El juez estudia si ordena la administración judicial de Gedesco tras la querella de JZI
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 abre una causa por estafa y pide al fiscal que informe sobre la medida cautelar solicitada por el fondo estadounidense
La querella presentada por la firma de capital privado JZ International contra Gedesco ha dado sus primeros pasos. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha acordado investigar los hechos denunciados por el fondo estadounidense contra los cinco miembros del consejo de administración de la empresa valenciana y ha iniciado el trámite para analizar si procede la administración judicial de dicha compañía de financiación de pymes mientras se investigan una presunta estafa y otros siete delitos.
Según un auto con fecha del pasado 19 de abril, que ha podido ser consultado por CincoDías, el magistrado ha admitido a trámite la querella de JZI, que tiene el 67,5% de las acciones de Gedesco, y ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia o no de aceptar la medida cautelar solicitada en la querella.
El escrito de JZI, presentado en los juzgados de Valencia el pasado 12 de abril, acusa a los fundadores de Gedesco, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, y a los exdirectivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, encargados de administrar la empresa valenciana, de haber desviado, al menos, 100 millones de euros de esta compañía hacia otras empresas en las que tendrían intereses personales. La querella se dirige también contra una quinta persona, José Luis Villafranca, miembro del actual consejo de administración de Gedesco, y contra las empresas -como personas jurídicas- Venalta Capital (de la que es dueño Aynat), Anthophila Capital (de García Escrivá) y Magina Inversiones (propiedad de los dos fundadores de Gedesco).
Traspaso de fondos y decisiones relevantes
Según explica el fondo de capital privado, los querellados no solo engañaron a JZ International por no dar información verídica sobre las operaciones que estaban llevando a cabo, sino que utilizaron la estructura de Gedesco para sus propios intereses. Así, y apoyándose en información pública del Registro Mercantil, JZI denuncia el traspaso de fondos de Gedesco a otras sociedades propiedad de los querellados, como Venalta.
En esta línea, JZI afirma que los actuales miembros del consejo de administración de Gedesco estarían tomando decisiones relevantes a través de este órgano, impidiendo que el fondo, como accionista mayoritario, pueda participar en el mismo. De hecho, para evitar que continúe esta práctica, el fondo ha solicitado en varias ocasiones la convocatoria de la Junta de Accionistas para poder cesarles, pero ésta nunca ha llegado a celebrarse, ya que ha sido suspendida hasta en siete ocasiones, según la querella. Este sería el contexto por el que se habría solicitado la medida cautelar.
Por todos estos hechos, la querella atribuye la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida, uso de secreto de la empresa, falsedad en documento mercantil, estafa, falsedad contable, impedimento del ejercicio de los derechos societarios e imposición de acuerdos abusivos.
Otros frentes judiciales
Con esta querella, JZI reforzó su estrategia penal contra los directivos de Gedesco, a los que acusa de estar intentando apropiarse de la compañía para su beneficio propio. Por hechos similares a los denunciados ante los juzgados valencianos, hay una causa abierta en los tribunales de Nueva York, donde se encuentran investigados los exdirectivos del fondo Miguel Rueda y Ole Groth por el presunto desvío de fondos hacia una tercera entidad, Stator Management, con la que tienen estrecha vinculación los dos querellados.
Entre las sociedades participadas por JZI que se habrían visto afectadas destacan Toro Finance y la propia Gedesco, desde las que en 2019 se habrían prestado 80 millones de euros a otras firmas o proyectos en los que Rueda y Groth tendrían intereses.
En respuesta, los fundadores de Gedesco abrieron hasta ocho frentes judiciales contra el fondo de inversión norteamericano. Dos de ellas, en los juzgados de instrucción de Madrid y Valencia dirigidas contra los socios fundadores de JZ International, David W. Zalaznick y Jay Jordan, por el supuesto fraude en la financiación de Ombuds, compañía española de seguridad privada que entró en concurso de acreedores en julio de 2019.
El juez de Madrid Adolfo Carretero, que dirige el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital, comenzó a investigar una de las querellas, pero sin recabar ninguna prueba decidió enviar la causa directamente a Valencia, donde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tenía ya diligencias de investigación en marcha como los interrogatorios a Zalaznick y Jordan, el pasado 25 de abril. Las declaraciones no se llegaron a practicar, ya que la titular del juzgado, Nieves Molina, acordó el archivo de la causa al no ver indicios de delito, según informaron fuentes jurídicas conocedoras de ambos procedimientos.
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