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Comienza la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia con un 81% de seguimiento, según los convocantes

Las asociaciones convocantes (CNLAJ, UPSJ y AINLAJ) creen que tienen músculo para aguantar el pulso a Justicia

EFE

Este martes ha comenzado una huelga indefinida en los juzgados con el paro del 81% del total de 4.185 letrados de la Administración de Justicia (más conocidos como secretarios judiciales por su antigua denominación) que hay en España. Con estos primeros datos de seguimiento, las asociaciones convocantes (CNLAJ, UPSJ y AINLAJ) vuelven a "tender la mano" a la ministra Pilar Llop para intentar resolver el conflicto. El Ministerio de Justicia ha cifrado el seguimiento en un 39%.

El parón sin fecha límite puede paralizar miles de vistas y juicios y bloquear cuentas judiciales con un saldo medio de unos 4.500 millones de euros, cuya gestión corresponde exclusivamente a este cuerpo de funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia. Las asociaciones creen que tienen músculo para aguantar el pulso a Justicia, según trasladan a Cinco Días Legal desde el comité de huelga.

Este primer día de huelga hay convocada una manifestación que saldrá desde la Plaza de Callao de Madrid a partir de las 13 horas. Los servicios mínimos, calculan desde el comité de huelga, pueden llegar al cubrir el 40% de los llamados a cumplirlos. Además, señalan, el martes es un día habitual de cambio de guardia, pero se ha establecido que los letrados permanezcan en su puesto en calidad de servicio mínimo. Los letrados entienden que los mínimos fijados son excesivos y no descartan impugnarlos.

El conflicto viene de lejos. Los letrados vienen reivindicando una "adecuación salarial" que se corresponda con las funciones y responsabilidades que ha ido asumiendo el colectivo desde la creación del modelo de oficina judicial, aunque no esté implementado actualmente en todo el territorio. La cuerda se tensó cuando, en diciembre de 2021, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos para subir el salario a los funcionarios de justicia. Las asociaciones de letrados se opusieron al pacto porque no se les había convocado por separado para negociar el incremento del colectivo.

En cambio, el departamento dirigido por Pilar Llop consideró que el ministerio había cumplido con este trámite el mandato incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La subida supuso, tal y como se trasladó desde Justicia, un incremento salarial medio del 5,26%, al que se sumó un 2% del incremento salarial del sector público que se hizo efectivo en abril de 2022. "Hoy el salario de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), entre los niveles 26 y 28 oscilan entre los 37.697 y los 57.722 euros en los juzgados, sin considerar las retribuciones variables; y entre los 42.554,92 y los 58.979,72 euros, entre los niveles 26 y 28, en la oficina judicial. Por tanto, un LAJ cobra entre un 79% y un 140% más que cualquier otro funcionario en la Administración General del Estado en sus mismos niveles 26 y 28, y los letrados de la oficina judicial, entre un 89% y un 143% en sus mismos niveles 26 y 28", afirman desde el ministerio.

En 2022, según fuentes del Ministerio de Justicia, se han celebrado hasta 36 reuniones con las asociaciones de letrados para estudiar cambios en la regulación que permitiera mejorar situaciones concretas. Sin embargo, la negociación volvió a encallar cuando las asociaciones de letrados pidieron la inclusión en el reglamento retributivo de una "cláusula de enganche" con el sueldo de los jueces y fiscales.

El tira y afloja, con varias huelgas de por medio durante el año pasado (los letrados realizaron paros los pasados 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre), ha desembocado en una situación de conflicto total en la que el diálogo es inexistente, según miembros del comité de huelga. El viernes pasado, los letrados propusieron como mediador al recién nombrado decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón. El decano hizo un llamamiento a las partes en conflicto este lunes "para llegar a un entendimiento en aras del interés general".

El colegio ha señalado que se va a dirigir a la jueza decana de Madrid, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y al presidente de la Audiencia Nacional para solicitar que, en caso de suspensiones de juicios y vistas, "se comunique con antelación a las partes para evitar perjuicios a profesionales y ciudadanos".

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