Webs de juego sin licencia intentan operar en España desde Curazao
27 empresas fueron multadas en 2022 con 113 millones por infracciones “muy graves” al carecer de permisos. La mayoría están radicadas en paraísos fiscales
Operadores de juego online radicados en paraísos fiscales intentan, y temporalmente consiguen, prestar sus servicios en España pese a carecer de licencia para ello. Solo en 2022, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo, identificó y sancionó a 27 empresas por infracciones “muy graves”, tipificadas en la Ley de regulación del juego de 2011. La mayoría por operar sin permiso, y con sanciones que, acumuladas, superaron los 113 millones de euros.
Desde mediados de 2021, la DGOJ publica los expedientes sancionadores, lo que permite comprobar qué empresas incumplen la ley española. De esas 27 que incurrieron en irregularidades “muy graves” en 2022, la gran mayoría, 18, tenían su origen en Curazao, según ha comprobado este periódico a través de registros empresariales. También aparecen, en menor medida, orígenes en Islas Vírgenes o Belice, y también en países del entorno europeo, como Bulgaria o Chipre. Solo una, Rank Digital, estaba radicada en España, aunque su sanción es la menor de todas ellas.
Curazao es una isla ubicada al sur del Caribe y, desde hace más de 10 años tiene estatus de país autónomo de los Países Bajos. Que operadores de juego que quieren entrar sin licencia en mercados regulados, como el español, elijan paraísos fiscales como este para instalarse no es casualidad. Como explica Albert Agustinoy, socio de propiedad intelectual, industrial y secretos de Cuatrecasas, y experto en regulación del juego, estos países permiten “obtener licencias para la explotación de este tipo de actividad sin mucho problema”, además de las obvias ventajas fiscales.
“Si a ello se le suma que concentran desde hace tiempo recursos y personal especializado en esta industria, se entiende que sean la base para la oferta internacional, e ilegal en la mayoría de países, de actividades de juego online”, explica.
En España, como en el resto de países europeos, los operadores de juego necesitan acceder a una licencia expedida por el Estado. Para ello, el aspirante debe reunir unos requisitos. “Primero, esperar a una convocatoria. Y la última en España fue en 2017″, explica Paula González de Castejón, socia de DLA Piper especializada en propiedad intelectual y derecho de la tecnología. “También deben cumplir unos requisitos técnicos, sometidos a certificación, para evitar conductas potencialmente corruptas: el acceso a menores, amaños o blanqueo de capitales”, añade la experta. Además, tienen que estar radicados en territorio de la UE, ser sociedades anónimas, y contar con capacidad de inversión para cumplir con las exigencias regulatorias. “Es importante que se vea que existe un control por parte del regulador para apoyar a los que sí cumplen con la norma”, dice Castejón.
Regatear la ley
Algo que las empresas situadas en Curazao intentan esquivar. Con una licencia obtenida en este paraíso fiscal, los operadores pueden ofrecer sus servicios a los jugadores ubicados en países donde no existe una regulación de licencias nacionales. Pero aún así intentan saltarse los controles donde sí la hay, que en el caso español realiza la Subdirección General de Inspección del Juego. Como explican las resoluciones sancionadoras, los técnicos detectan las webs que operan sin licencia, comprueban que un jugador con IP española puede registrarse sin mayor problema, y proceden a su cierre y sanción.
“En los orígenes de la industria del juego online, ante la falta de regulación en muchos países, las empresas solían servirse de estas jurisdicciones, que sí tenían un sistema de licencias, para ofrecer globalmente a través de dominios .com sus actividades de juego”, recuerda Albert Agustinoy.
Ese escenario ha dado paso a un modelo regulado país por país en las economías avanzadas. Aún así, dice el experto, “quedan operadores que prefieren un modelo global de oferta, sin obtener las licencias requeridas, dado que los efectos de los riesgos legales, como multas o bloqueo de dominios, suelen concentrarse dentro de los territorios de los países que adopten medidas legales”. Es decir, las sanciones dictadas en España solo afectan a la actividad en el país.
Pese a que la ley marca que las multas pueden llegar a 50 millones de euros por empresa, las más elevadas en 2022 fueron de 5,1 millones, y la mayoría, de 5. El cobro de las mismas es dudoso. “Las multas son ejecutables en España solamente, y estos operadores no van a contar en caso alguno con activos en territorio español. A primera vista, parecería que estas multas tendrían un efecto limitado”, dice Agustinoy.
Solo se les podría exigir si se instalasen en España. Pero además, las resoluciones sancionadoras también incluyen una inhabilitación de dos años para acceder a una licencia. “Las sanciones sí pueden ser muy importantes para grupos que deseen transitar hacia la regularización de sus actividades”, dice el socio de Cuatrecasas.
El juego online en España: una ley recién aprobada y otra en camino
Normas. El marco regulatorio bajo el que se rige el juego online en España ha sumado nuevas legislaciones en los últimos dos años. La medida estrella fue el real decreto de comunicaciones comerciales, prioridad para el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, y que restringe al máximo la publicidad que pueden hacer los operadores: horario de madrugada en televisión y radio y prohibición de patrocinios deportivos, entre otras medidas. En marzo de este año, el Consejo de Ministros dio luz verde al real decreto sobre entornos más seguros de juego, que obliga a los operadores a tomar medidas para prevenir conductas adictivas. Y en marcha está un decreto de modificación de la Ley de regulación del juego de 2011, que pretende unificar los límites de gasto que establecen los operadores a los jugadores.
Equilibrio. “No creo que el español sea un marco más complejo o difícil de cumplir que el de otros países”, dice Paula González de Castejón, socia de DLA Piper. Esta analiza las últimas medidas: “Lo que hay que alcanzar es un equilibrio razonable. El sector ha venido autorregulándose, ningún operador quiere tener problemas en cuanto a, por ejemplo, juego compulsivo. Esa autorregulación ahora se hace por real decreto. Para las grandes empresas no es un gran cambio. Para los pequeños sí puede serlo, porque implican costes e inversiones, por ejemplo, en desarrollos tecnológicos”, añade la experta.
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