El Gobierno activa una tregua en su batalla con Ferrovial en favor de una imagen de seguridad jurídica
Asegura respeto al masivo voto de la junta a la deslocalización de la empresa hacia Países Bajos
El Gobierno ha pasado de la máxima presión sobre Ferrovial, hasta 24 horas antes de la celebración de la decisiva junta de accionistas en que fue aprobada ayer la deslocalización de la compañía a Países Bajos, a un perfil bajo, prácticamente neutro respecto a la histórica marcha de una empresa del Ibex35. “Respetamos la decisión que tomaron ayer los accionistas de Ferrovial, claro que sí. España es un país muy atractivo para la inversión y eso lo demuestran los más de 35.000 millones de inversión extranjera que vinieron a este país en 2022″, ha señalado este mediodía ante los medios el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “Me llama la atención que tengamos una derecha y un PP con un patriotismo un poco raro; se alegran cuando una empresa decide salir de España y rabian cuando vienen 140.000 millones europeos”, ha añadido.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, había incidido previamente, en una entrevista concedida a TVE, en que el Ejecutivo está actuando según su deber en una situación que ha calificado de “excepcional”. Gómez ha asegurado que se ofrece la “máxima protección a la ciudadanía y también al tejido empresarial”.
Impera la necesidad de aligerar el discurso y dar muestras de respeto a una decisión que parte del consejo de administración de una empresa privada y ha sido avalada muy mayoritariamente por los accionistas. El Ejecutivo evita, de este modo, entregar más munición a quienes hablan de intervencionismo o de falta de seguridad jurídica.
Aún resuenan las palabras del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ante partícipes que representaban más del 77% del accionariado, exigiendo respeto a la decisión de la junta y mostrando “confianza” en la seguridad jurídica española y europea. Durante su discurso, Del Pino evitó cobrarse cuentas tras seis semanas de alta tensión con el Gobierno por la histórica decisión de llevar la sede social Ámsterdam. Esta fue conocida en La Moncloa el 28 de febrero, al mismo tiempo que fue desvelada al mercado. Rafael del Pino se limitó a recordar ayer que en Europa impera el derecho a la libertad de establecimiento que incluye el Tratado de Funcionamiento de la UE.
El empresario está seguro de que el movimiento de activos a Países Bajos, donde ya tiene domiciliado el negocio internacional desde 2019, se realizará bajo el paraguas del régimen especial de neutralidad fiscal, por el que la firma de infraestructuras no tributaría por las plusvalías generadas. Al respecto, ya hubo esta semana una advertencia de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, asegurando que habrá una investigación de oficio y que Ferrovial tendrá que acarrear duras cargas si no queda demostrado un motivo económico válido para una reorganización societaria que implica la salida de España. Las plusvalías tributarían al 25% y la investigación podría llevarse entre uno y dos años.
Fernández, eso sí, remarcó que la Agencia trabajará con independencia, y el ministro Gómez ha garantizado que el Gobierno no tiene intención alguna de intervenir.
Conocido el visto bueno de los accionistas a la domiciliación de la matriz de Ferrovial en Ásmterdam, con un abrumador voto favorable del 93,3%, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos aseguraron ayer todo el respeto a la decisión de los dueños de la compañía, pero insistían en que el argumento de desplazar la matriz a Ámsterdam para cotizar desde allí en Estados Unidos no es válido. La Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz aún calificó de “inaceptable” el traslado.
Esta mañana los ministros han cambiado de discurso y donde se hablaba hasta ahora de la estrategia de Ferrovial, se pone en valor el acuerdo entre PSOE, ERC y EHA Bildu para sacar adelante la primera Ley de Vivienda de la democracia. Esta será votada próximamente en el congreso, consagrando un límite del 2% a la subida de alquileres en este 2023 y del 3% en 2024, para después crear un índice específico que sea el que delimite las actualizaciones de los contratos de alquiler.
El día después de la junta de Ferrovial y con el partido prácticamente ganado por el consejo de Administración, los palos llueven para el Gobierno desde distintos ámbitos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a ser crítico con la actitud del Ejecutivo en las últimas semanas respecto al proyecto de Ferrovial y ha considerado que la presión se convirtió en una “caza y captura del presidente o de la familia Del Pino”. El líder empresarial ha dado la bienvenida a la posición de respeto con el voto de la junta manifestada en las últimas horas. Desde su punto de vista “todo el revuelo que se ha montado debería haberse evitado; debería haberse hablado con la compañía de otra manera”, ha afirmado en declaraciones a TVE, en las que se ha quejado de un creciente intervencionismo en la economía española.
En el seno del PP ha sido su coordinador general, Elías Bendodo, quien ha hablado de “acoso inédito” contra Ferrovial y de “insulto sistemático” de los ministros a empresarios en lugar de ofrecer incentivos para que se queden en España. “Cuando uno siembra truenos, evidentemente recoge tempestades”, ha afirmado el dirigente popular en Antena 3.
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