El Tribunal Constitucional recibe nuevas demandas de amparo por los juicios tardíos
El abogado sevillano que consiguió el amparo para un ciudadano que tenía que esperar tres años para su juicio vuelve a la carga
Después de que el pasado 10 de octubre el Tribunal Constitucional amparase a un ciudadano al que habían fijado un juicio por despido para 2024, Daniel Sánchez, el abogado sevillano que presentó la demanda, vuelve a apelar al tribunal de garantías constitucionales para que se pronuncie una vez más sobre si estos plazos son compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva. En aquella ocasión, el fallo incluía el siguiente mensaje: "No cabe duda que el inicial señalamiento para los actos de conciliación y juicio el 25 de enero de 2024 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones. Incluso también lo vulnera el posterior adelanto al 20 de junio de 2023".
La situación no ha mejorado. El letrado ha presentado este martes, 13 de diciembre, otro escrito ante el Tribunal Constitucional en el que solicita el amparo por otro caso similar. Este nuevo capitulo en la cruzada contra la justicia tardía es el de otro trabajador despedido al que el Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla ha convocado a juicio para enero de 2024, una fecha en la que probablemente su ya antigua empresa no existirá pues está en plena liquidación. Sánchez denuncia la "quiebra del derecho a obtener una tutela judicial efectiva vinculada a la ausencia, en las resoluciones recurridas, de una motivación que cumpla con el canon externo de constitucionalidad exigido por el artículo 24.1 de la Constitución Española".
Pese a que, después de utilizar los recursos a su alcance, el abogado ha conseguido adelantar el juicio a junio de 2023, considera que esta fecha es injusta para su cliente, que "no tiene responsabilidad en los retrasos" derivados de la falta de medios de la Administración de Justicia y el atasco de los tribunales. En el escrito que ha presentado este martes, Daniel Sánchez tira de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la media de dilación en los tribunales para dejar en evidencia la situación de los juzgados sevillanos. "El señalamiento fijado inicialmente para el día 25 de enero de 2024 como el adelantado, finalmente, para el 20 de junio de 2023, se encuentran notablemente por encima de las dilaciones medias de referencia y, por tanto, carece de fundamentación. Por lo que vulneran los derechos fundamentales objeto del presente amparo", escribe.
No es el único abogado sevillano que ha presentado en los últimos meses una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por el perjuicio que sufren los ciudadanos debidos a esta situación. El pasado 18 de noviembre, el letrado Jaime Borrego hacía lo propio recurriendo ante el máxime intérprete de la Constitución Española la decisión de un juzgado de fijar el juicio para su cliente con un plazo de tres años y nueve meses. El letrado reconoce que este movimiento sirve "para dar visibilidad al problema de falta de medios que tiene la justicia desde hace muchos años". Se trata de dar un golpe sobre la mesa porque, aclara, la vía de acudir al amparo "no solucionará el problema de mi cliente".