Cuanto más pequeña es la pyme mejor paga
Más de la mitad de las microempresas paga durante los 12 días siguientes a la generación de la factura.
Las microempresas tardan menos en pagar que las grandes compañías. Más de la mitad de las microempresas paga durante los 12 días siguientes a la generación de la factura. Así se detalla en el 'Estudio sobre comportamiento de pago de las empresas españolas', publicado por Informa D&B en relación al tercer trimestre de este año.
De acuerdo con el informe, las pequeñas empresas tienen un retraso de hasta 12 días en los pagos, mientras que las pymes tienen un retraso en los pagos que comprende desde los 13 hasta los 15 días. Por el contrario, el 28% de las medianas empresas y el 13% de las grandes empresas acostumbra a pagar en función de los tiempos que hayan pactado.
Aún así, el informe pone de relieve que la mayoría de las empresas acumula un retraso de hasta 30 días para pagar. Un 66% de las medianas empresas y un 80% de las grandes empresas pagan con un mes de retraso, frente al 39% de las microempresas y el 50% de las pequeñas empresas.
Ley de Morosidad
Por sector empresarial, las compañías de comunicación suelen pagar en una media de 13 días, mientras que el comercio lo hace en 12 días y la industria, en 11 y las industrias extractivas, en 10 días. Por su parte, el pago de la Administración o de las empresas públicas suele ser mayor, de 17 días por encima de los 16 días del trimestre anterior.
En cuanto a las comunidades autónomas, se ha advertido un descenso en el periodo medio de pago en zonas como Melilla, donde ha bajado en 6 días o en Canarias, donde también ha descendido en 3 días. En el lado opuesto se sitúa Ceuta, que ya acumula retrasos de hasta 23 días, seguida por los 21 días de Melilla y por los 20, de Canarias.
Cabe recordar que con la aprobación de la ley Crea y Crece las empresas que no cumplan con los plazos de pago que se han establecido en la ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión. La ley establece un límite de 30 días para que la Administración haga los pagos y de 60 días para que lo hagan las empresas privadas.
