financieros, Andrew Griffith, ha defendido que “es correcto que la consejera delegada de NatWest haya renunciado”, añadiendo que esto nunca habría sucedido si NatWest no hubiera cerrado una cuenta bancaria por las opiniones políticas legales de alguien. “Eso fue y será siempre inaceptable”, ha sentenciado. Se da la circunstancia de que el Gobierno británico tiene una participación del 38,6% en NatWest, del que prevé salir en 2025 o 2026.

NatWest, además, ha anunciado que, por un período inicial de 12 meses, y sujeto a la aprobación regulatoria, la junta ha designado de manera interina a Paul Thwaite, el actual consejero delegado del negocio Comercial e Institucional, para asumir las responsabilidades de liderar el Grupo NatWest y, a su debido tiempo, se llevará a cabo otro proceso para nombrar un sucesor permanente.

La semana pasada, el Tesoro del Reino Unido presentó una batería de medidas para evitar el cierre “injusto” de cuentas bancarias con el fin de reforzar las herramientas a disposición de los clientes que consideren necesario oponerse a la decisión de las entidades. “El Gobierno ha intervenido para abordar los temores de que los bancos estén cancelando cuentas porque no están de acuerdo con las opiniones políticas de alguien”, explicó el Tesoro, que obligará a las entidades a explicar y retrasar cualquier cierre de cuenta, protegiendo así la libertad de expresión.

De esta manera, los cambios aumentarán el periodo de notificación desde 30 a 90 días, lo que dará a los clientes más tiempo para impugnar una decisión a través del Servicio del Defensor del Pueblo Financiero o encontrar un banco de reemplazo. También se requerirá que los bancos expliquen por qué están rescindiendo una cuenta bancaria, lo que aumentará la transparencia para los clientes y ayudará en sus esfuerzos por anular las decisiones.

“La libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia y debe ser respetada por todas las instituciones”, defendió Andrew Griffith, para quien los bancos ocupan un lugar privilegiado en la sociedad, y es justo equilibrar los derechos de las entidades a actuar en su interés comercial, con el derecho de todos a expresarse libremente.

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